Varios candidatos y dirigentes han virado su atención en las últimas semanas hacia César Milani. Estarían temiendo que la campaña electoral pueda tener sorpresas, alteraciones y un baño de juego sucio. ¿Qué tendría que ver con eso el jefe del Ejército? El general, por decisión de Cristina Fernández, maneja desde hace años la inteligencia interior prohibida expresamente por la ley. Empezó a acumular atribuciones desde el 2010, cuando era subjefe de la fuerza a cargo de la DIE (Dirección de Inteligencia del Ejército). Habría consolidado el espionaje político a partir de un episodio que desencantó a la Presidenta: la decisión de Sergio Massa de fracturar al kirchnerismo en las legislativas del año pasado. Fue el anticipo de la derrota. Esa notificación llegó tarde a la Casa Rosada. Carlos Zannini confió siempre en las noticias que, en sentido opuesto, le había acercado la Secretaría de Inteligencia (SI), la ex SIDE.

Cristina, desde entonces, le hizo una cruz definitiva a ese organismo convertido ahora en peligroso pandemonio. Milani se encargó de ocupar el vacío que fue generosamente recompensado desde las arcas del Estado. Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, sobre todo el del Ejército, tuvieron desde 2010 un incremento presupuestario superior al 150%. Los dineros para la SI treparon en igual lapso sólo un 35%. En esa disparidad habría otra explicación. La SI tomó rápida distancia del pacto fracasado del Gobierno con Irán, para esclarecer el atentado en la AMIA. La responsabilidad de Teherán, que el fiscal Alberto Nissman explayó en una investigación especial pedida en su época por Néstor Kirchner, había sido rastreada por la SI.

Una diputada con acceso a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia –inactiva desde el 2009– alertó en las últimas horas a Massa sobre la posibilidad de algún disturbio que afecte su figura y enturbie la campaña. El líder del Frente Renovador carga con dos antecedentes: los balazos contra su camioneta y el robo en su domicilio de Tigre, ambos durante el 2013. Por este último caso, permanece detenido el prefecto Alcides Díaz Gorgonio. La causa acaba de ser elevada a juicio oral, todavía sin fecha. Díaz Gorgonio trabajaba como enlace con algunas dependencias de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Sergio Berni. El único dato saliente de la investigación, hasta ahora, consistiría en una llamada telefónica que el prefecto habría mantenido con el senador Aníbal Fernández, horas antes de cometer el robo. No significaría como prueba, aún, nada decisivo.

Los sensores del massismo se intensificaron después de algunas declaraciones surgidas en el poder. Axel Kicillof advirtió sobre la posibilidad de problemas a fin de año. El diputado Eduardo De Pedro, de La Cámpora, e interlocutor frecuente de Cristina, acusó al massismo de querer articular conflictos para las Fiestas. Gabriel Mariotto, el vice de Buenos Aires, dijo que el diputado del Frente Renovador lanzaría una campaña sucia contra Daniel Scioli. No todo sería lo mismo: Kicillof y De Pedro tienen un vínculo estrecho y común; Mariotto es un funcionario a la deriva. Pero la línea política de todos ellos sería convergente con Milani.

Massa no aparecería en esta alcantarilla política como el único perjudicado. ¿Acaso el tercer incendio intencional en un hipermercado propiedad del diputado radical santacruceño Eduardo Costa podría estar ligado a lo mismo? Su esposa y dirigente de la Coalición, Mariana Zuvic, no le apuntó a Milani sino a Máximo Kirchner. El hijo de la Presidenta tiene vínculo con el general.

El senador Gerardo Morales también insiste que sufre persecuciones. En Jujuy, su provincia, y fuera de ella. El radical fue uno de los primeros en denunciar al jefe del Ejército por presunto espionaje contra políticos, periodistas y empresarios. Eso derivó en un allanamiento tardío y formal en el edificio Libertador. Una nómina de supuestos espiados incluiría a otros dirigentes y candidatos radicales y envolvería hasta a Elisa Carrió.

La diputada suele machacar dos cosas contra Milani. Las presiones para que no avancen las causas que tiene abiertas en la Capital por enriquecimiento ilícito y en Tucumán y La Rioja por supuestas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En esa cobertura mucho tendría que ver la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Otro diputado radical, el riojano Julio Martínez, habría aportado una mirada sugestiva. Según él, el espionaje de Milani no estaría sólo dirigido a los opositores. “También siguen a muchos peronistas para saber si los pueden traicionar”. Sería una de las lecciones que habría dejado aquella ruptura de Massa. ¿Sería ese también el miedo a la supuesta campaña sucia que ventiló el sciolismo? Quizás, pero los enojos iniciales apuntaron contra el líder del Frente Renovador.

