Las horas de Amado Boudou están contadas. La aprobación de las leyes no puede estar pendiente de un vicepresidente procesado que camina derecho hacia un segundo procesamiento. La Presidenta estudia también en estas horas una propuesta de bancos norteamericanos que ofrecieron comprar por unos 8500 millones de dólares el total de la deuda en juicio en Nueva York, que significa nominalmente unos 11.500 millones de dólares. Una parte importante de esa deuda está en manos de fondos buitre.
El jueves pasado, Boudou chocó de frente con la cortedad de su destino. Su caso ya dejó de ser sólo judicial para convertirse en un grave conflicto político. Varios senadores oficialistas le reclamaron que no presidiera una sesión clave del Senado (clave para el Gobierno), al tiempo que amenazaban con boicotear la reunión de la Cámara si Boudou se sentaba en el estrado presidencial. El Senado y el Poder Judicial son los únicos dos lugares del Estado donde los jóvenes kirchneristas no hicieron pie. Fue el bloque peronista el que les cerró las puertas y lo notificó a Boudou no bien éste asumió. Boudou insistió hace dos años para hacer cumplir una orden directa de Cristina Kirchner. Debía entrar en la Cámara alta parte de la camada de jóvenes cristinistas. "No entendiste bien: aquí no entra nadie", le respondió un senador a Boudou. No entró nadie.
La oposición no tiene un enfoque común sobre Boudou, pero las diferencias consisten en establecer cómo lo combatirán mejor. ¿Abandonando el recinto, como proponen algunos? ¿Reclamándole, cada vez que presida una sesión, que se vaya y leyéndole parte de la sentencia del juez Ariel Lijo , que lo procesó por tráfico de influencias en el caso Ciccone, como plantean otros? La única posición común es la de exigirle que pida licencia cuanto antes. Boudou tiene un problema adicional: no puede hablar en el Senado; sólo puede presidir sus reuniones. Tampoco puede eludir la tarea de presidir esas sesiones. La Constitución le asigna explícitamente esa función. El resultado probable sería un campeonato opositor para criticar al vicepresidente delante del vicepresidente.
El problema creció de tamaño cuando aliados del oficialismo (y algunos oficialistas) hicieron saber que tampoco lo quieren a Boudou en el recinto parlamentario más importante del país. Los senadores son expertos en anticipar los momentos complicados, sobre todo si esos momentos les tocarán a ellos. Un bloque peronista en silencio, mientras el vicepresidente era vapuleado por los opositores, hubiera sido la peor señal política. La sesión se caía, y la Presidenta necesitaba que se sancionara la inmunidad de los bancos centrales extranjeros antes de la próxima visita del presidente de China. Abajo Boudou.
El capricho presidencial de sostenerlo al vicepresidente había durado hasta el día anterior, cuando Boudou presidió desde Tucumán los actos por la fiesta nacional. Sólo un día más tarde, la Presidenta tomó conciencia de que cada vez le costará más, y a veces inútilmente, el apoyo a Boudou. Sobre el fin de semana, en la cima del Gobierno se reflotó la idea de una licencia para el vicepresidente, aunque se prefirió esperar el resultado del partido de hoy en Río de Janeiro. La situación de un vicepresidente es ciertamente lamentable cuando depende de hechos fortuitos que no podrán atribuirse al Gobierno. Ni en la victoria ni en la derrota.
La administración gasta demasiadas energías en causas inservibles. No hay nada más obvio en el sistema internacional que criticar a los fondos buitre. Nadie los defiende. Hasta el gobierno norteamericano pidió sólo que se respetaran las decisiones de sus jueces; nada dijo de los fondos especulativos. El conflicto sin solución consiste en que las cosas nunca cambian por el hechizo de las palabras. El juez Thomas Griesa le dio seis años al gobierno argentino para que resolviera su pleito con los holdouts, los acreedores que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, que significan nada más que el 7 por ciento de la deuda que cayó en default en 2001. El Gobierno descuidó la potencial peligrosidad de esos tenedores de bonos y el propio juicio que ellos habían planteado en los tribunales de Nueva York.
La Presidenta ordenó una victoria simbólica. Es fácil frente a fondos de inversión que no cuentan con ninguna simpatía. Pero ¿cómo seguirá el conflicto cuando éste amenaza con otro default? Las señales del Gobierno son contradictorias. La pirotecnia verbal y gestual indicaría que la administración no pagará. Dice otra cosa en las entrelíneas. Repite una y otra vez que quiere pagar y nunca precisa que está hablando sólo de los bonistas que canjearon sus bonos en default. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, el último hallazgo de la política europea, encontró la síntesis. Felicitó a Cristina porque quiere pagar. Punto.
Si ésa fuera la decisión, sería la única sensata de parte de un país con su economía en franca declinación. La recesión de la economía es ya fuerte y muchas suspensiones de trabajadores se están convirtiendo en despidos. Mediciones privadas indican que la caída global de la economía es de un 2 por ciento. Pero la caída de la actividad industrial, que es la gran proveedora de mano de obra, es del 6 por ciento. El consumo básico está menos afectado, aunque se desplomó el consumo de bienes durables (autos, motos, electrodomésticos). El impuesto a la compra de autos es también ya otro capricho irrazonable. El Gobierno no recaudó más dinero con ese impuesto porque los argentinos dejaron de comprar autos. Y, en cambio, profundizó la caída de una de las más importantes actividades industriales del país.
Ese impuesto nació para resolver una extravagancia típica de una economía bajo estricto control del Estado: algunos autos importados eran más baratos cuando el dólar oficial estaba barato y no existía el dólar tarjeta. Así se anunció. Pero la decisión del Gobierno se amplió a todos los autos, nacionales o importados, que estuvieran sobre un precio tope en pesos, que la inflación pulverizó.
Dos sucesos internacionales podrían afectar aún más a la Argentina. Las últimas noticias de Brasil señalan que la actividad industrial del principal socio comercial de la Argentina cayó entre un 3 y un 4 por ciento. Cualquier mala noticia de la economía brasileña es también una mala noticia para la economía argentina. La otra novedad es una significativa caída en el precio de la soja en el mercado de Chicago. El viernes, la tonelada de soja se comercializó en apenas unos 400 dólares con miras a noviembre, cuando la producción norteamericana liquidará su cosecha. Si no cambiara la tendencia, la economía argentina se vería privada de muchos dólares en el último año de gestión de Cristina Kirchner, en 2015. Ese nivel de precios, más las retenciones del 35 por ciento, hacen inviable, además, la producción de soja en la zona productora periférica del país.
En ese contexto, un conocido banco norteamericano está liderando una posible solución al caso de los holdouts. Ofreció comprar por unos 8500 millones de dólares toda la deuda en juicio, que son unos 11.500 millones de dólares. Recibiría bonos que podría colocar al 7 por ciento anual en un mundo con las tasas en el subsuelo. Cristina Kirchner habría puesto como primera condición que el juez Griesa dejara constancia de que se trata del cumplimiento de una sentencia judicial. Pero todavía no dijo definitivamente que sí. Otra vez la intromisión de límites imposibles, otra vez la insoportable necesidad de girar antes de estrellarse.
