Entonces el expresidente necesitaba acumular apoyo de la opinión pública, porque la huida de Carlos Menem le había impedido una amplia victoria en la segunda vuelta y lo había transformado en un Jefe de Estado con apenas el 22% de los votos. Por eso decidió apuntarles a dos enemigos ideales. Uno fue la vieja Corte Suprema desprestigiada y embadurnada con todos los chanchullos del menemismo.

El otro, Luis Barrionuevo, uno de los dirigentes sindicales con peor imagen en la Argentina. Ni bien los empezó a enfrentar, la tribuna, pero también los medios, lo colmaron de elogios y de aplausos. Y su aceptación en las encuestas llegó a topes de entre el 70 y el 80%. El líder del Frente Renovador está hecho de la misma madera que Kirchner. Intuye, más allá de la lectura de las encuestas, qué movida lo puede colocar más cerca o más lejos de la gente. La decisión de enfrentar en persona a Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema, e ideólogo de la reforma del Código Penal, tiene esa impronta.

Zaffaroni es uno de los criminólogos más experimentados de la Argentina. En el campo de la teoría y de la academia, se lo respeta y se lo valora. Pero cuando se empieza a analizar su carrera profesional, algunos de sus fallos y ciertas decisiones de su vida personal, el curriculum de Zaffaroni hace agua por los cuatro costados. Hasta los fanáticos del juez saben esto. Por eso, para blindarlo, prefieren elevarlo a la categoría de prócer. O de rockstar de la justicia nacional y popular. Es la única manera de evitar el escrutinio de los datos duros.

La semana pasada se conoció el fallo de un juez de instrucción que condenó a su apoderado y amigo, Ricardo Serafín Montiveros, a pagar $ 12.000 por la violación de la ley de profilaxis antivenérea. El magistrado concluyó que Montiveros, administrador de 6 propiedades de Zaffaroni, formaba parte de una red de proxenetas.

Hay un dato curioso en esta noticia nueva: el fallo fue dictado hace un año, lo que alimenta la sospecha de que quiso ser ocultado. El pasado domingo 13 de abril, Massa aceptó la invitación de La Cornisa TV y revoleó una carpeta. Contenía algunos datos ciertos e inquietantes. En efecto, Zaffaroni fue designado camarista, en la provincia de San Luis, por el gobierno de facto de Juan Carlos de Onganía.

En 1975 asumió como juez federal. Y, en plena dictadura, 40 días después del golpe del 24 de marzo de 1976, fue nombrado juez de primera instancia en lo criminal. Zaffaroni no solo mantuvo su cargo y no renunció, como lo hicieron muchos de sus colegas. Además juró por los Estatutos del denominado Proceso de Reorganización Nacional, rechazó hábeas corpus de familiares y amigos de víctimas de la represión, y escribió, en 1980, un libro, titulado Derecho Penal Militar, en el que justificó el accionar de las Fuerzas Armadas de entonces.

Desde el asesinato de los delincuentes que se levantaran en armas, hasta la usurpación de la función pública por parte de los militares del Proceso. Pero la carpeta de Massa estaba incompleta. No incorporó el dato de que las Madres de Plaza de Mayo, a través de su página web, lo habían incluido en una lista de más de 400 jueces vinculados a la dictadura y la represión.

En la carpeta de Massa tampoco se pudo encontrar evidencia sobre lo desprolijo que es el magistrado con sus declaraciones juradas. Si hubieran revisado la versión taquigráfica de los argumentos que acompañaron los pedidos de impugnación de su pliego se hubieran encontrado con otra perlita, no desconocida pero sí muy valiosa. Es que Zaffaroni, en su declaración de 2003, se olvidó de incluir unos cuántos miles de dólares que tenía en el exterior, lo que fue considerado por él mismo como una omisión casi anecdótica e insignificante.

¿Hay un Zaffaroni blindado, a prueba de toda crítica, y otro arrogante, elitista, soberbio y con prácticas autoritarias? ¿Existe, en una misma persona, una doble moral?

El juez oficialista fue convocado por la televisión pública para conducir un ciclo de cine solo para entendidos. No se sabe si lo hizo ad honorem, si fue contratado o si los honorarios fueron donados a una causa solidaria. A Zaffaroni tampoco le importó grabar una publicidad en la que aparece nadando y sonriente. Es la promoción de Anfibia, una revista digital creada por la Universidad de San Martín (cuando la manejaba el intendente filokirchnerista, Ricardo Ivoskus) junto con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.

Las prácticas autoritarias de Zaffaroni no serían constantes, pero salieron a flor de piel en agosto de 2009, en el Congreso de la Nación, mientras exponía sobre la despenalización de las drogas. Mujeres vinculadas a las Madres del Paco lo increparon justo en el momento en que tenía que hablar. ¡Hagan callar a esas histéricas! y ¿no hay alguna autoridad que se las pueda llevar? fue la reacción espontánea ante la irrupción de las visitantes inesperadas. Sus palabras estuvieron en línea con la acusación de vendepatria que le hizo a Massa, por haber osado discutir sobre la postura de Zaffaroni de no tomar en cuenta la reincidencia para condenar a un delincuente que, por ejemplo, ya haya protagonizado un asalto a mano armada.

Zaffaroni, qué duda cabe, es un juez que provoca con sus fallos, aunque fueron firmados hace tiempo. Tres de ellos son los más controvertidos. En uno se lo acusó de argumentar que no se podía considerar violación sino abuso deshonesto a la acción de un adulto que le introdujo a una niña de 7 años su miembro en la boca.

El magistrado lo habría justificado destacando el hecho de que lo había hecho con la luz apagada. En su oportunidad, Zaffaroni se defendió afirmando que había adherido al fallo pero no a los argumentos, porque pertenecían a otro colega. En otro fallo, Zaffaroni consideró que llevarse un coche ajeno en la vía pública no constituía robo de automotor sino apropiación indebida del vehículo. Es decir: una figura con una condena menor.

Zaffaroni, el garante, aceptó la versión de los descuidistas. Ellos adujeron que se lo estaban llevando porque lo creían abandonado en la vía pública. En su tercer fallo polémico, el controvertido juez interpretó que un cuchillo no debía ser considerado un arma mortal y lo comparó con un revolver cargado con balas de verdad. Ninguna de las posturas de Zaffaroni puede ser considerada un delito, pero sí son criticadas por quienes sostienen que los criminales deben pagar por sus actos.

La interpretación sobre qué significa violar la ley, en la Argentina, tiene un amplio margen. Gustavo Vera, de la Alameda, por ejemplo, está analizando presentar una denuncia penal contra Zaffaroni y Ontiveros, porque sostiene que no solo violaron la ley de profilaxis, sino también de Migraciones. Vera afirma que en dos de las propiedades de Zaffaroni había mujeres indocumentadas que habían sido traídas desde Bolivia y República Dominicana. Quizá, cuando le pregunten por eso, el juez vuelva a usar los argumentos que utilizó para defenderse de las acusaciones de proxeneta. Entonces se consideró víctima de un linchamiento mediático y lo comparó con una lapidación.