El default de Cristina Kirchner (selectivo, parcial o como se lo quiera llamar) podría ser más grave que el de Rodríguez Saá. El error del ex presidente provisional fue haber vestido de fiesta una derrota casi inevitable. Otra cosa es un default disparado implícitamente sólo por la decisión personal de desobedecer una orden judicial. La decisión personal fue de Cristina Kirchner, que la tomó en Olivos en absoluta soledad.
Una tragedia económica podría suceder como consecuencia de la extrema fragilidad institucional del país, cuyo destino depende exclusivamente de la opinión o la voluntad de una sola persona. Ningún mecanismo del sistema político (ni los bloques parlamentarios ni los candidatos presidenciales, ni el propio gabinete) funcionó antes de que se produjera otro colapso de la Argentina.
"No sé si puedo decirle estas cosas a la Presidenta", le respondió Carlos Zannini, hace ya algún tiempo, a un interlocutor que fue a prevenirlo de las consecuencias de desobedecer una sentencia judicial firme. Es cierto que casi todos los presidentes prefieren en algún momento el aislamiento. Eligen escuchar sólo lo que les conviene o los halaga. Son los presidentes también los responsables de sus entornos. El caso es especialmente serio cuando se trata de Cristina Kirchner, acostumbrada a un poder excesivamente personalista y a depositar su confianza en un solo funcionario por vez.
Son ella y Axel Kicillof, en resumen, los únicos que gobiernan el país en estos momentos sin la participación siquiera de otros ministros o funcionarios presidenciales.
Anteayer, cuando comenzaba el fin de semana, no se habían clausurado las conversaciones entre dos bancos norteamericanos (J.P. Morgan y Citigrup) y los fondos buitre para comprar la deuda. Esos bancos tienen en su cartera muchos bonos argentinos. El default podría afectar sus carteras, como afectará las tenencias de la Anses, que también tiene gran cantidad de bonos argentinos. No es un problema sólo de los bancos, como dice Kicillof, sino hasta de los jubilados argentinos.
Nadie discutía un cambio del lugar de pago. La jurisdicción judicial y el lugar de pago son casi inseparables, según el recurrente consejo de los abogados de bancos y fondos de inversión. Por eso, son impracticables las teorías que proponen cambiar el lugar de pago sin modificar la jurisdicción judicial. Y ningún acreedor aceptará, desde ya, cambiar la jurisdicción de Nueva York sólo porque hay una sentencia que beneficia a los acreedores. Con todo, el discurso del jueves de Cristina Kirchner había manchado de escepticismo aquellas conversaciones de los bancos. La Presidenta pareció entrar en default hasta el final de su mandato. ¿Será así?
Cristina Kirchner encontró en el juez Thomas Griesa al enemigo que estaba necesitando para una guerra en serio. Bueno para ella, pésimo para el país. En verdad, Griesa esperó durante seis años que la Argentina arreglara sus deudas y aceptó en el camino muchos pedidos del gobierno de Cristina Kirchner. Declaró inembargables, por ejemplo, los fondos de la Anses, aun después de la estatización de las AFJP, e interpretó que no se podían embargar las reservas del Banco Central luego de que se cambiara la ley orgánica de la entidad para convertirla en una agencia del poder político.
El Gobierno llegó a la sentencia de Griesa empujado, en verdad, por sus propios errores. Ya en el prospecto del canje de 2005 se aclaraba que el gobierno de Néstor Kirchner usaría tantos recursos para pagar los intereses de la deuda como para comprar los bonos que no habían entrado al canje. Nunca lo hicieron. El Gobierno repite que los fondos buitre compraron los bonos "a precio vil". ¿Por qué, entonces, no los compró el Estado argentino a ese mismo precio? ¿En qué batallas culturales o épicas andaba distraído, mientras los buitres compraban a bajo precio los bonos que luego llevarían a juicio?
En 2008, el país pudo comprar toda la deuda en default por menos de 5000 millones de dólares. Es la deuda que el Gobierno dice ahora que podría costar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. En septiembre de 2008 se produjo la caída del banco Lehman Brothers y, dos meses después, Cristina Kirchner estatizó todo el dinero de las AFJP. Los bonos argentinos defaulteados no valían nada y el Estado tenía los recursos suficientes.
