Hasta es probable que no haya tenido en cuenta los riesgos que corrieron por decisión propia los fondos buitre cuando compraron los bonos en default. Pero la única certeza que existe es que ese juez fue respaldado por una cámara de apelaciones e, implícitamente, por la propia Corte Suprema norteamericana. Si hay una puerta de salida para el gobierno argentino a la actual crisis de la deuda pública, está en el despacho de Griesa. Guste o no, las cosas son así.
La decisión de ayer del juez (que negó una cautelar con duras frases para la Argentina) coloca al país a cinco días hábiles del plazo final. Después de ese límite, estará el abismo de otro default de la deuda. En 2001, la Argentina no podía pagar su deuda. Ésa es la verdad histórica, aunque nunca debió anunciarse una cesación de pagos, como se hizo, con la alegría de una fiesta. Es distinta la situación de ahora, cuando sólo se necesita plasticidad para encontrar una fórmula y eficacia para aplicarla.
Griesa reveló ayer indirectamente que el gobierno argentino no entabló ninguna negociación con él ni con los fondos especulativos, que son la contraparte en el juicio.
La aclaración es oportuna, porque la política y la economía estaban cargadas de versiones sobre supuestas tratativas secretas. Existe una propuesta de bancos para comprar el total de la deuda en juicio (unos 11.500 millones de dólares), pero es un diálogo que sólo compromete al Gobierno y a esos bancos. La Presidenta nunca terminó de dar la autorización final a esa operación y nunca, por eso, tal posibilidad se trasladó a los tribunales neoyorquinos.
El Gobierno oscila entre dos temores. Uno lo explica claramente; el otro lo insinúa. El primero se refiere a las posibles consecuencias de la cláusula RUFO, incluida en los bonos entregados a los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Esa cláusula estipula que una mejora a un sector de los bonistas deberá ampliarse a la totalidad de los acreedores. Griesa ordenó pagar el 100 por ciento del valor de los bonos defaulteados en 2001 que no aceptaron ninguna de las dos renegociaciones de la deuda. Casi el 93 por ciento de la deuda, que sí aceptó los canjes, podría pedir luego que también se le pague el 100 por ciento de los bonos originales. Ésa es la lectura literal de la cláusula RUFO.
Hay especialistas en deuda pública que desaconsejan, incluso, aceptar aquella propuesta de los bancos para comprar la totalidad de la deuda todavía en default. Si bien esta oferta significaría una quita al valor original de los bonos, la reducción sería mucho menor que la que se terminó aplicando en los dos canjes anteriores. El temor a la cláusula RUFO llevó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a estimar que sus consecuencias podrían aumentar hasta los 500.000 millones de dólares la deuda pública argentina.
El extremo cuidado con esa cláusula contrasta, sin embargo, con la poca atención que merece en el Gobierno el efecto dominó que produciría el embargo de los pagos a los bonistas que aceptaron los canjes. De hecho, Griesa ya embargó 560 millones de dólares girados al Banco de Nueva York (el agente de pago) para cumplir con compromisos que vencerán el próximo miércoles. Esos fondos están congelados. Nadie cobró hasta ahora. Si el pago del miércoles no se realizara, los acreedores que aceptaron los canjes anteriores podrían pedir un inmediato adelantamiento de los pagos de bonos que están escritos para ser saldados en las próximas décadas. Necesitarían sólo el beneplácito del 25 por ciento de los acreedores, según los acuerdos firmados por el gobierno argentino con los bonistas.
La cláusula RUFO es, en efecto, un riesgo, pero también lo es que se derrumben dos negociaciones financieras internacionales comandadas por los dos presidentes Kirchner. El regreso al caos financiero de 2002 no será nunca una buena despedida de la Presidenta.
El temor menos explicado alude a las posibles consecuencias judiciales para los funcionarios argentinos si acataran al juez Griesa y debieran aplicar después la cláusula RUFO. En la última reunión con el facilitador designado por Griesa, Daniel Pollack, el secretario de Finanzas, Pablo López, le comentó ese temor y le contó que varios ex funcionarios están siendo citados por jueces argentinos por el "megacanje" de la deuda que se hizo durante la última gestión de Domingo Cavallo, hace 13 años. Ayer, Capitanich deslizó públicamente que la situación podría comprometer judicialmente a la propia Presidenta.
Si se hurga en los antecedentes del "megacanje" de Cavallo, las sorpresas son permanentes. Se hizo, en efecto, un acuerdo por miles de millones de dólares y se lo escribió en unas pocas páginas. ¿Ansiedad? ¿Desesperación? ¿Intereses? Es lo que está investigando la justicia argentina. Resalta, con todo, que el estudio de abogados norteamericano que defiende ahora a la Argentina ante el juez Griesa (Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton) es el mismo que asesoró a Cavallo en el "megacanje". Es demasiado raro que la administración de Cristina Kirchner haya confiado su defensa a los mismos abogados que llevaron a Cavallo ante los jueces.
De todos modos, las cosas no tienen por qué tener siempre el mismo efecto. Depende mucho de la eficacia de las soluciones y de la honestidad para aplicarlas.
Con menos precauciones, en 2010, durante la gestión de Amado Boudou como ministro de Economía, éste contrató a una consultora, Arcadia Advisors, para que lo asesorara en el canje de la deuda que luego se hizo. El diputado Claudio Lozano denunció entonces que existió tráfico de influencias, porque el ministro le habría transferido a la consultora información privilegiada. Además de Arcadia, participaron de ese canje tres bancos internacionales de envergadura: Barclays, Deutsche y Citi. Nunca se aclaró para qué era necesaria Arcadia si ya habían sido contratados esos bancos. La causa está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Jorge Di Lello, los mismos que investigan a Boudou por la compraventa de Ciccone. Boudou ya fue procesado por esta causa.
Las palabras de Griesa, en la audiencia de ayer, mostraron fastidio con el gobierno argentino. Griesa es un hombre mayor, pero ha demostrado que nada de lo que se dice y se hace en la Argentina sobre la causa en su poder le es ajeno. Griesa podría espantar los temores del gobierno argentino con sólo ordenar la forma de pago y dejar en claro que se trata de una sentencia judicial, no de la voluntad de los argentinos.
Para eso, el juez Griesa necesita cierta flexibilidad del gobierno de Cristina Kirchner y conocer sus necesidades y sus posibilidades. Requiere también que los funcionarios nacionales acepten lo irreparable y que se sienten a negociar, aunque tengan que decir varias veces que no. La intransigencia es la única opción que le queda a la Presidenta, pero significará siempre un peligroso salto al vacío.
