La carga impositiva consolidada, nacional, provincial y municipal que en 1990 era 25% del PBI formal (el que paga impuestos) ahora llega al 67% . Es un crecimiento sorprendente y significa la consolidación de un estatismo agobiador para la actividad productiva y el empleo, que se han estancado en los últimos años. La realidad sería aún peor, pues no se está incluyendo en la presión impositiva el impuesto inflacionario que representa varios puntos del PBI, los que deberían sumarse a las cifras mencionadas.
El Estado se va pareciendo demasiado a un enorme vampiro anémico que chupa demasiada sangre de la producción pero no tiene fuerzas como para cumplir adecuadamente con la provisión de los bienes públicos indelegables (seguridad, educación, salud, justicia y estrategia de largo plazo del país). En ese caso, el Estado agobia a los que generan valor agregado y no les deja suficientes recursos como para invertir. Cuando esto ocurre no se generan las suficientes fábricas, servicios, puertos, caminos, pozos petrolíferos o gasíferos y demás actividades como para ocupar formalmente a toda la población. El empleo informal, el desempleo estructural, la pobreza permanente y el incremento del delito son el resultado de este tipo de gestión política del Estado de corto plazo que no pone el acento en la creación de trabajo productivo para todos.
Todos los analistas coinciden en que es elevada la carga impositiva sobre el PBI total del país a precios de mercado, pero la situación es aún peor si se calcula su impacto sobre los que pagan sobre el PBI en blanco.
Para obtener el PBI formal o blanco y expresarlo en moneda dura para poder comparar su evolución en el tiempo, del PBI total a precios corrientes calculado con la inflación correcta se restan los "impuestos que no fueron asignados a algún sector menos los subsidios" y se divide por el tipo de cambio oficial. También se le restan los "alquileres supuestos" que todos los dueños de una casa o un departamento destinado a uso personal devengan en teoría, pues estos alquileres se incluyen en el cálculo del PBI oficial pero no se monetizan ni pagan impuestos (¡por ahora!) sobre esas rentas. Además, hay que restar el porcentaje de economía negra (subregistro) que se sumó oportunamente para que cerrara la matriz de insumo producto de 1993, que es de 28% del PBI total del país. Hechos estos cálculos nos queda por diferencia la actividad económica formal que paga impuestos.
Tomando Nación, provincias y municipios, en 1990 la carga impositiva fue de u$s 19.036 millones, lo que representó el 24,7% del PBI formal o blanco. La presión impositiva sobre los que pagan había llegado en 2007 al 57,2 % del PBI formal productivo y ahora se ubica en 66,7% .
No hace falta aclarar que esta forma de transferir recursos por parte de los políticos a un Estado que parece no tener límites en sus gastos llega a su fin "cuando se acaba la plata de los otros". Ya estamos viviendo los síntomas de ese proceso que son el gran déficit fiscal, la escasez de divisas, el inicio de devaluaciones, las prohibiciones de importar, el control de precios, el cepo cambiario con autorización previa, la inflación superior al 30% anual, el estancamiento económico, el aumento del desempleo, la pobreza que no cede y el aumento del delito.
¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que hay un límite para sacarle valor agregado al sector productivo mediante unos 80 impuestos de los cuales el más importante es precisamente el IVA (impuesto al valor agregado). Al aumentar el gasto, para financiarlo se van aumentado las alícuotas o se ponen nuevos impuestos. Por lo tanto, para tener impuestos razonables hay establecer un límite máximo para el gasto público. Ese número límite se estimaba en 2001 en u$s 51.000 millones, pero el gasto público efectivo era en realidad de u$s 96.000 millones y la situación no pudo sostenerse.
Después de la gran devaluación de Eduardo Duhalde, el gasto público consolidado efectivo se licuó a u$s 29.000 millones y fue, por primera vez en la Argentina, menor que el sustentable. Parecía que habíamos aprendido la lección. Sin embargo, a partir de 2007 se gastó más de lo se podía y esa política continuó hasta ahora. En 2013 llegamos a un gasto público consolidado de u$s 260.000 millones, cuando el valor máximo sustentable fue de u$s 105.000 millones para ese año. Los impuestos, incluidos los distorsivos, se incrementaron sin dudarlo por parte de los políticos para transferir a sus cajas del gasto público el mayor porcentaje de la generación de riqueza posible. Aun así solo precios excepcionales de las materias primas que exportamos han permitido que se concrete este gran desvío, que ahora será necesario corregir, pues no es financiable en forma permanente. La devaluación de 2014 licuará un poco ese nivel, pero seguirá siendo extremadamente alto.
Para tener impuestos que puedan cumplirse, sin crisis fiscales cada 12-13 años que lleven a picos altísimos de desempleo y pobreza, hay que mantener el gasto público bajo control y hacer de él un uso muy eficiente. Debemos aprender esta lección que lleva casi 100 años repitiéndose.
La democracia no es solo votar y ganar elecciones. Es parte esencial de la democracia aprender a lograr estabilidad fiscal, pues con ello lograríamos mayor confianza en las instituciones y por lo tanto mayor nivel de inversiones productivas. De esta forma se podría alcanzar una ocupación productiva y formal para todos los argentinos y así eliminar la pobreza. Este es el verdadero objetivo del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No nos olvidemos de la última parte. Es posible cambiar y lograr resultados duraderos para todos.
