Después de escuchar los reclamos de la CGT aliada, el Gobierno cerró la puerta ayer a aceptar una suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, al menos de manera urgente, como reclama el sindicalismo.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, hizo pública ayer la misma postura que había transmitido en la reunión privada que mantuvo con el jefe de la central obrera oficial, Antonio Caló, y argumentó que no hubo nuevos trabajadores que a partir de la suba salarial de este año fueran alcanzados por el impuesto a las ganancias.

Ése fue el eje central del reclamo que anteayer habían transmitido Caló, Omar Viviani (taxistas), Andrés Rodríguez (UPCN) y Mario Manrique (Smata) tanto a Capitanich como al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, después de haber exigido una reunión con Cristina Kirchner, que no los atendió y los derivó a su gabinete.

El Gobierno respondió ayer con sus propios números y atribuyó una intencionalidad política a los pedidos sindicales, sin distinción de oficialistas u opositores. "Los reclamos pueden intensificarse o no por razones de carácter político, pero no por la cantidad de trabajadores y jubilados involucrados", cerró el debate el jefe de Gabinete durante su conferencia de prensa matinal.

La explicación oficial se basa en el decreto 1242 del año pasado, que elevó a 15.000 pesos en bruto el límite para que un trabajador se vea obligado a pagar ese impuesto. Capitanich aclaró que la vigencia de esa norma se mantiene para los sueldos según lo que cada persona cobraba en 2013, con lo que la suba de este año -paritaria mediante- no influye en el cálculo para tributar.

El decreto establece que quien, por ejemplo, el año pasado ganaba menos de 15.000 pesos y este año superó esa cifra sigue fuera del alcance de Ganancias.

"El trabajador y/o jubilado que no estaba alcanzado por el impuesto sigue [en esa situación] independientemente del aumento de su salario", agregó. Ese dato era desconocido por Caló cuando llegó a la reunión con Capitanich. Según los cálculos oficiales, sólo el 10,4 por ciento de la masa de trabajadores paga Ganancias. Son 1.039.874 personas de un total de 9.953.937.

Con esos números en mano, el Gobierno traba una suba de manera inmediata que el sindicalismo reclamó que fuera según el promedio del cierre general de las paritarias de este año, que terminó en el 29 por ciento.

De todas maneras, Capitanich dejó abierta la posibilidad de hacer algún tipo de concesión por el lado del primer medio aguinaldo. "Cuando tengamos una decisión obviamente la publicaremos", respondió el jefe de Gabinete ante la consulta concreta de si habría o no cambios. También se refería al impacto de las horas extras y la modificación de las escalas, posibilidades que dejó latentes. Con su peculiar modo de hablar, abundó: "Hay una casuística integral que estamos analizando".

Hasta el momento, la decisión oficial es postergar una decisión. La presidenta Cristina Kirchner dejó trascender que no está dispuesta a dar una suba por decreto y que, en todo caso, podría hacer concesiones respecto del aguinaldo.

Debate legislativo

Por otro carril, la Presidenta podría habilitar el debate en el Congreso para modificar definitivamente las escalas salariales para que aquellos trabajadores que ganan más paguen más. Hasta ahora el Gobierno se negó a apoyar los proyectos opositores.

"Efectivamente en el ámbito del Congreso hay múltiples proyectos; las distintas representaciones gremiales de los trabajadores plantean observaciones respecto de deducciones especiales o la progresividad por tramo de ingresos, pero eso forma parte de una discusión más estructural", analizó Capitanich. No dijo ni que sí ni que no a la posibilidad de llevar el debate al Parlamento.

Como otra manera de echar por tierra una suba del mínimo, el jefe de Gabinete se plantó en la defensa del uso que le da el Estado al impuesto a las ganancias. Por un lado, justificó la decisión de mantenerlo tal cual está a partir de la amenaza de que una reducción podría desfinanciar el sistema de la seguridad social. "Si hay una reducción, entonces tendremos dificultades para [pagar] la Asignación Universal por Hijo, las pensiones no contributivas o para el haber jubilatorio promedio", alertó Capitanich, con una dosis de dramatismo, y apuntó a vaciar de discurso al gremialismo aliado.

A eso sumó, por otro lado, que una reducción de aportes podría desequilibrar las cuentas provinciales a partir de una menor distribución en la coparticipación.

Dura réplica de las empresas de colectivos

La cámara de las empresas de transporte de larga distancia (Celadi) cuestionó ayer la resolución del Gobierno que las obliga a inscribirse en un programa de reordenamiento del transporte y a aceptar sin más negociación la suba salarial que exige la UTA, el gremio del sector, todo antes del 1° de agosto, a fin de no perder las licencias para funcionar.
En un comunicado, la Celadi advirtió que la Casa Rosada "pretende condicionar la aplicación de medidas" para mejorar el transporte "a un acuerdo salarial que resulta de muy difícil cumplimiento por la crisis económica que afecta al sector".
La UTA exige una suba de 28% y la Celadi calcula que para afrontarla necesita $ 120 millones adicionales por mes. En 2013 el sector dejó de recibir subsidios y, desde entonces, enfrenta dificultades serias para competir con las tarifas subsidiadas de Aerolíneas Argentinas. "La resolución obliga a las empresas a elegir entre firmar a ciegas o ser excluidas del sistema. (...) No hace más que generar mayor incertidumbre en un sector necesitado de reglas claras", advierte el comunicado.