La era kirchnerista podrá ser recordada como el período de mayor presión impositiva de la historia argentina. Sin embargo, la presidenta Cristina Kirchner se quejó del gobierno de Mauricio Macri por imponerles el impuesto a los ingresos brutos, del 3%, a los contenidos audiovisuales online, entre los que citó a la empresa Netflix, que permite ver películas a través de la Web.

Llamó la atención que la primera mandataria no recordara que para abonar esos servicios, que normalmente deben efectuarse en dólares y mediante tarjeta de crédito, al consumidor final se le retiene el 35% en concepto de adelanto del impuesto a las ganancias, lo cual representa un monto para el Estado nacional más de diez veces mayor que el que recaudaría el gobierno porteño por ingresos brutos.

Las contradicciones presidenciales no terminaron ahí. La primera mandataria refutó, con buenas razones, la explicación que dio el gobierno de Macri en el sentido de que el impuesto estaba dirigido a las empresas que vendieran contenidos audiovisuales y no a sus clientes. "¿Piensan que les van a cobrar un impuesto a las empresas y que la empresa no lo va a descargar en el cliente? (Si) Yo soy empresario, tengo que descargar impositivamente lo que me cargan a mí, acá y en la China. Es una regla básica", puntualizó textualmente la Presidenta.

Probablemente no recordó que cuando meses atrás su gobierno fijó un impuesto especial para la adquisición de automóviles de "alta gama", algunos funcionarios kirchneristas cuestionaron a las empresas automotrices por trasladar la totalidad de ese impuesto al precio de esos vehículos.

Tampoco tuvo en cuenta al cuestionar la medida del gobierno macrista que, durante su gestión presidencial, la Argentina ha llegado a ostentar un récord en materia de presión impositiva, que a fines de 2012 era del 37,3% sobre el PBI frente a un promedio del 20,7% en América latina y del 34,1% en los países de la OCDE, en tanto que, según proyecciones de especialistas, podría superar hoy el 40% del PBI, sin que se registre una mejora sustancial en las prestaciones básicas del Estado, en tanto se percibe una ausencia virtual de éste ante flagelos como la inseguridad.

Recientemente, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) informó que los asalariados de altos ingresos deben destinar 271 días de trabajo en el año para hacer frente a todas sus obligaciones fiscales. Esto es, desde el 1° de enero hasta el 5 de agosto. Un año antes, ese corte se producía el 24 de julio, por lo que, desde 2014, esos trabajadores deben destinar 12 días adicionales para pagar impuestos.

Mientras la Presidenta se preocupa por los clientes de Netflix, que deberían pagar 24 centavos de dólar adicionales por mes para el gobierno porteño, los asalariados son castigados como nunca antes por un impuesto a las ganancias del que ni siquiera pueden deducir el impuesto inflacionario. Así, un aumento salarial anual del 25% implica una mayor retención en concepto de impuesto a las ganancias, pese a que la inflación en el mismo período haya superado con creces el nivel del incremento salarial, licuando su poder adquisitivo.

Hasta el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, que no puede ser tildado de opositor al gobierno de Cristina Kirchner, advirtió días atrás que las pymes sufren una preocupante caída en su actividad por lo que definió como "la presión impositiva más alta y tremenda de la historia".

Ante los problemas económicos y la caída que empieza a sufrir el consumo, el discurso oficial parece apuntar, una vez más, a responsabilizar al mundo y a las usinas del desánimo. En la volteada, esta vez le tocó a Macri, en todo caso, por intentar hacer lo que el gobierno nacional viene haciendo. Quizá porque a ciertos kirchneristas les encante ver en Macri a un potencial Sebastián Piñera y en Cristina a una posible Michelle Bachelet.