Es el presente continuo, cuando desaparece el porvenir. Prevalece la impresión de un progreso fugaz mientras se olvidan las necesidades más profundas de la sociedad. Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires dejaron a miles de personas sin las cosas acumuladas a lo largo de una vida. Las obras públicas que hubieran evitado esa catástrofe no se hicieron nunca. Casi contemporáneamente se conoció un informe de la Auditoría General de la Nación sobre el derroche del dinero público en Aerolíneas Argentinas. Todo eso ocurrió en la década más generosa en condiciones internacionales que vivió la Argentina desde la última posguerra mundial.

El gasto público está en el porcentaje inédito del 48 por ciento del PBI. La presión tributaria que sufre la sociedad argentina, si se acumulan todos los impuestos, los directos y los indirectos, supera el 45 por ciento de los ingresos. Sin embargo, el Estado se convirtió en una oficina de construcción política. La masa de empleados públicos, nacionales y provinciales, sumaba en 2003 a unas 2.300.000 personas. Ahora esa cifra ascendió a 4.000.000. Casi el doble de empleados para un Estado que puede poco y nada. Es cierto que de esa manera se escondió una parte del desempleo, pero también es verdad que benefició a los desempleados kirchneristas.

El gasto público está en el porcentaje inédito del 48 por ciento del PBI

La polémica entre Daniel Scioli y Sergio Massa por la culpa de las inundaciones fue vana y superficial. Si existiera una incidencia de los barrios cerrados en el fenómeno de las inundaciones, la responsabilidad recaería tanto en los intendentes como en el gobierno provincial. Los primeros conocen de cerca el supuesto problema y el segundo debería, asesorado por los primeros, confeccionar una ley reglamentaria para la construcción de esos barrios. Pero el problema más importante no está ahí: reside en la falta de obras para evitar que las aguas arrastren vidas y enseres. ¿Quién se olvidó de los frecuentes torrentes de agua y sus consecuencias?

El presupuesto de la provincia de Buenos Aires tiene asignado sólo un 2 por ciento para obras públicas. Ese porcentaje no le alcanza ni para el mantenimiento de lo que ya está, mucho menos para iniciar algo nuevo. El objetivo casi excluyente del gobierno bonaerense es pagar los sueldos al día. Punto. La provincia de Buenos Aires recibía en 2001 unos 700 millones de pesos/dólares por el Fondo de Compensación del Conurbano, que intentaba reparar la migración a Buenos Aires de millones de oriundos de otras provincias. La pesificación congeló esa cifra en pesos, que ahora no significa nada.

Si se sumaran las correspondientes indexaciones, la inflación y las devaluaciones, la provincia debería recibir ahora entre 25.000 y 30.000 millones de pesos adicionales. Ese dinero se lo guarda Cristina Kirchner para repartir, de acuerdo con los humores del día, entre los otros gobernadores. Pero de eso no habla ningún dirigente bonaerense, ni oficialista ni opositor. Se llegó al extremo de que la Presidenta, en un ataque de devastador antisciolismo, le negara al gobernador el apoyo para pagar un medio aguinaldo. Sucedió hace dos años y a Scioli todavía lo atormenta el recuerdo.

El presupuesto de la provincia de Buenos Aires tiene asignado sólo un 2 por ciento para obras públicas. Ese porcentaje no le alcanza ni para el mantenimiento de lo que ya está

Tampoco el Gobierno se ha hecho cargo de las obras públicas en Buenos Aires, que por su envergadura necesita más del presupuesto nacional que del provincial. Miles de millones de dólares ingresaron al Estado durante la era kirchnerista por los altos precios de las materias primas. No queda nada. Los recursos del presupuesto nacional se fueron en salarios, jubilaciones y subsidios al consumo.