Fundamentos no habría. Scioli explotó por la difusión de sus imágenes en un partido de futsal que su equipo, “La Ñata”, disputó el lunes en Pilar. Una buena parte de Buenos Aires, su provincia, estaba entonces bajo el agua por la lluvia implacable de varios días. Esa exposición resultó inoportuna para un hombre que suele estar atento a las desgracias sociales. Pero aquellas imágenes, por simple antojo o intencionalidad, habrían sido subidas a las redes por la llamada “Banda del Colo”. Un grupo de jóvenes socios del club donde se disputó el partido que respondería al senador del PRO, Diego Santilli.

Scioli admitió en la intimidad aquel error. Su primera ofuscación y el embate contra el massismo respondería al imprevisto que turbó la paciente construcción de su candidatura para el 2015. El gobernador no sólo ha tendido un cerco sobre el pejotismo, cuando no pocos auguraban nuevas fugas luego de la derrota del año pasado. De a poco, además, parece haber ganado la confianza de algunos sectores ultrakirchneristas. Se muestra con recurrencia junto a dirigentes de La Cámpora. Aunque nada, en ese enrevesado mundo, asoma definitivo.

Ahora estaría bregando para acotar la presentación de postulantes en las primarias del FPV. Pretendería emerger como el candidato más votado de todas las fuerzas. Nunca por debajo del 25% o 30%. Entre agosto y octubre ensayaría la química de unir esas adhesiones con votos independientes. El objetivo de máxima, muy complejo, sería eludir el factible balotaje.

Esas chances de Scioli dependerán mucho también de lo que haga Cristina. De cómo evolucione su Gobierno, siempre tendiente a la radicalización, y de su predilección política cuando la grilla de candidatos esté definida. Ninguna tormenta le vendría bien al gobernador de Buenos Aires. Tampoco el enrarecimiento del clima electoral. Le costaría despegarse si las sospechas recayeran sobre Milani.

El kichnerismo siempre acostumbra a hablar mucho para defenestrar a la oposición. Aunque calla en otras situaciones delicadas. El juez federal Santiago Martínez procesó al director del portal La Brújula 24 porque el periodista –Germán Sasso– se negó a revelar las fuentes mediante las cuales accedió a las escuchas que vincularían a un presunto narcotraficante con el valijero del empresario K Lázaro Báez, Leonardo Fariña. La preservación de las fuentes es un principio y un derecho básico del periodismo. Transgrede además una norma constitucional. Ninguna de esas cosas le importan mucho al Gobierno.

Débora Giorgi, la ministra de Industria, reveló que Cristina, desde su convalecencia, tiene bien corto a los ministros con mensajes de texto. Nadie conoce cuánto hay de verdad en esa afirmación porque la Presidenta sufrió una afección más importante (una infección severa de divertículos) de la que comunicó la información pública. Sucedería que la salida presidencial de la escena haría más notoria la orfandad política del elenco que la acompaña. Los asuntos que siguen su marcha lo hacen con la inercia que tenían antes de la enfermedad.

La mayoría refieren al pleito con los fondos buitre, a la pelea con el periodismo que no le responde y a la estrategia defensiva en la Justicia para resguardar la retirada K en el 2015 y bloquear las denuncias e investigaciones sobre corrupción. Gils Carbó mantiene el disciplinamiento y la designación de nuevos fiscales. Aguarda para consumar su tarea la aprobación del Código Procesal Penal. Tampoco quedó en el olvido la situación de la Corte Suprema, que a partir de enero quedará conformada sólo con cuatro miembros por la renuncia antedatada de Raúl Zaffaroni.

Cristina pretende llenar esa vacante y no dejarla, como propone la oposición, para el Gobierno venidero. ¿Será sólo esa vacante o la ampliación de miembros del máximo Tribunal? Tampoco estaría en la voluntad presidencial buscar algún candidato de pleno consenso. Si lo hubiera, debería tener semblante kirchnerista. Por esa razón, a lo mejor, empezó a circular el nombre del jurista Roberto Carlés, que coordinó la comisión de la reforma del Código Procesal Penal. Es secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y posee fuertes lazos con la Iglesia.

Aunque ese objetivo de Cristina parecería remoto en un momento en que la oposición –a la cual necesita en el Senado– estaría amenazada por espías y basurales políticos.