Nunca la Justicia había llegado tan lejos en el camino de probar la corrupción en lo más alto del poder. Ya hubo ex presidentes procesados y hasta condenados, como Carlos Menem, pero nunca había sucedido lo que pasó el viernes a la noche: que un juez federal firmara el procesamiento de un vicepresidente mientras está en el ejercicio de su cargo, en visita oficial, representando a la Argentina en Cuba y en la asunción del nuevo presidente de Panamá.

El procesamiento impactó como un misil que se estrelló junto al sillón de la presidenta Cristina Kirchner y reactualiza la pregunta acerca de si Amado Boudou actuó solo o por indicación del fallecido Néstor Kirchner. A esta altura, el interrogante es sólo una anécdota de cómo se desplazan los peones entre los pliegues del poder.

La Justicia, con su fallo del viernes, iluminó la mancha que acompaña al kirchnerismo, desde hace diez años: detrás de su discurso progresista yde acciones concretas de ampliación de derechos, anida un sector dentro del Gobierno que busca hacer negocios desde lo más alto del poder.

El juez Ariel Lijo asegura que probó que el vicepresidente Amado Boudou se valió de testaferros para, con su socio, quedarse con el 70 por ciento de las acciones de la imprenta privada que fabrica papel moneda. Nicolás Ciccone ofreció a Boudou quedarse con parte de la empresa, como una coima, a cambio de que la salvara de la quiebra por sus deudas fiscales y le proporcionara nuevos negocios con el Estado. Así imprimieron las boletas electorales del Frente para la Victoria que llevaban a Boudou como candidato a vicepresidente y 410 millones de billetes de $ 100 .

La modalidad de la mordida no es ya la de los 90, donde los jueces investigaban el pago de sobornos y variaba el porcentaje del retorno entre el 15 y el 25 por ciento. En esta década lo que se investiga son maniobras donde la corrupción no busca una parte del contrato, sino directamente, quedarse con las acciones de las empresa, en todo o en parte. En Tribunales hay más de una denuncia al respecto.

En estos diez años, la credibilidad de la justicia argentina tocó fondo. Las causas ligadas con el Gobierno se mantuvieron quietas mientras el kirchnerismo concentró el poder. Pero cuando falta poco recorrido para el fin del ciclo, los problemas judiciales se multiplicaron y alcanzaron este fin de semana la cúspide del Gobierno.

La parábola se explica porque desde el Gobierno descuidaron a los jueces y fiscales, no se ocuparon de ellos, carecieron de interlocutores para acercarse a ellos como en otras décadas, los dejaron afuera de las discusiones del poder por falta de política, o de funcionarios que hablaran el mismo idioma que ellos. La inexperiencia para la gestión judicial informal, la del café y el teléfono, y la falta de expertos que pudieran dialogar en los despachos judiciales, dejó el asunto librado al azar.

El discurso público para la Justicia fue el del rigoreo mediático, por cadena nacional, y hubo agrios enfrentamientos entre la presidenta Cristina Kirchner y la Corte Suprema.

En sintonía con este remedio, el kirchnerismo se propuso domesticar la Justicia "a los panzazos", tal la nueva metáfora que circula por Tribunales, para describir las relaciones entre el Poder Judicial y un sector del Poder Ejecutivo. Nada que ver con la época de los jueces de la servilleta menemista.

El vínculo ahora es concebido como una relación de sumisión y no de comunión. Las parejas que se llevan así nunca terminan bien. Pruebas al canto. Si no, habría que preguntarle a Boudou.

Los operadores judiciales del Gobierno, que entraban a los despachos sin golpear, a veces sonreían, otras amenazaban, pero a la larga obtenían lo que querían. Hoy esos operadores ya no operan, o porque cambiaron de jefes o porque ya no son capaces de conseguir los mismos resultados con menos poder.

El Gobierno combinó este mecanismo de control descontrolado con otro marcado por su impronta progresista: apostó a una renovación generacional en la Justicia. Para hacerlo reactivó concursos dormidos en el Consejo de la Magistratura, puso allí a Julián Álvarez, joven camporista viceministro de Justicia, y al diputado de la misma agrupación Eduardo Wado De Pedro.

También incidió para colocar gente de La Cámpora en los tribunales; impulsó y apuntaló Justicia Legítima, una agrupación judicial filokirchnerista que enfrenta a lo más tradicional de la corporación judicial; buscó colonizar tribunales de alzada con funcionarios adeptos y le dio vía libre a la procuradora Alejandra Gils Carbó para que nombre a sus jóvenes fiscales ad hoc especializados en perseguir militares y civiles por delitos de lesa humanidad, narcotraficantes y policías corruptos en provincias de signo contrario al Gobierno; y a empresarios críticos de la gestión oficial por delitos económicos.

Pero esta receta no alcanzó para moldear una Justicia como la que quisiera el kirchnerismo en la última etapa de su mandato, al punto de que el viernes a la noche un juez federal procesó al vicepresidente por corrupción, otro ya lo llamó a indagatoria y al menos cuatro de los 12 jueces federales que atienden en Comodoro Py 2002 tienen una causa que complica a Boudou.

Para que la epidemia de valentía y decencia recorriera los Tribunales era necesario que confluyeran los motivos que formaron esta tormenta perfecta.