Los costos de las equivocadas políticas del kirchnerismo en materia de carnes vacunas, incluidos los intentos de poner bajo control sus precios, han sido abrumadores, tanto en términos de producción ganadera como de empleo industrial y exportaciones.
El Gobierno llegó a disponer, ante la primera suba de precios de la hacienda, la prohibición de las exportaciones cárnicas. Lo hizo con tal desconocimiento de la administración del comercio exterior, que por fortuna esa medida no pudo aplicarse. En lo que constituiría todo un acto del teatro del absurdo, se llegó después a bajar de los barcos contenedores con carnes listas para exportar, con los costos e incumplimientos que aparejó la intemperante decisión.
La era Kirchner quedó caracterizada por un funcionario singular, como el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con quien se acentuó la intervención estatal, al instrumentarse un Registro de Operaciones de Exportación (ROE), equivalente a permisos de exportación, a los que complementó más tarde con un sistema denominado de encajes. De esa manera, se obligó a las empresas a mantener en los depósitos una alta proporción de sus potenciales exportaciones.
Sin agotar las normas de control que es capaz de amañar un régimen populista desentendido de las leyes de libertad y orden emanadas de la Constitución Nacional, se recurrió luego a las llamadas "Baratas". Consistieron en imponer a los principales frigoríficos la obligación de entregar carnes a las grandes cadenas de supermercados a precios reducidos. Esa política se prolongó entre 2006 y fines de 2009, hasta que terminó por desintegrarse en el contexto de una crisis ganadera, frigorífica y exportadora de gran magnitud, a la que contribuyó por su gravedad la sequía de 2008 a 2009.
Por la reiteración de una vía de atropellos e impericia administrativa se produjo la reducción del 20% del inventario ganadero. Se perdieron así unos diez millones de cabezas, al descender de 60 a 50 millones de animales el rodeo nacional. Las inundaciones que han tenido lugar en vastas áreas agropecuarias por la falta de obras hídricas contribuyeron a agravar este panorama.
Su reposición no es tarea fácil ni de costo reducido. Requiere inversiones importantes en nuevos planteles ganaderos, en implantación de pasturas y hasta en construcciones nuevas si se trata de engorde en corrales. Nada de eso se halla estimulado, para colmo de males, por un clima político signado por las provocaciones hacia el campo por parte del oficialismo.
La crisis en curso se agravará como consecuencia de la proyectada ley de abastecimiento, tan ajena a los preceptos del orden constitucional en vigor, y que amenaza con convertir a los stocks de productos agropecuarios en blanco preferencial del Gobierno. Así las cosas, a los diez millones de cabezas vacunas perdidas debe sumarse el cierre de 138 plantas frigoríficas, con una pérdida de 18 mil puestos de trabajo, sobre todo en el interior.
A fuerza de prohibiciones de exportar y de más controles a la comercialización de carnes, se logrará disminuir la producción de ganado, se perderán más empleos y se afectará el ingreso de divisas por las que el país desespera en la actualidad. En el mundo no hay experiencia alguna que desmienta tal anticipo de resultados cuando las políticas son las mismas que las que se instrumentan en la Argentina a pesar de todas las lecciones impartidas por nuestro historial. Sólo en exportación de carnes hemos bajado del 20% de la producción al 6%, y menos aún: fuentes gremiales estiman que ha descendido al 4,7%. De un país líder en el mundo por sus carnes bovinas a una posición fuera de los diez primeros lugares en el comercio internacional. Que cada uno saque sus propias conclusiones.
