Cristina da esa impresión cuando la cadena nacional monta el Hola Cristina y somete al papelón a gobernadores, intendentes y extras “espontáneos” que luego se descubren como militantes rentados: están ahí; micrófono en mano, ella sonríe y le da paso en un remedo de Susana y el teléfono. El 2 de diciembre dedicó más de diez tuits a comentar una denuncia del propio gobierno, como si no formara parte de este: “Mirá las inversiones en salud que representa la evasión de un solo período fiscal de las 4.040 cuentas de un solo banco, el HCBC, a Suiza”, escribió. Tutea al televidente, es coloquial y recuerda vagamente al remate de un programa televisivo de los domingos a la noche. La denuncia del Gobierno sobre las 4.040 empresas fue, en verdad, una cortina de humo que permitiera tapar un cargo contrario: los papeles irregulares de Hotesur, la empresa hotelera trucha de la familia Kirchner, que –según encuestas que se conocerán en estos días– caló en la opinión pública mucho más hondo de lo que el Gobierno esperaba.
Excusada la jueza Straccia, la causa de las 4.040 empresas quedó radicada en el juzgado número 1 del juez López Biscayart: 3.500 kilos de documentación que literalmente no entran en el espacio físico del tribunal. Las leyes de la física motivaron que la AFIP especulara con recusar al juez, lo que crearía un problema adicional: el 90% de las causas que atiende pertenecen a Echegaray. Si la Cámara accede, Biscayart debe renunciar o someterse a un juicio político. Ayer, sin embargo, la Cámara rechazó la recusación de Straccia, por lo que la causa sigue en su juzgado. “La AFIP nos quiere tapar de papeles para frenar nuestro trabajo en otra causa que preocupa al Gobierno, la de Báez por evasión en Austral Construcciones. Nos quiere volver inoperantes”, dicen en voz baja en los pasillos del juzgado de Biscayart. Si no hay evasión, lo más probable es que Bonadio pida la causa de Biscayart y siga la investigación bajo el presunto delito de lavado de dinero.
Las 4.040 causas por evasión son más que las que el juzgado recibió en los pasados once años: anualmente se tramitan unas trescientas causas. Por cada una de las cuentas que se denuncian en Suiza debe iniciarse un expediente y una investigación, para lo cual el juzgado necesitaría que se le cuadruplique el personal y los recursos económicos para investigar. Para que exista el delito de evasión no basta con tener una cuenta no declarada en el extranjero sino que el impuesto evadido por el monto depositado debe superar los 400 mil pesos.
El pasado jueves, Bonadio, el juez que investiga a Boudou y a la Presidente, le pidió vista del expediente contra Lázaro Báez a su par Biscayart. Ahora tendrá 72 horas para estudiar el cuerpo principal de la causa y ver cómo seguir. En la causa del contraataque, hay quienes intentan averiguar, sin éxito, si la AFIP hizo las más de 4.000 solicitudes a Suiza. De no haberlas hecho parecería actuar adrede para que la maniobra de denuncia no alcanzara su objetivo y cayera por falta de prueba madre; y si las hizo pero exceptuó el pedido por las cuentas del clan Báez, según datos aportados por la fiscalía suiza al juez Tortuga Casanello en su exhorto del 26 de marzo de 2014, habría un doble standard.
Esto es un farol, le dicen a Clarín fuentes de la Justicia suiza, para que cunda el pánico entre los evasores y se impulsen a autodenunciarse y buscar una solución con la propia AFIP pagando una multa y repatriando los fondos. Antes de dar su espectacular conferencia de prensa, la AFIP debió pedir verificar las cuentas a su homóloga suiza, y no hay ninguna prueba de que lo haya hecho.
La denuncia por Hotesur formulada en Periodismo para Todos y formalizada al día siguiente por Margarita Stolbizer pegó mucho más fuerte de lo que se pensaba en el ánimo presidencial. Era la primera vez que su nombre y el de sus hijos, Máximo y Florencia, aparecían vinculados a una irregularidad administrativa, una dirección falsa y la presunción de lavado de dinero en maniobras con Lázaro Báez.
De hecho revitalizó la sanción del proyecto de elección de los legisladores del Mercosur para el Parlasur, con el fin de postular a la Presidente para otorgarle inmunidad. La iniciativa está siendo apurada en el Congreso por el oficialismo, que hasta convocaría a una sesión especial para tratar de aprobar el proyecto antes de fin de año. En paralelo, la Comisión de Acuerdos del Senado trató esta semana dos polémicos pliegos de ascenso enviados por el Gobierno: la fiscal de Formosa Elena Marisa Vázquez, y su colega de Tucumán Pablo Camuña. La fiscal Vázquez, con los mismos elementos con los que después el juez Ariel Lijo procesó y llamó a indagatoria a Amado Boudou, ordenó archivar la causa. Vázquez intervino en Formosa en la causa que se originó contra el titular de The Old Fund, Alejandro Vandenbruele por el cobro de 7,6 millones de pesos por el asesoramiento en el canje de la deuda provincial.
El martes la Comisión de Acuerdos, y pese al rechazo de la oposición, aprobó el pliego. El próximo miércoles Vázquez será ascendida a fiscal ante los juzgados federales de primera instancia. Pablo Camuña es el fiscal de Tucumán que decidió el archivo de la causa que investiga al titular del Ejército César Milani por la desaparición del soldado Ledo en 1976. Camuña milita en La Cámpora y en Justicia Legítima, y sostuvo que “la sola comisión a Tucumán, a la zona de operaciones o al Operativo Independencia entre los años 1975 y 1983 no constituye un delito ni implica necesariamente la participación criminal en su comisión”. Camuña fue nombrado por la fiscal Gils Carbó a cargo de la coordinación en la investigación de las violaciones a los derechos humanos en Tucumán. Será ascendido a fiscal federal. Edgardo Adolfo Bertini, como Camuña, intervino en la causa contra Milani en Tucumán y fue impugnado por los familiares del desaparecido Ledo. Pese a su mal desempeño en esta causa fue propuesto por el Poder Ejecutivo como Defensor Oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Tucumán.
El desembarco en fiscalías se completó en estas horas con el nombramiento de Sergio Alejandro Rodríguez, un abogado penalista que trabajaba para la ANSeS y que asumió en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, vacante desde marzo de 2009 cuando renunció el hoy diputado nacional Manuel Garrido, quien había acusado al entonces procurador general Esteban Righi de recortar sus funciones.
En medio de su pelea con los jueces, el Gobierno aprobó esta semana, y sin consenso, el Código Procesal Penal que otorga más poder a los fiscales que responden a Gils Carbó. Por el nuevo Código se pasa del modelo inquisitivo al acusatorio, y los fiscales son quienes quedan en definitiva a cargo de la investigación. Se crean 17 fiscalías que surgirán de la votación del Senado a propuesta del Gobierno, 20 defensorías oficiales, y se dispone el nombramiento de 1.713 empleados.
La batalla está planteada: el jueves el juez en lo penal económico Alejandro Catania convocó a una reunión en su despacho de los jueces penales económicos y penales tributarios paran analizar los próximos rounds. “No es una corporación pero mostramos solidaridad entre nosotros y preocupación por lo que viene pasando”, contó uno de los magistrados que participó de la reunión que, aclaró, fue “privada, pero no secreta”.
