Ayer le pidió al gobierno de Estados Unidos que ponga un límite al juez Thomas Griesa. Y, al mismo tiempo, se quejó de que en ese país no exista seguridad jurídica.

Quiere decir que, según Kicillof, para que en un país haya seguridad jurídica los que juzgan deben obedecer a los que administran. Ahora se entienden muchas cosas.

Aun así, el ministro de Economía registró una mutación. En abril de 2012, cuando debió justificar la expropiación de YPF, se burló del concepto que ahora echa de menos: "Seguridad jurídica es hacer lo que se les cante, sin pensar en el conjunto de la economía argentina", discurseó en el Senado.

El responsable de la estrategia jurídica del Ministerio de Economía, Federico Thea, ya advirtió que la sentencia de Griesa es "de cumplimiento imposible". Kicillof fue más directo. Dijo que era "una estafa". Que "parece joda".

Es obvio que los procedimientos del juez Griesa dejan mucho que desear. La semana pasada, por ejemplo, permitió pagar "por única vez" los bonos emitidos bajo jurisdicción europea o argentina, violentando el derecho de propiedad de sus tenedores.

Kicillof desaprovechó esa gaffe para defender su controvertida tesis: "El que defaultea es Griesa, no nosotros". Se le escapó.

Pero ninguna excentricidad de Griesa anula el viejo principio romano: res iudicata pro veritate habetur, es decir, "la cosa juzgada se tiene por verdad". Por eso fue casi enternecedora la queja de Thea: "La justicia de los Estados Unidos pareció hacer oídos sordos con las advertencias argentinas". En realidad, no "pareció". Hizo oídos sordos.

Estas declaraciones se agregan a otros indicios según los cuales el Gobierno seguirá en rebeldía frente a Griesa con independencia de la cláusula RUFO. Uno de ellos es que Kicillof insiste en que no pagará la sentencia porque el monto es excesivo. Los holdouts deben aceptar US$ 300 millones en lugar de los US$ 1680 millones que les asignó Griesa. Son definiciones importantes porque Kicillof es el único interlocutor económico de la Presidenta: ni a Juan Carlos Fábrega, ni a Jorge Capitanich, ni a Miguel Galuccio ella los escucha como escucha a su ministro. Cristina Kirchner sólo dice "nosotros" cuando habla de él o de algunos dirigentes de La Cámpora.

Es cierto que la intransigencia de Kicillof puede adquirir una gran elasticidad. También había prometido cobrar a Repsol una indemnización por daño ambiental y al final el que pagó fue él, acatando lo que la empresa pretendía.

Pero hay una señal más poderosa a favor de que la Presidenta desobedecerá la sentencia de Griesa. Cada vez que ella y el ministro hablan de las razones por las cuales no pagarán mencionan "el ordenamiento jurídico interno". El detalle es decisivo: en agosto del año pasado, Cristina Kirchner hizo aprobar por el Congreso la ley 26.886, que reabría el cerrojo que impedía negociar con los holdouts. En su artículo 4º, el texto estableció que los acreedores que quisieran cobrar debían renunciar no sólo a los derechos estipulados en sus bonos, sino también a sentencias judiciales como la de Griesa.

Este artículo ilumina muy bien la escena actual. No tanto por su rigidez, que se podría corregir con una norma derogatoria que, es cierto, sería costosísima para el kirchnerismo. La cláusula es determinante porque desalienta cualquier negociación al final de la cual un grupo de bancos compre la sentencia de los holdouts.

Las versiones de un acuerdo entre bancos y acreedores siguen circulando con llamativa insistencia. Lo que les da verosimilitud es la probabilidad de que Paul Singer, el titular de NML, esté dispuesto a reducir todavía más sus pretensiones: si la deuda argentina terminara de hundirse en la cesación de pagos precipitándose todos sus plazos -de acuerdo con las cláusulas de "aceleración" de los contratos-, los holdouts deberían esperar, ahora sí, una eternidad para cobrar.

Pronóstico de arreglo

Ayer, un cable de Reuters pronosticó el arreglo que podría cerrarse la próxima semana. Las especulaciones sostienen que JP Morgan, HSBC y Citi pagarían a los holdouts sus derechos y solicitarían a Griesa la reposición del "stay" para que la Argentina pague los bonos reestructurados. Los bancos evitarían la aceleración de esos títulos, preservando así su propio patrimonio. Después, con la sentencia de Griesa en la mano, esperarían al próximo gobierno, que estaría obligado a normalizar el frente externo de la economía.

En las casas que estarían involucradas existe un hermetismo absoluto sobre la operación. Pero muchos analistas la ven improbable. En principio, porque no habría banco alguno que tenga una posición tan abultada de papeles argentinos que justifique absorber la pérdida indeterminada de US$ 1400 millones por un activo que se le cobraría a una administración cuya identidad aún se desconoce. "¿Qué directorio autorizaría a un ejecutivo a tirarse así al vacío?", se preguntaba ayer un abogado especializado.

El artículo 4º de la ley 26.886 refuerza este impedimento. La operación no parece dificultosa sólo porque no existe un guiño del Gobierno en el sentido de que, en enero próximo, pagará el fallo. Existe un mensaje contundente en contrario: un cerrojo legal más poderoso que la RUFO, porque incluye en la prohibición de pago a las sentencias judiciales y lo hace por tiempo ilimitado. Es improbable que el departamento de legales de un banco autorice a comprar la deuda de un país que, por ley, dispuso no pagarla.

Si se buscan criterios para atenuar la incertidumbre sobre lo que piensa hacer la Presidenta, esa ley del año pasado ofrece uno muy valioso. Antes de enviar el texto a las cámaras, el 26 de agosto, ella realizó un anuncio que hoy adquiere un significado excepcional. Pidió a Dios que iluminara a la Corte de los Estados Unidos para que revocara la sentencia de Griesa. Aclaró que, si no lo hacía, ofrecería a los beneficiarios de la sentencia un canje similar al de 2010. Y agregó un anticipo para los tenedores de bonos reestructurados. "Hemos tomado -dijo- una decisión (.): para los que tienen bonos argentinos, el 93 por ciento, vamos a reemplazar esos títulos por otros similares, por moneda extranjera, por los mismos plazos, únicamente que serán pagaderos aquí, en la República Argentina, en la Caja de Valores." Hasta ahora se vienen cumpliendo esos propósitos.

Tanto la Presidenta como Kicillof han disimulado esta estrategia, también recomendada por el estudio Cleary Gottlieb en un memo que se filtró en junio pasado. Adoptarla hubiera significado evadir la jurisdicción de Griesa. En cambio ahora, con el default de los bonos reestructurados, muchos expertos consideran que el juez neoyorquino no tiene capacidad para impedir que la Argentina canjee su deuda en los términos que prefiera. En el mar de hipótesis en el que está navegando la economía, la del cambio de sede para el pago de los títulos es la más verosímil y segura. Y la agitación internacional que lleva adelante el kirchnerismo para denunciar el "fallo injusto" serviría de marco a esa decisión.