En un intento de control sobre la cadena de granos, bastante menguado desde la disolución de la ex ONCCA en 2011, el Ministerio de Agricultura informó que a partir de ayer solo podrán operar en el mercado aquellos operadores que cuenten con matricula vigente en el RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria).
La obligatoriedad de inscribir las empresas en ese registro corre para todo tipo de operadores que demanden granos: molinos, acopiadores, consignatarios, exportadores, quienes compren grano para consumo propio, fábricas de biocombustibles son solo algunas de las categorías alcanzadas por una resolución de 2012, que definió los alcances del RUCA. Los productores quedan exentos.
“La Dirección de Fiscalización sugiere comenzar el trámite de renovación de matrícula con 60 días de antelación, para evitar que la misma sea dada de baja”, indicó un comunicado oficial que dio cuenta de la obligatoriedad de inscribirse ante el Ministerio.
En el RUCA, además, deben estar inscriptos los operadores vinculados al negocio de la carne vacuna y los lácteos, sectores que también eran controlados por la ex ONCCA hasta que la presidente Cristina Kirchner dispuso su disolución en febrero de 2011, para acallar así los ecos de una investigación por el desvío de fondos públicos que salpicaba a funcionarios de su riñón.
La vigencia del Registro es un intento oficial por recomponer los controles sobre esas cadenas. Pero el tamiz para evitar la presencia de operadores truchos no siempre se aplica de buen modo. Clarín contó días atrás el caso de una firma llamada Josema Group SA, una dudosa exportadora de granos que tenía matrícula y hasta recibió permisos (ROE) por parte de la Secretaría de Comercio Interior, a pesar de que todos sus domicilios eran falsos y estaba integrada por claros prestanombres. Luego de la revelación periodística, el RUCA la dio de baja del registro, pero sin brindar las aclaraciones pertinentes.
