Deliberadamente ambiguo y con algunos errores conceptuales, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció ayer que hará un canje de deuda en Buenos Aires para pagarles aquí a los bonistas que están regularizados. Por otro lado, dijo que los abogados del Gobierno dialogarán con el juez neoyorquino Thomas Griesa para preguntarle si su fallo empuja al país al default. Aunque él no lo dijo, la interpretación casi unánime entre los analistas fue que lo que está buscando con esta última opción el ministro es abrir una puerta de negociación con los holdouts.
En una parodia de conferencia de prensa -ya que no se aceptaron preguntas y cuatro filas del microcine estaban ocupadas por funcionarios para aplaudirlo-, Kicillof apeló a varias consignas políticas ("no pasarán" y "quieren voltear la reestructuración de la deuda", fueron las sobresalientes) y brindó pocos detalles técnicos de cómo procederá luego del revés sufrido ante la Corte Suprema de Estados Unidos anteayer.
Como suele ocurrir, el ministro comenzó hablando de las "tergiversaciones" que según él publicaron algunos medios periodísticos en torno a lo que podía y debía hacer la Argentina frente a este caso que perdió con los fondos buitre y con un grupo de inversores minoristas. Luego de hablar de la historia de la deuda argentina -y de todas las virtudes de este gobierno para resolver el problema- afirmó que el Gobierno no puede "permitir que nos impidan pagarle al 93%" de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Esto se debe a que, por el fallo de Griesa, ratificado por la Cámara de Apelaciones, si la Argentina les paga a estos bonistas también debería pagarles a los holdouts que ganaron la demanda.
ANUNCIO REITERADO
Por esta razón, resucitó un anuncio que la presidenta Cristina Kirchner había formulado en 2013, pero que no había concretado: el cambio de jurisdicción para pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes, si es necesario, el vencimiento por US$ 900 millones que opera a fin de mes. "Estamos iniciando los pasos para pagarlo en la Argentina, bajo ley argentina", expresó. Esto implica que los bonistas acepten cobrar en Buenos Aires en vez de hacerlo en Nueva York, donde, si se levantara el amparo que hasta ahora mantuvo en suspenso la ejecución de la sentencia, les embargarían sus fondos. "Si pagamos en Nueva York, [los fondos] no van a llegar a destino porque no nos dejan pagar", señaló.
De inmediato, igual que la Presidenta anteanoche, exhibió una señal de cautela. "Como el juez dijo que no quiere empujar al país a un default, lo cual no se sigue del fallo, también mandaremos a nuestros abogados a hablar con Griesa", confesó. Pero fue justamente Griesa quien había advertido que el país no debía intentar maniobras para eludir los fallos de la justicia norteamericana cambiando el lugar de pago.
"Serán tomadas todas las medidas para impedir que esta reconstrucción del país esté en riesgo", dijo el ministro, antes del cerrado aplauso que recibió por parte de sus funcionarios. Entre ellos, estaban su gabinete de colaboradores y el presidente de la CNV, Alejandro Vanoli.
Antes, al explicar cómo la Argentina llegó a esta nueva situación compleja en el frente externo, cometió algunos errores: por un lado, dijo que el fondo buitre había comprado sus bonos en 2008, pero que había comenzado a litigar hace doce años; por el otro, dijo que el porcentaje de aceptación había llegado entre los dos canjes al 97 por ciento, cuando rozó el 93 por ciento.
Tampoco fue preciso respecto del monto que debería pagar el Gobierno al perder el juicio contra NML, por US$ 1500 millones. En este sentido, dio a entender que automáticamente todo el resto de los bonistas en default podría cobrar por esta misma sentencia, lo que significarían otros US$ 15.000 millones; pero en realidad, para llegar a este monto, todos deberían ganar sus respectivos juicios. "La Argentina va a pagar el próximo vencimiento por 900 millones; el problema es que para pagarles a ellos hay que pagar 15.000 millones", dijo al respecto.
El jefe de la consultora Econviews, Miguel Kiguel, dijo a LA NACION que "la única forma de negociar ahora es hacerlo ante el juez Griesa, en una negociación judicial, por lo cual no aplicaría la cláusula RUFO, que obligaría a pagarles a todos los bonistas". Además, opinó que "hacer el canje en Buenos Aires va en contra de ese mensaje y tampoco se puede hacer, porque la orden de Griesa les impide a los bancos y estudios de abogados colaborar con la Argentina para eludir la orden", bajo riesgo de entrar en desacato.
