Veinte días antes asumirá un nuevo presidente en la Argentina y es muy probable, de acuerdo con lo que anticiparon los candidatos presidenciales, que cualquiera de ellos suspenda por un año o dos la vigencia del Código. La oposición al cristinismo aspira a limpiar el nuevo Código de los agregados inconsultos que le hizo el Gobierno a última hora y a darle la legitimidad legislativa de la que carece ahora.
El nuevo Código tiene avances importantes en materia de derechos sociales, que no pueden negarse, y la redacción inicial, aunque no la última, fue hecha por dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y por la prestigiosa jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. La ilegitimidad de la nueva ley no está tanto en su contenido, aunque también existen artículos claramente cuestionables, sino en la forma como fue aprobada por la Cámara de Diputados. En la semana última, la orden del Gobierno a sus diputados consistió directamente en que destruyeran una institución parlamentaria clave, como lo es la Cámara baja.
Existió un orden del día falso ("trucho", lo llama la oposición) que no reunió los requisitos indispensables para ser lo que parecía ser. Tampoco pasó por ninguna comisión de la Cámara. El oficialismo se escuda en que el proyecto había sido tratado por una comisión bicameral (integrada por senadores y diputados) y que con eso bastaba. Es cierto que existió la comisión bicameral, pero resulta que el plenario del Senado le hizo reformas al proyecto aprobado por aquella comisión. Se imponía, entonces, que una comisión de diputados revisará el texto antes de que éste fuera tratado por todos los diputados. La Cámara baja (o la de Senadores) puede tratar un proyecto sin despacho de comisión, pero para eso necesita la aprobación de los dos tercios del plenario. Una mayoría que el kirchnerismo no tiene en ninguna de las dos cámaras.
¿Por qué la Presidenta le colocó la sombra de la ilegitimidad a su Código Civil? ¿Por qué, si no lo necesitaba? Tenía, y tiene, el número de diputados suficiente en las comisiones y en el plenario del cuerpo como para que aprobaran su proyecto. Tenía también todo el tiempo necesario. De hecho, la vigencia del Código está prevista para dentro de 15 meses. ¿Se trata sólo de las formas? Al kirchnerismo hay que recordarle, casi cotidianamente, que en el sistema democrático la forma es el fondo. ¿No le gusta el reglamento que regula el Congreso? En democracia, las normas se cambian, si se puede cambiarlas, pero no se violan. Tomar por asalto al Congreso no es la mejor forma de empezar a despedirse del poder.
Fue, en cambio, una actitud institucionalmente patotera, que sólo se explica en la necesidad de cambiar el eje del debate. Se pasó de la discusión por los desastres de la economía al escándalo por el método propio de barrabravas para aprobar una ley que podría regular la vida de los argentinos desde su nacimiento hasta su muerte. También influyó la cansadora insistencia del cristinismo en retener la iniciativa política. Éste es un objetivo legítimo de cualquier gobierno en su fase final, siempre y cuando se trate de creatividad política y no de golpes institucionales.
El caso fue planteado por la oposición ante la Justicia. El planteo llegará seguramente a la Corte Suprema, tres de cuyos miembros (Lorenzetti, Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni) estuvieron ayer en el acto presidencial. Esas presencias no anticipan, desde ya, una opinión sobre lo que sucedió en la Cámara. Ya en la Corte habían hecho trascender que para el máximo tribunal hubiera sido preferible una sanción del Código sin escándalos que lo enturbien. Es lo que también se piensa en la conducción de la Iglesia Católica, que está de acuerdo con algunos aspectos del Código y en desacuerdo con otros. La Iglesia jamás pidió un tratamiento urgente del Código, dijeron sus voceros más confiables.
De todos modos, la Presidenta no se privó de convocar a obispos para refutar públicamente posiciones de la Iglesia y a los jueces de la Corte para reprocharles la falencias del sistema judicial. Es su estilo: objeta y critica desde el atril a los que no tienen derecho a réplica o no pueden hacerlo en ese momento. ¿No hizo acaso lo mismo con el ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, a quien citó como espectador de un discurso que lo guillotinó y hasta lo obligó a aplaudir su propia muerte política?
A veces, la confusión intelectual de la jefa del Estado es sorprendente. Elogió, por ejemplo, que el Código Civil defendiera el peso como moneda nacional. ¿Quién podría estar en desacuerdo con la defensa de la moneda nacional? Nadie en su sano juicio. El problema que ella se niega a ver es que la moneda argentina no se defiende con leyes o códigos. Es la política económica del Gobierno, y la monetaria, la que tiene la principal responsabilidad en la defensa del peso. La eterna contradicción entre las palabras y los hechos. Nadie se esforzó tanto para depreciar el valor de la moneda nacional como la conducción económica actual. Pesificar la economía, a través del Código Civil, no resolverá el problema cambiario ni el económico; por el contrario, le agregará una dosis mayor de desconfianza a la economía argentina.
Convirtió en un mérito que se haya sacado del Código la responsabilidad civil de los funcionarios para llevarla a una ley especial muy benigna. Es casi una autoamnistía. La protección judicial de los funcionarios podría ampliarse con otro anuncio que hizo ayer Cristina Kirchner. Dijo que enviará al Congreso una profunda reforma del Código de Procedimiento Penal. Creará un sistema "acusatorio". ¿Qué podría significar eso en la realidad de los hechos? Que el poder de la investigación judicial (de hechos de corrupción, por ejemplo) pasará a manos de los fiscales, que es donde el cristinismo ha cosechado más adhesiones entre los estamentos de la Justicia. Justicia Legítima está llena de fiscales, pero hay muy pocos jueces. A los jueces díscolos o independientes no los puede echar porque no consiguió la mayoría necesaria en el Consejo de la Magistratura. La jefa de los fiscales es, en cambio, la hiperkirchnerista Alejandra Gils Carbó. Basta. No se necesita agregar mucho más para interpretar el sentido final de la iniciativa.
Napoleón Bonaparte fue el autor del primer Código Civil de Francia. El espíritu bonapartista del kirchnerismo, una mezcla de autoritarismo y populismo, no se está quedando sólo en las formas, aunque Bonaparte -todo debe reconocerse- era más elegante que el kirchnerismo.
