Las reformas más ambiciosas y controvertidas con que su presidencia pasará a la historia, la del sistema de medios audiovisuales y la del Consejo de la Magistratura, no dieron los resultados que ella esperaba. Por esa razón, el Gobierno está recurriendo ahora a métodos irregulares para consumar un desembarco de simpatizantes en el dial y en los tribunales. Urgida por el calendario, la señora de Kirchner insiste en alcanzar la fallida "democratización" de la palabra y del Poder Judicial, ahora a través de un par de atajos.

Pasado mañana, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aprobará un llamado a concurso para regularizar a las entidades sin fines de lucro que explotan licencias de radio o TV abierta en forma precaria. Como otras iniciativas de Martín Sabbatella, esa convocatoria es una rareza. No sólo pretende normalizar el sistema de frecuencias sin haber elaborado un plan técnico que establezca cantidad de señales, áreas de influencia, zonas de superposición, etc.

Lo más curioso es que, mientras organiza el certamen, Sabbatella sigue beneficiando a operadores kirchneristas con la adjudicación directa de permisos provisorios. Sólo los opositores Marcelo Stubrin (UCR) y Gerardo Milman (GEN) se le oponen.

El 19 de febrero, la mayoría oficialista del directorio de la Afsca autorizó cinco frecuencias de TV abierta. Entre ellas está el Canal 5 de la ciudad de Buenos Aires para el Centro de Rehabilitación y Capacitación San Martín de Residentes Salteños, que emite desde la villa 31. Sabbatella se olvidó de que el 5 de enero, es decir, 45 días antes, había otorgado la misma frecuencia a otra asociación, Barricada TV, que opera desde la esquina porteña de Rawson y Bartolomé Mitre. Es probable que el director de la Afsca Ignacio Saavedra se lo recuerde. Conoce bien a Barricada. Si no, se lo hará notar otro kirchnerista, Gerardo Martínez: la Fundación Uocra controla Canal 4, que ahora es interferido por el 5.

Los canales adjudicados sin examen alguno en febrero se suman a los 34 que Sabbatella ya había otorgado en octubre y diciembre del año pasado. Una de las condiciones para conseguir esos permisos sería haber firmado, en septiembre de 2012, la solicitada en apoyo de la designación de Sabbatella al frente de la Afsca. Por ejemplo, Diego Gusmerini, de la Cooperativa Pares, concesionaria del Canal 3 de Luján, está entre los avalistas del funcionario. Lo mismo ocurre con Héctor Nieva, del Canal 8 de Catamarca, o con Miguel Di Spalatro, del Canal 5 de Azul. Aunque Di Spalatro tiene méritos anteriores: fue gerente de Télam.

Las prebendas de Sabbatella alcanzaron también a kirchneristas de otros pelajes. Por ejemplo, Iván Battista, titular de Canal 5 de Chivilcoy. Sorpresa: el vecino de Chivilvoy designado por Florencio Randazzo como jefe de prensa de ferrocarriles también se llama Iván Battista. Y otra casualidad: Randazzo es de Chivilcoy.

Para conseguir estos favores de la Afsca conviene pertenecer a la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina -¿no alcanzaba con "de la República Argentina"?-, una entidad altruista formada para defender la ley de medios frente a las "corporaciones", que siempre esconden intereses.

Lo más llamativo de estas concesiones es que violan la ley de medios. El artículo 65 de ese evangelio obliga a que por lo menos el 30% de la programación de TV sea de producción propia. En cambio, en el artículo 3 de la resolución de febrero, Sabbatella reduce esa exigencia a dos horas diarias. La ley prevé que todos los canales estén en el aire entre 6 y 14 horas, según la población que cubran. En cambio, la resolución a favor de los amigos del Gobierno prescribe para todos 6 horas.

El titular de la Afsca parece haber descubierto uno de los desatinos de la ley de medios: para ofrecer los contenidos propios fijados por esa norma hay que destinar 700.000 pesos mensuales a sueldos.

La excusa de que se transgrede la ley de medios a favor de emisoras de baja potencia es falsa. Esa norma obliga a la TV por cable a incluir en la grilla a los canales de TV abierta, lo que extiende muchísimo su nivel de audiencia. Por este motivo, el Sindicato Argentino de Televisión, que conduce Carlos Arreceygor, pidió a la Afsca la anulación de estas concesiones.