Las obras para evitar las inundaciones son ingratas para los políticos. Ni siquiera las pueden inaugurar en actos electoralistas. No se ven. Se trata de trabajos subterráneos que nadie advierte hasta el día en que una tormenta arrasa hasta con las ilusiones. Pasó lo contrario en la Capital, donde Mauricio Macri pudo pavonearse porque no hubo calles ni barrios inundados. Muchas obras invisibles evitaron las viejas imágenes de una ciudad anegada por los cuatro costados. El oficialismo buscó comprometer a Macri con las inundaciones y sus medios periodísticos llegaron al ridículo. Denunciaron que también había evacuados en la Capital: los patos del lago de Palermo.

Veamos la otra cara del populismo. Aerolíneas Argentinas se llevó del Estado 4000 millones de dólares desde su estatización, según el informe de la Auditoría. El Gobierno entró en días de furia por ese informe, que se elaboró sólo con los datos que provee la propia empresa. La única información propia de la Auditoría es el cotejo que hizo con los números de otras aerolíneas. Eso no se hace, dijo el Gobierno. ¿Cómo que no? La Auditoría cotejó con las mismas aerolíneas que Mariano Recalde señaló como comparables con Aerolíneas Argentinas.

Esas otras empresas, privadas o con participación estatal, que pertenecen casi todas a países emergentes, tienen un gasto del 92 o 93 por ciento de sus ingresos. Cuentan con un margen de ganancias, a veces muy pequeño. Aerolíneas Argentinas tiene un gasto del 160 por ciento superior a sus ingresos. ¿Pierde, acaso, en los destinos de cabotaje que no son rentables? No. La mayor pérdida de la aerolínea de bandera está en los vuelos internacionales, no en los de cabotaje. La conducción de Recalde abrió muchas sucursales en Europa con el consiguiente nombramiento de personal. La empresa invierte más en personal que en servicios.

Más de 1000 empleados se incorporaron en un año. Se habló mucho de la inexplicable cantidad de pilotos en la aerolínea local. Unos 33 pilotos por cada avión en Aerolíneas Argentinas, cuando el promedio mundial es de entre 12 y 13. El problema está en el pésimo manejo de la compañía. La empresa nacional modificó su flota de aviones y no previó que debía preparar a sus pilotos para el cambio. Prefirió nombrar a nuevos pilotos, que se sumaron a los que ya estaban. En una huelga de empleados de Aerolíneas Argentinas, el propio Recalde reconoció que esa empresa es "la aerolínea que más empleados tiene en el mundo". Recalde no necesita un informe crítico de la Auditoría; él mismo se autoinculpa.

La empresa nacional modificó su flota de aviones y no previó que debía preparar a sus pilotos para el cambio

La inversión bruta en la Argentina, acumuladas la privada y la pública, es de un magro 19 por ciento del PBI. La inversión en China alcanza el 47 por ciento de su PBI. ¿China es un ejemplo deformado? Veamos entonces otro ejemplo: Ecuador alcanzó el 29 por ciento de inversión. La escasa inversión en la Argentina está espoleada por muchas razones: la estigmatización de la empresa privada, el cepo al dólar y la inexistencia de reglas de juego previsibles, entre otras.

También influye la intervención del Gobierno en las tarifas de servicios públicos. El verano inminente traerá cortes de luz porque será caluroso y lluvioso y porque tampoco hubo la inversión necesaria en infraestructura. La política se ha puesto a discutir el triple play, pero no hay telefónica en la Argentina que esté en condiciones de ofrecer ese servicio de inmediato. El triple play necesita conexiones por fibra óptica y las telefónicas están todavía aquí con conexiones de cobre. El Estado como regulador absoluto de las tarifas, y no como un árbitro imparcial, ha fracasado.

¿Cambiarán las cosas con el próximo gobierno? Seguro que sí. Ninguno de los candidatos actuales promueve la continuidad de las manías kirchneristas. Otra cosa es el enorme conflicto social que deberá enfrentar para cambiar las políticas y los números. Al derroche económico se agregó en los últimos años el intenso desorden social y laboral, concebido ya como un derecho definitivamente adquirido.