La nota dominante de mayor actualidad en la actividad agrícola, y no precisamente alentadora, concierne a la exorbitancia de los costos. Su magnitud hace imposible la producción en áreas que habían sido aprovechadas por años para los cultivos y en otras que, al encontrarse lejos de zonas portuarias, deben afrontar precios por transporte fuera de escala para las empresas agropecuarias.
En las tres presidencias del matrimonio Kirchner, ha sido creciente la hostilidad política hacia el campo, uno de los sectores que con más dignidad se han plantado ante la discrecionalidad y la insolencia del trato con las cuales el elenco oficial marcó un estilo en casi 12 años.
El kirchnerismo ha sido un movimiento de fractura en la sociedad argentina. Ha pretendido dividirlo todo, siguiendo los consejos trasnochados de ideólogos para quienes la conquista y preservación del poder justifica cualquier medio de acción y el lanzamiento, a troche y moche, de imputaciones inverosímiles contra quienes se le oponen, como si nadie debiera quedar fuera de un sucio espejo. Algo así como la política de Herodes, la figura bíblica que el papa Francisco acaba de caracterizar como ese hombre de poder que sólo puede ver en el otro a un rival.
Han caído los precios de las principales commodities agrícolas. Comparados con los valores al 30 de diciembre último, la soja para la venta en mayo próximo, mes decisivo de la presente campaña, ha descendido el 15%, en tanto que el maíz, en la posición abril de la nueva cosecha, lo ha hecho en más del 12%.
Con una inflación anual que orilla el 40%, según las estimaciones más verosímiles, que no son las del Indec, el peso se ha depreciado en términos oficiales, entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, sólo el 32%, aumentando el atraso cambiario y perjudicando nuestras exportaciones. En ese mismo período, un insumo vital como el gasoil se incrementó el 49%, mientras el valor de la tonelada de trigo descendió de 225 a 140 dólares.
En un documento reciente, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) denunció que la participación del Estado en la renta agrícola ha subido al 83,4% respecto del 81,7% correspondiente a la medición de septiembre último y del 73,6% de diciembre de 2013. Por participación del Estado se entiende la suma de los derechos de exportación (retenciones), los impuestos nacionales y provinciales, y los costos provocados por una intervención regulatoria que agrega, al peso muerto de su carga, la voracidad fiscal insaciable, pero en cierto sentido perversamente lógica de una política oficial dilapidadora de más y más recursos.
Es tanta la gravitación negativa para los productores de la intervención estatal, que aquéllos sólo obtienen, según el estudio de FADA, el 83% del precio teórico del maíz, y el 72% en el caso del trigo. El mercado registra los efectos de las restricciones impuestas para exportar. La diferencia entre el precio teórico en el mercado interno y el precio al que se comercializa históricamente siempre fue menor al 10%. En la actualidad, como la oferta y la demanda no juegan libremente, la diferencia es mucho mayor y explica los referidos porcentajes. Las consecuencias son inevitables: menor uso de tecnología, disminución de la sustentabilidad en los planteos agronómicos, caída de las exportaciones en relación con nuestro potencial e impacto negativo en el ingreso de divisas y en el nivel de empleo. Lo llamativo, como tantas veces se ha destacado, es que la mesa de los argentinos no recoja estos efectos y que el Estado tampoco saque partido económico alguno de este mecanismo.
No menos del 55% de las tierras bajo alguno de los regímenes de cultivo, y hasta más del 60% por acumulación productiva, se encuentran asociadas a alguna de las formas posibles de arrendamiento. Cuando esto se sabe, se entiende mejor lo que ha significado para la agricultura, en términos negativos, que haya habido un incremento de costos del 10%, como promedio, desde 2004 hasta la fecha, según estudios de investigadores especializados de los grupos CREA. Así, el capital de trabajo que alcanzaba entonces para atender la actividad de 500 hectáreas, hoy no pasa de responder a los requerimientos de 254 hectáreas.
Esto quiere decir que los productores dispuestos a mantener el mismo espacio de producción de hace diez años ahora tienen que aumentar considerablemente sus niveles de endeudamiento y de exposición a riesgos financieros. Medido el fenómeno de otra forma, pero para llegar a los mismos resultados, se puede consignar que si en la campaña 2004/05 los costos de administración y de tareas profesionales agronómicas eran de entre 35/40 dólares por hectárea, hoy orillan los 90 dólares. Cualquier contador aplicado a las actividades de empresas agropecuarias se halla en condiciones de testimoniar sobre las magnitudes, en pérdida de tiempo y de dinero, que supone la atención de una burocracia fiscal que no ha hecho más que aportar otro capítulo kafkiano al libro de las malas prácticas y perversidades de la desorientación oficial.
En el mismo período de 2004/05 trabajar bajo arrendamiento en la zona núcleo una hectárea costaba, como promedio, casi 500 dolares, incluidos los costos directos. En la actualidad, esa suma es de 900 dólares.
Los argentinos tienen una deuda inmensa con el campo. Es hora de que se interesen y ocupen un poco más por su suerte y por la situación de quienes han hecho, a puro pulmón, la proeza de colocar al país en la condición de modelo internacional sobre cómo trabajar la tierra y cómo construir una maquinaria agrícola cuya calidad excepcional es reconocida por productores de todas partes.
