Luego de sus críticas por la falta de información sobre la ejecución presupuestaria de un fondo nacional de emergencia agropecuaria de $ 500 millones, las entidades del campo lograron que el funcionario que maneja ese dinero, un aliado de Axel Kicillof en el Ministerio de Agricultura, publicara en la página de Internet de su área un detalle sobre el monto gastado.
Del informe, que contiene datos al 30 de junio pasado, se desprende que el fondo se encuentra hasta ese momento subejecutado. Se utilizaron $ 145,25 millones de los 500 millones que dispuso la ley 26.509, sancionada en 2009 para atender situaciones de emergencia o desastre agropecuario, como inundaciones y sequías. En términos porcentuales, se empleó un 29,05% del monto total asignado, cuando debería estar cerca del 50 por ciento.
El 10 de este mes, LA NACION reveló que las entidades del sector hicieron constar en actas de reuniones de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Cneyda) un planteo para que se conociera la ejecución presupuestaria del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Foneda). Se trata de un área del Ministerio de Agricultura que controla Javier Rodríguez, secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria. Rodríguez llegó al cargo por una decisión de Kicillof.
Después de que trascendieran las quejas de las entidades del agro, el viernes pasado en la página de Internet de esa dependencia se dio a conocer el informe. Tiene seis carillas y hace un punteo de los convenios firmados para atender las situaciones de emergencia de la primera parte del año.
Señala que, entre otros puntos, se hicieron acciones como cursos, talleres de capacitación y asistencia técnica, además de obras de acceso al agua y mejoras de caminos rurales.
ACTUALIZACIÓN
Como la información está disponible sólo hasta el 30 de junio pasado, en las entidades del agro piden que se actualice. Y destacan que no están claros los criterios con los cuales se distribuye el dinero.
"Otra de las cuestiones que deben modificarse es el acceso a la información pública y, en particular, en el agro. Es el caso del fondo de emergencia. Tuvimos que solicitar reiteradamente esta información para acceder a la misma, cuando debería ser sencillo. La información debe estar actualizada. Sin embargo, hasta el momento sólo es hasta fines de junio de 2014 y ya estamos llegando a 2015", expresó Juan Rey Kelly, economista de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). "No está claro con qué criterios se distribuye el fondo", agregó.
En total, fueron 12 las provincias que recibieron dinero del fondo de emergencia agropecuaria. Entre las más beneficiadas estuvieron las provincias que muestran un mayor alineamiento con el gobierno nacional.
En la lista, Buenos Aires, Jujuy y Mendoza encabezaron los montos, con cifras similares entre ellas. Para Buenos Aires fueron $ 21,3 millones. Se destinaron a productores frutihortícolas del Gran La Plata y el conurbano afectados por fuertes vientos y lluvias y a mitigar las consecuencias de los incendios de principios de año en el sudoeste bonaerense.
A Jujuy se destinaron $ 20 millones para mitigar el efecto que tuvieron heladas y sequías sobre productores de caña de azúcar.
En el caso de Mendoza, la ayuda también fue de $ 20 millones y tuvo como destinatarios a productores que sufrieron heladas en plantaciones de durazno, cerezo y damasco, entre otras producciones.
En Santiago del Estero, se gastaron 16,2 millones de pesos para productores familiares que afrontaron sequías y heladas.
En tanto, a San Juan se enviaron 15 millones por los daños por heladas en vid, olivos y frutales.
DISCRIMINACIÓN
En el caso de Córdoba, gobernada por José Manuel de la Sota, enfrentado al gobierno nacional, se destinaron $ 10 millones para reparación de caminos rurales a través de un convenio con un ente intermunicipal de 44 municipios, presidido por el kirchnerista Eduardo Accastello, de Villa María.
A Santa Fe, donde gobierna el socialismo, le correspondieron $ 3 millones por un acuerdo para ayudar a productores afectados por sequía y para obras de un acueducto en el norte provincial.
Por otra parte, ante las intensas lluvias que se registraron en marzo en la provincia de Corrientes, cuya administración está en manos del radicalismo, se decidió usar 750.000 pesos para pequeños productores familiares del norte provincial.