Aun antes, la administración kirchnerista prefirió pagarle el total de la deuda al Fondo Monetario Internacional que no estaba en default. La tasa de interés del Fondo era de sólo el 4% anual. La ideología y la necesidad política de huir de los controles del FMI relegó lo que estaba primero: el Club de París, cuya deuda estaba en default y es exclusivamente con Estados, y con los bonistas que no habían entrado al primer canje. Un gusto político que terminó costando con el tiempo el juicio perdido en el despacho de Griesa.
Cristina y Kicillof se enfurecieron contra Griesa porque éste no les concedió el stay, una suspensión de la sentencia que habría permitido el pago de los intereses a los bonistas que aceptaron los canjes. ¿Qué caminos les abrieron ellos a Griesa para que el juez pudiera dictar la suspensión? Ninguno. El Banco Central pudo, con recursos propios y sin pedirle nada a nadie, colocar una caución en el juzgado de Griesa, como garantía de buena fe, y abrir una negociación hasta el año próximo. No lo hizo. O hicieron algo peor: tanto la Presidenta como su ministro vapulearon a Griesa y, encima, anunciaron públicamente que no pagarían lo que ordena su sentencia. Arrinconaron a Griesa en la única decisión que judicialmente podía tomar: negar la suspensión de la sentencia.
La sentencia de fondo de Griesa provocó muchas críticas en el mundo. ¿Cómo es posible que casi el 93 por ciento de los acreedores que aceptó los canjes resulte seriamente afectado por el 7 por ciento restante? El debate está abierto hacia el futuro. El propio Fondo Monetario está trabajando en una nueva regulación para la reestructuración de las deudas soberanas. El problema de Cristina es que ese futuro no la comprende. La sentencia de Griesa ya es firme y fue confirmada por dos instancias superiores, que incluyó a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Los fondos especulativos son antipáticos desde que Gordon Brown los llamó "buitres". Pero tienen en su poder aquella sentencia definitiva que los beneficia.
Griesa evitó el viernes ordenar la ejecución de la sentencia, autorizó el pago de bonos en Europa y llamó a seguir negociando. Son las puertas de salida que el juez suele dejar abiertas, aunque estaba visiblemente molesto por el maltrato de los gobernantes argentinos. Después de todo, ¿no interviene él porque esos mismos gobernantes eligieron la jurisdicción judicial de Nueva York? Hay algo de hipocresía cuando los cristinistas echan leña en el fuego del nacionalismo. Fue este gobierno, entre otros, el que prefirió la justicia de Nueva York para dirimir cualquier pleito con sus acreedores. Era la manera de seducir a los acreedores.
En el medio, la Presidenta desautorizó una gestión que autorizó la propia Presidenta. Fue la propuesta acordada por el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y los bancos nacionales agrupados en Adeba. Cristina tiene una cuestión personal con el presidente de Adeba, Jorge Brito, a quien acusa de apoyar y financiar a su peor enemigo, Sergio Massa. Fábrega se tomó este fin de semana, según fuentes confiables, para decidir sobre su renuncia. Fue dura y públicamente desautorizado por la Presidenta. Voceros de Fábrega y de los bancos aseguraron que la propuesta que hicieron nunca comprometió los depósitos de los ahorristas. "Fábrega tiene demasiado experiencia en el sistema bancario como para hacer eso", dijeron.
Cristina Kirchner se convirtió en el segundo presidente peronista que declara, tácita o explícitamente, un default de la deuda pública. Fue también el peronismo de Carlos Menem el que endeudó al país de una manera insoportable. La dictadura militar cuadruplicó la deuda pública (de 10.000 millones de dólares en 1976 a 41.000 millones en 1983). Menem la aumentó en un 100 por ciento. Recibió una deuda de 64.000 millones de dólares en 1989 y la entregó por un valor de 123.000 millones diez años después, luego de vender todos los activos del Estado. La Alianza recibió un gobierno que sólo tenía recursos por 60 días para financiar el Estado. A fines de 1999, el Gobierno necesitaba créditos a un ritmo de vértigo: 2000 millones de dólares mensuales para pagar los intereses de la deuda y financiar el déficit estatal. Todos los países se financian con deuda, pero ninguno vive sobreendeudado sin pasar por una crisis. La peor decisión es endeudarse sólo para pagar gastos corrientes o para financiar el sobreendeudamiento.
El populismo es siempre una receta cara, porque sólo el dinero fácil explica la razón populista. El populismo sin chequera no existe. Pero siempre tiene una alternativa ante la adversidad: culpar a los otros (y sobre todo a los extranjeros) de los errores que comete el propio populismo.
