Como consecuencia de una demanda presentada por el senador nacional jujeño Gerardo Morales (UCR), la Justicia avanzó en el reemplazo de los magistrados Daniel Morín y Fátima Ruiz López, que actuaban en la causa que el legislador oportunamente inició contra la diputada provincial Milagro Sala por daños y amenazas.
Del mismo modo, un oportuno fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy desbarató un burdo intento de la citada dirigente por silenciar al senador, quien pretendía que se ordenara a Morales y a su partido que se abstuvieran de opinar por los medios sobre su situación judicial.
Morales había recusado a esos jueces subrogantes, fundándose en su pertenencia a la organización Justicia Legítima, con la que coopera Milagro Sala, algo que supone tener un interés manifiesto en el resultado de la referida causa y que compromete abiertamente la imparcialidad e independencia de los recusados, además de vulnerar groseramente las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso legal e igualdad ante la ley.
Los citados magistrados habían incumplido con su deber de orden público de excusarse en las actuaciones, hecho que Morales vinculó con "graves irregularidades" en el proceso.
Justicia Legítima es una organización que postula la necesidad de avalar incondicionalmente las políticas del gobierno kirchnerista para instaurar una nueva "conformación ideológica" en el Poder Judicial, para terminar con la división de poderes. Por ello existían, según el senador, fundadas sospechas de que los magistrados cuestionados se ajustarían, llegado el momento, a las instrucciones o sugerencias emanadas de su coasociada en Justicia Legítima. Sostuvo Morales que se está frente a una causa en la que se evidencia claramente una "patente parcialidad" en favor de Milagro Sala que, naturalmente, lastima la imprescindible confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos para garantizar la administración de justicia en la República.
Atento a que Justicia Legítima postula la necesidad de cambiar el funcionamiento del sistema judicial en vigor para modificar sus perspectivas, la grave denuncia del senador Morales constituye toda una advertencia que debe ser tenida en cuenta. Particularmente, cuando la organización a la que alude, sostiene vergonzosamente que quienes no comulgan con sus puntos de vista habrían "perdido legitimidad" y que el sagrado oficio judicial debe, en primer lugar, tener en cuenta los intereses del más débil. Esto supone proponer que, a contrario sensu, la balanza de la justicia deba estar siempre inclinada no hacia la búsqueda de la verdad, sino subordinada a una visión política parcial e ideologizada que la manipule a voluntad.
La recusación planteada por el senador Morales puso en evidencia una importante cuota de coraje, especialmente porque el ámbito de su denuncia es precisamente una provincia en la que, desde hace tiempo, Milagro Sala ostenta un llamativo poder político y económico, dado que maneja, a través de su agrupación Túpac Amaru, millonarios fondos del gobierno nacional para planes de viviendas y otras acciones sociales, algo que permite hablar de un Estado dentro del propio Estado. La dirigente ha exhibido una notable capacidad para intimidar a buena parte de la ciudadanía, los funcionarios y los jueces, mediante el empleo de grupos de choque. Nos obliga, asimismo, a pensar en la necesidad de extremar esfuerzos para defender y proteger la independencia e imparcialidad de la institución judicial, tan seriamente amenazada hoy en Jujuy.
Resulta imprescindible no desoír los llamados de alerta que, en distintos puntos del país, advierten sobre estas peligrosas situaciones capaces de poner gravemente en jaque a la República, de no ser denunciadas y revertidas.
