Entre Ríos alcanzó en la campaña agrícola 2013/14 una producción de 3.355.000 toneladas, cifra que representa un crecimiento del 10,2% respecto de lo recolectado en el ciclo 2012/13. Esta cosecha, además, se posiciona como la segunda mejor de la historia sojera de la provincia, sólo superada por la zafra de la campaña 2009/10 cuando se recolectaron 3.554.684 toneladas.

A nivel nacional, en tanto, la cosecha de soja se encamina a lograr un nuevo récord de producción si se confirma la proyección de 55,5 millones de toneladas que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo en su último informe, dado a conocer en su último reporte.

Estos números, obviamente, entusiasman a productores y al Estado porque, claro está, una mayor producción, con cotizaciones más o menos estables, siempre genera un mayor ingreso en los bolsillos de unos y otro.

La soja, desde este punto de vista, es un buen negocio. Ahora bien, la pregunta que siempre debe hacerse –y que pocos se hacen, sobre todo en el Estado– es si ese buen negocio económico es sustentable en el tiempo.

Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), dado a conocer la semana pasada, manifiesta en este sentido, que “hay incentivos a la insostenibilidad, generados por la participación del Estado en la renta agrícola, que se lleva el 73,9% de la misma”.

La sustentabilidad, remarca el trabajo, es una preocupación central de los productores agropecuarios y de la comunidad agroalimentaria en general, ya que, además del sentido social y ambiental, la producción futura de alimentos y por lo tanto su rentabilidad dependen directamente de que se mantengan en excelentes condiciones el suelo y el agua.

“A un productor rural, a un dueño de un campo y a todas las empresas reunidas alrededor de las cadenas agroalimentarias son los primeros a quienes les afecta negativamente el deterioro del suelo o la contaminación del agua, por lo que son los principales interesados en mantener un sistema productivo agrícola sustentable, no contaminante, con correctas rotación de cultivos y aplicación de fitosanitarios”, agrega.

Durante la última década, sin embargo, “se ha evidenciado un deterioro crónico de la rotación de cultivos, pieza fundamental en la sustentabilidad agrícola”, advierte la FADA, mientras subraya que “si tomamos los cuatro principales cultivos del país, soja, maíz, trigo y girasol, se ha pasado de cultivar soja en un 49% de la superficie en la campaña 2001/02 a hacerlo en un 69% en la campaña 2013/14. Esto determina que para la última campaña se hayan cultivado 4,7 hectáreas de soja por cada una de maíz, mientras que este índice es de 1,75 en Brasil y 0,90 en Estados Unidos. En resumen, una relación insostenible”.

Estos números que brinda la FADA son nacionales. En Entre Ríos, vale remarcarlo, la brecha entre soja y maíz es todavía mayor: 5,16 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. Una relación, también, insostenible, y, además, paradójica, porque Entre Ríos necesita más maíz –mucho más maíz– dado que ese grano se transforma en carne aviar, porcina y bovina –es decir, se le agrega valor en origen–, mientras la soja, en su inmensa mayoría, se va como poroto a los puertos del Gran Rosario.

Razones. Para la FADA, el interrogante que se presenta “es por qué existe una brecha tan grande en la estructura productiva agrícola entre Argentina y otros referentes internacionales como Brasil y Estados Unidos, disponiendo de la misma tecnología y los mismos precios internacionales de referencia. De este análisis surge que, además de otras variables que intervienen, las mayores diferencias vienen dadas por el sistema tributario, el grado de libertad en la comercialización y la demanda de maíz”.

En el caso de la demanda de maíz, explica, Estados Unidos es especialmente conocido por la industria de bioetanol que genera una importante y estable demanda que incentiva el cultivo. Brasil, por su parte, en la última década ha incrementado su producción de carne en 2,2 millones de toneladas anuales y su producción de leche en 10 mil millones de litros, ambas actividades importantes consumidoras de maíz. A modo de referencia, la producción promedio de carne argentina de los últimos cuatro años ha sido de 2,5 millones de toneladas y la de leche de 11 mil millones de litros, es decir, que en estos dos casos el incremento de producción de Brasil durante la última década es igual a toda la producción argentina.

Sobre la libertad en la comercialización, añade el trabajo de la FADA, mientras Estados Unidos y Brasil no tienen ningún tipo de trabas ni cupos a la exportación, Argentina aplica los Registros de Operaciones de Exportación (ROE). “Mediante este sistema se otorgan permisos o cupos para exportar, de acuerdo a la estimación del Remanente Exportable (diferencia entre el Stock Físico y la Estimación de Abastecimiento Interno, ex Encaje Exportado), el cual en la práctica representa una cuota a la exportación que introduce distorsiones a la comercialización y ha generado desde su aplicación una reducción promedio del 10% en el precio del trigo y el maíz. Este diferencial, es captado en la medición del índice FADA como el ‘costo de intervención’”. Así, para la FADA, los ROEs “se convierten en un mecanismo de desincentivo al cultivo de maíz y trigo”.

“La última gran diferencia con Brasil y Estados Unidos son los derechos de exportación, o retenciones, que no existen en estos países y en Argentina generan ingresos para el Estado en torno a los u$s 10.000 millones anuales”, sostiene el documento. El Gobierno, en esta materia, argumenta que el objetivo central de las retenciones es desganchar los precios internos de los externos y así, remarca, evitar que los precios de los productos básicos de la canasta familiar se disparen.

Consecuencias. La mayor presión de los impuestos en Argentina, sumada a los costos de intervención, produce que el Estado “tenga una participación en la renta agrícola del 73,9% en junio de 2014. Esto es, de cada $100 de renta que genera una hectárea promedio en Argentina, el Estado percibe $73,90, que se transforman en recaudación fiscal efectiva o en subsidios a otras actividades de la cadena al disminuir el precio de venta de los productos agrícolas”, señala el documento.

Este número, se explica, surge del Índice FADA de participación del Estado en la renta agrícola para junio de 2014, que es de 73,9%, medido como la sumatoria de los impuestos nacionales, impuestos provinciales y costos de intervención del mercado, sobre la renta de una hectárea de uso agrícola representativa promedio a nivel nacional.

Esta participación del Estado, añade, “reduce los márgenes de rentabilidad de la producción agrícola, afectando la sustentabilidad económica del productor y generando incentivos al cultivo de soja”.

Para la FADA esto se aprecia claramente en el hecho de que a medida que se ha ido afinando la rentabilidad agrícola, se ha incrementado la superficie de soja en detrimento del trigo y el maíz. “La razón radica en que cualquier tipo de empresa debe ser primero viable en términos económicos para poder ser sustentable en términos ambientales. Los efectos en la rentabilidad y la previsibilidad que dan como resultado la combinación ROEs-retenciones generan claros incentivos a que el productor deba encontrar una ecuación soja/maíz que le permita ser viable económicamente, aún en detrimento de la rotación de cultivos, la calidad de su propio campo y la productividad futura del mismo”, sostiene.

En consecuencia, concluye el documento de la FADA, “se deben tomar medidas de manera inmediata principalmente para aumentar la siembra de maíz y trigo y su industrialización y exportación”.