La queja de Arreceygor también es inesperada. Este gremialista, que siempre tuvo como asesor legal a Carlos Tomada, fue un puntal de la política de medios. A falta de Tomada, Arreceygor recurrió a Damián Loreti para argumentar su protesta. Loreti es el experto a quien muchos consideran el verdadero padre de la ley de medios. Es secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y está entre los cinco candidatos a presidir la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA.

La colonización facciosa del sistema audiovisual, que violenta la venerada reforma audiovisual con procedimientos de entrecasa, hace juego con otra preocupación del kirchnerismo en retirada: el control de los tribunales a través de funcionarios que no han sido designados como jueces.

El último 13 de marzo, el Consejo de la Magistratura aprobó, a propuesta del oficialismo, una resolución por la cual los secretarios pueden quedar al frente de juzgados vacantes por renuncia, excusación, licencia o destitución de un magistrado. De modo que los tribunales quedarían a cargo de funcionarios que no cumplieron los requisitos exigidos para impartir justicia: no rindieron examen ante el Consejo, no fueron propuestos por el Ejecutivo y no obtuvieron el acuerdo del Senado.

El nuevo régimen cobija la posibilidad de dominar una parte del Poder Judicial con sólo controlar las secretarías. Una coincidencia: mientras se discutía este cambio reglamentario, el kirchnerismo del Consejo, encabezado por La Cámpora, elaboró un listado de candidatos a secretarios de juzgado.

Algunos expertos alegan que esta reforma no sólo beneficia al oficialismo. También permite que un juez que se excusa, es recusado o suspendido, siga controlando un expediente a través de su secretario. Pero esta interpretación tiene una debilidad: el Gobierno se ha empeñado en que los magistrados ya no puedan designar a sus colaboradores. Pero también tiene una fortaleza: los únicos que votaron en contra de la resolución fueron los radicales Mario Cimadevilla y Oscar Aguad y el abogado Alejandro Fargosi.

La disputa por la administración del Poder Judicial llegará a su clímax en noviembre de este año, cuando haya que elegir de nuevo a los representantes de los abogados y de los académicos en el Consejo de la Magistratura. El caudal de votantes y el nivel de conflicto ideológico que envuelve la contienda convertirán esos comicios en un acontecimiento de primera magnitud.

Los alineamientos políticos ya empiezan a esbozarse en la elección del Colegio Público de Abogados porteño, el próximo 29. El radicalismo reiteró su alianza con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la calle Montevideo, que preside Máximo Fonrouge. En cambio, Pro se asoció a la actual conducción del Colegio Público, que ejerce el rizzista Jorge Rizzo, a quien se le conoce una única intransigencia, a favor de Independiente. Aunque, en este caso, Rizzo acordó con el presidente de Boca, empresario del juego, y habitual gestor judicial de Mauricio Macri, Daniel Angelici.

Nada asegura que estas combinaciones se repitan en noviembre. Lo único previsible es que para ese mes el Gobierno pelee los cargos del Consejo de la Magistratura a través de la asociación Justicia Legítima, que tendrá, esta vez sí, su lanzamiento.

Con el dominio del sistema de medios a través de organizaciones afines que dependen de la publicidad del Estado y con el sometimiento de la Justicia mediante las designaciones de secretarios, el kirchnerismo se ilusiona con proyectar su hegemonía más allá de 2015. Tal vez sea un anhelo candoroso. Antes habría que demostrar que esos entenados seguirán siendo leales cuando sus actuales benefactores ya no ejerzan el poder. Es un detalle que Ernesto Laclau, fallecido ayer, no salvó en su teoría.

Por eso hay que observar otra dimensión del avance sobre la prensa y la Justicia. Al buscar su propia consolidación, Cristina Kirchner está corriendo la frontera de un dominio que estará disponible para quien la herede. Será una de las grandes cuestiones de la sucesión presidencial: cuál de los aspirantes a reemplazar a la Presidenta está dispuesto a renunciar al apetecible cesarismo que ella y su esposo inauguraron.