Un grupo de legisladores de la oposición con un aceitado conocimiento de los mecanismos de la justicia penal están empeñados en lograr lo que ningún gobierno, desde hace 35 años, pudo conseguir: que el Presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, sea investigado por el discrecional manejo de los fondos que usa para financiar el fútbol argentino.

Ahora mismo están discutiendo la mejor manera de hacerlo. Terminaron de repasar, este fin de semana, los detalles de un artículo de la ley 24.156 que obliga tanto a la Auditoría General de la Nación (AGN) como a la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEN) a controlar y auditar los fondos públicos que van hacia las asociaciones civiles o las organizaciones no gubernamentales.

La Asociación de Fútbol Argentino, una entidad sin fines de lucro, estaría encuadrada dentro de ese esquema. Y desde julio de 2009, cuando empezó a recibir dinero público, por parte de la Jefatura de gabinete, sería pasible de ser investigada y auditada. También de ser colocada en la mira de la justicia, como sucedió con la Fundación Sueños Compartidos que presidía Hebe de Bonafini y administraba Sergio Schocklender.

En 2011, Graciela Ocaña y Manuel Garrido le pidieron a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso que controlara los fondos de Fútbol para Todos. Fue para la misma época en que el empresario Carlos Avila, creador de Torneos y Competencias, denunció la existencia de 12 cuentas en Suiza y los Estados Unidos, pertenecientes a Grondona, los dirigentes de fútbol Eduardo De Luca y José Luis Meizner, y personas muy cercanas y familiares de Don Julio. Al año siguiente, la AGN inició los trabajos de un informe que debía haber sido entregado y publicado en diciembre de 2013, pero que avanza a paso de tortuga, debido a las presiones de los auditores que responden al gobierno nacional.

Ayer, en La Cornisa TV, se presentó una investigación periodística, titulada La ruta del dinero G. Allí se mostró el manejo discrecional y sin control efectivo del dinero de Fútbol para Todos. Se reveló que desde su creación, el gobierno le dio a Grondona $ 6 mil millones. Se informó que, en aquel entonces, los clubes sumaban un déficit de $ 400 millones.

También se calculó que, a pesar de semejante erogación, ahora el déficit de los clubes llegaría a los $ 1.600 millones y el pasivo a casi
$ 5 mil millones.

Semejante pozo negro y sin fondo constituye la llave maestra de Grondona para someter a los clubes y tomar como rehenes a sus presidentes y el resto de las comisiones directivas. Fuentes a prueba de desmentidas explicaron cómo es el modus operandi que utilizaría el dueño de la pelota para lograr sus propósitos.

El presidente de AFA entregaría cheques a los clubes justo en el momento en que estarían a punto de quebrar. Los gerentes de la Asociación les sugerirían a los dirigentes que los fueran a cambiar no a bancos de primera línea sino a cooperativas o financieras amigas. Las financieras les harían, a cambio de efectivo, un descuento superior al porcentaje del mercado. Y los beneficios se repartirían de una manera especial, que cualquier lector despierto me eximirá de detallar.

La auditoría que la AGN todavía no terminó iría por otro lado. Los que trabajan en ella solo parecen querer saber si el dinero de la Jefatura de Gabinete llega en tiempo y forma, porqué se le entregó de manera directa y sin licitación a la productora La Corte la televisación de los partidos y si el dinero público está sirviendo para sanear a los clubes de fútbol, como sostenía la idea original.

El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, cometió sincericidio al anticipar que desde ahora y hasta que termine el Mundial de Fútbol Brasil 2014, es probable que la mayoría de los argentinos no hablen de otra cosa. Pero también es cierto que un sector del gobierno considera conveniente no quedar embarrado si salen a la luz los desmanejos del patrón del fútbol argentino. La idea de programar un torneo de fútbol largo con cerca de 30 equipos tiene varios objetivos. Uno es político: multiplicar la herramienta de propaganda que se ejecuta partido tras partido.

El otro es económico: lograr que Carlos Zannini, recientemente caído en desgracia junto con su segundo, Carlos Luizzi, y el juez federal Norberto Oyarbide, redacte el decreto para imponer el denominado Prode bancado que haría legales las apuestas on line. El decreto sería diseñado a la medida de los intereses del zar del juego, Cristóbal López, y le permiritía a Grondona terminar su mandato, a fines de 2015, con otro gol de media cancha, y que además le permiritía patear afuera la pelota de una investigación judicial.

Parece una mirada demasiado optimista, igual a la que sostienen altos funcionarios del gobierno sobre las posibilidades del seleccionado argentino de consagrarse campeón mundial y el aire político que les otorgaría semejante hazaña. Primero, porque la historia reciente ya demostró que los mundiales no sirven para ganar elecciones. Y segundo: porque el humor de los argentinos, en esta etapa, está marcado por los problemas de la economía de bolsillo y el pánico a los hechos de inseguridad. Grondona, a quienes muchos consideran el político más hábil de la historia argentina reciente, no debería subestimar estos datos.