A Cristina Fernández se le puede estar abriendo, sobre todo por obra de la fatalidad, la puerta de un sueño añorado: la posibilidad de contar con una mayoría automática en la Corte Suprema, como la que tuvo Carlos Menem y que el propio matrimonio Kirchner desarticuló a partir del 2004 por una necesidad política del momento - ganar confianza en la sociedad- antes que por verdadera convicción. Quedó demostrado que tal convicción apenas constituyó un espejismo.

Se concatenaron en los últimos tiempos en favor de la resurrección del control presidencial sobre el máximo Tribunal tres factores. En mayo último el fallecimiento de Carmen Argibay. El domingo pasado el de Enrique Petracchi, alejado de las funciones hacia meses. También, la confirmación de Raúl Zaffaroni acerca de que a fin de año abandonará su cargo, con motivo de cumplir 75 años. En pocos meses, la Corte pasaría de siete miembros a cuatro. El proyecto de reforma que en su época de legisladora elaboró Cristina estipuló dejar en cinco el número de integrantes.

El ultracristinismo pensó durante por horas que Zaffaroni, tal vez, podría postergar -con la presentación de algún recurso judicial- su retiro hasta fines del 2015 para que el Gobierno no perdiera un voto siempre incondicional. Pero el magistrado, aún antes del sepelio de Petracchi, confirmó su determinación. La composición de cuatro jueces aumentaría la incertidumbre presidencial en el último año de la transición. Sólo podría contabilizar como en hipótesis firmes los votos futuros de Elena Highton. En el extremo opuesto, nunca aguardaría nada de Carlos Fayt. Juan Carlos Maqueda supo, en estos años, equilibrar sus posiciones. Aunque el kirchnerismo lo colocó bajo la lupa por dos motivos: el haber sido entronizado en la Corte durante el mandato de emergencia de Eduardo Duhalde; además su cercanía con José Manuel de la Sota. Maqueda también es peronista y oriundo de Córdoba. En ese contexto, y con el elenco reducido desde enero a cuatro miembros, crecería la preponderancia de Ricardo Lorenzetti. El titular de la Corte ha tenido un vínculo oscilante de amor-odio con el Gobierno de Cristina. Su última aparición fue para la presentación formal del Nuevo Código Civil, aprobado en el Congreso sólo con mayoría kirchnerista, y rechazado por la oposición. Su entrada en vigencia será desde 2016, con una nueva administración.

Ni el kirchnerismo ni los propios jueces se privaron de anticipar los tiempos difíciles que vienen. De otra guerra sorda. Ni bien el cuerpo de Petracchi fue inhumado, los K lanzaron su ofensiva para intentar tumbar a Fayt. El juez tiene 95 años pero permanece en la Corte gracias a un juicio que ganó hace años. Cristina lo calificó de anciano cuando, en el 2013, antes de las legislativas, pretendió avanzar con una reforma en el Poder Judicial. El diputado ultra K, Carlos Kunkel, retomó ayer esos argumentos para solicitar su desplazamiento y le adjudicó, como se se tratara de una perversión, adscripción a ideas socialistas.

La ambición kirchnerista consistiría en lograr dos designaciones para sustituir a Zaffaroni y Fayt. Si a ello sumara el habitual acompañamiento de Highton, consumaría aquella mayoría automática al estilo menemista. Pero, al menos por ahora, existe un abismo entre ese enunciado y la posibilidad de concretarlo.

Cuatro de los jueces -Zaffaroni no participó- replicaron ayer sencillamente con dos fallos. Ambos vinculados a la obligación del Gobierno de cumplir con la información pública. Es cierto que se trató de una antigua demanda del radical Ricardo Gil Lavedra presentada en sus tiempos de diputado, que ya no es. Pero las cuestiones ventiladas serían de altísima sensibilidad pública y volumen político. Los magistrados, incluida Highton, ordenaron al Gobierno informar aspectos del escándalo Ciccone y de dos proyectos hidroeléctricos en Santa Cruz. En el primer caso está involucrado el vicepresidente Amado Boudou. Con todas sus ramificaciones.

Es la causa de corrupción mas sonora, entre tantas, que enfrenta la Presidenta.

Sobre la cual jamás habló.

El segundo caso golpearía al ministro de Planificación, Julio De Vido.

Los jueces que deliberaron tuvieron también una mirada distinta a la del kirchnerismo sobre el funcionamiento de la Corte. Hasta enero serán cinco los integrantes, como prescribe la ley. Luego quedarían cuatro: “No sería ningún obstáculo para su funcionamiento”, opinó uno de ellos. De hecho, los fallos de ayer salieron con celeridad y cuatro votos. ¿Posibilidad de empates?

“Muy remotas. ¿Cuando se recuerda, en estos años, algún voto desempate?”, contestó el mismo portavoz. Siempre estaría a mano, ante una situación excepcional, la nominación de algún conjuez que debería sortearse entre los titulares de las Cámaras Federales.

Los cortesanos le avisaron al Gobierno, de ese modo, que no figura en sus planes la necesidad de nuevos integrantes. Fayt aclaró que está dispuesto a seguir un tiempo mas. Con lo cual, el camino de los K en busca de la mayoría automática sería mas que sinuoso. Debería ensayar primero la destitución de uno de los jueces. Después nominar dos, ni bien se aleje Zaffaroni. Toda destitución demanda un juicio político que debe transitar por el Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo perdió la jefatura. Cualquier designación exige los dos tercios del Senado. Allí el oficialismo se jacta de imponer siempre la mayoría para aprobar todas las leyes que son enviadas. Aunque, según los números de la Ley de Abastecimiento o la Reforma al Código Civil, estaría a unos diez votos de poder llegar a esos dos tercios.

En el intento, si al final lo hubiera, algunas estrategias deberían cambiar. Cristina designó como Procuradora General a Alejandra Gils Carbó con la fantasía de que en el cierre de su ciclo aterrizara en la Corte. Carbó resultaría ahora, en la política y en el universo judicial, tan resistida como lo fue en su momento Daniel Reposo, el todavía titular de la SIGEN. También ha dejado de brillar la estrella del juez de Casación Alejandro Slokar. Simplemente porque a Justicia Legítima, la organización K a la pertenece, parece haberle pasado su cuarto de hora. Sigue permeando a algunos de sus miembros en fiscalias y las nuevas Cámaras de Casación.

Pero resignó expectativa política en el Poder Judicial.

Si a Gils Carbó y a Slokar les sería imposible avanzar, ¿qué podría esperarse de Carlos Zannini?.

El secretario Legal y Técnico pertenece al riñon de Cristina. No cosecharía ningún apoyo opositor. Habría que preguntarse cuántos peronistas estarían dispuestos a sostenerlo después del papel de gendarme que cumplió en el partido. Esos peronistas desplazados susurran al ex camarista León Arslanián como hipotético punto convergente entre oficialismo y oposición. Pero Cristina no querría ningún relleno complaciente para la Corte, en un tiempo de despedida en el cual sólo pretende hacer aquello que se le antoja.