El kirchnerismo ha hecho de la Argentina en una década –sobre todo desde el 2007– un país asimilable a la ficción.
Se falsearon por años los índices de inflación y crecimiento. La crisis obligó desde enero al Gobierno a corregir el costo de vida, ahora algo emparentado con la realidad. Esa misma crisis acaba de producir otro pase de magia: el crecimiento económico del 2013 habría sido, según la última confesión oficial, de un módico 3%.
¿Hubo acaso algún derrumbe productivo estrepitoso que nadie advirtió?
El INDEC había estimado el cierre anual en 4,9%. En el primer semestre del 2013 el organismo que comandaba Guillermo Moreno informó sobre un crecimiento interanual, respecto de la misma época del 2012, del 8,3%. Nuestro país, de acuerdo con esa ensoñación K,lideraba el ranking mundial incluso por encima de China (7,5%). Tal boom jamás existió. Tampoco aquel derrumbe.
Sucede que el Gobierno quedó enredado en sus mentiras.
Axel Kicillof debió acomodar las cifras del PBI para eludir un reto inabordable: el pago del cupón de crecimiento estipulado en el canje de la deuda por el default. Un índice superior al 3% hubiera obligado al Gobierno a desembolsar más de US$ 3.500 millones. Un monto muy dañino para las reservas del Banco Central, que no cesan de gotear.
Se fugaron en lo que va del año US$ 3.472 millones.
El ministro de Economía justificó ese reseteo del crecimiento por la aplicación de una nueva metodología de cálculo.
No hizo lo mismo con la inflación del 2013 que quedó anclada en el 10,9%. Tampoco se conoce el comportamiento de la canasta básica del nuevo índice que pintaría un cuadro de pobreza mucho más agudo que el del relato K. Se trata de un amateurismo y una improvisación difíciles de comprender. La credibilidad de las estadísticas vuelven a quedar, con ese ardid, bajo la lupa. La recuperación de la confianza internacional asoma como una quimerapara el tiempo de transición del kirchnerismo.
El Gobierno parece sufrir de una compulsión por la mentira. Kicillof habló de un “programa de reasignación de subsidios” en los servicios de gas y de agua cuando, en realidad, se trata de un claro recorte.
Vendrán otros.
Arriesgó también que una parte de lo que ahorre el Estado sería destinado a mejorar la Asignación Universal por Hijo. Alguna vez se prometió que el excedente de Fútbol Para Todos sería derivado al fomento del deporte olímpico. Nunca existió tal excedente y la mayoría de los clubes siguen navegando la bancarrota. Se inventó otro impuesto para cubrir aquella necesidad.
Cristina Fernández tampoco se sonrojó al afirmar que el recorte de subsidios no tiene nada que ver con un tarifazo. Hace rato que la mandataria ha extraviado aquella capacidad. Pues bien, según resulte el consumo en domicilios particulares y comercios –las industrias fueron por ahora exceptuadas– los aumentos del gas oscilarán entre el 100% y el 284% y los de agua entre 70% y 406%. Eso se denomina tarifazo para el bolsillo y ajuste para la economía.
Un ajuste ejecutado sin convencimiento y en un mal trance: con la producción amesetada, los salarios declinantes y una inflación tenaz.
Tanta acumulación de falsedades, más temprano o más tarde, descubren la existencia de graves problemas. La Presidenta alardeó siempre con los 6 puntos del PBI que su administración dedica a la educación. El índice más elevado de América latina. Todos los indicadores en ese campo, sin embargo, indican una clara involución de la Argentina. En calidad de aprendizaje, de escolaridad e, incluso, de la enseñanza pública respecto de la privada. El debate educativo queda circunscripto desde hace décadas sólo a la evolución de los salarios docentes. El conflicto empeora, además, cuando penetra la mezquindad política. Eso ocurrió en Buenos Aires con la puja entre Daniel Scioli y el gremio de los maestros.
Nadie pudo estar en contra del reclamo de los gremialistas docentes por mejoras de sueldos en un país cuya inflación se proyecta para este año por encima del 30%.
Esa es una responsabilidad de la mala praxis de Cristina y de su elenco. Nadie podría negar tampoco que los desbarajustes económicos del Gobierno impactan en Buenos Aires y establecen límites para Scioli. Aunque habría que desmenuzar el criterio con que su administración maneja fondos públicos. Los docentes resultaron la cara visible de un pleito extendido. Hay paros en los hospitales públicos, en dependencias estatales y millonarias deudas con los proveedores del Estado. Por ellas, muchos comedores escolares se vieron impedidos de alimentar a los chicos que concurrieron, pese a la huelga.
Cristina también se desentendió de la cuestión, como suele ser su hábito con aquellos que detesta. El kirchnerismo aprovechó para lijar hasta el hueso al gobernador. La larga intransigencia gremial, conducida por Roberto Baradel, permitió permear sospechas. La marcha docente de la semana pasada fue acicateada por los K. La presencia en primera fila de un legislador porteño, delfín del camporista Andrés Larroque, así lo certificaría. El plácido tránsito del dirigente gremial por la televisión pública constituiría otra pista de tal complicidad. El calvario sciolista concluyó, como en otras ocasiones, cuando la Presidenta temió que la huelga docente en Buenos Aires terminara afectando a ella misma. Las clases volverán mañana.
Ese panorama hostil para Scioli no habría sido culpa exclusiva de la maldad kirchnerista. Existe una inocultable debilidad del gobernador, sin reacción para trazar fronteras. ¿Qué necesidad tuvo de acompañar a Cristina en Olivos durante la formalización del ajuste y el tarifazo? ¿Hacía falta que cargara con el costo de una antipática decisión del Gobierno nacional que lo dejó aislado tres semanas en Buenos Aires con el conflicto docente? No habría explicación política para esa conducta. A lo mejor cuadrarían razones de carácter y de personalidad.
De otro modo, tal vez, tampoco hubieran sucedido algunas cosas. Scioli debió conformarse con retener un puñado de gendarmes para luchar contra la inseguridad y el narcotráfico luego de que la Presidenta ordenó su retiro. Los propios legisladores K le vienen boicoteando en la Provincia el proyecto de creación de las Policías municipales. La última jugada en contra suyo se desarrolló en el PJ para ensayar el naufragio de su postulación presidencial. El gobernador supuso que una cumbre partidaria para designar autoridades podía servirle de anclaje a su proyecto. Pero irrumpieron sin aviso Carlos Zannini y Jorge Capitanich. Enseguida Juan Manuel Urtubey, de Salta, proclamó su propia candidatura. Y otros mandatarios optaron por dispersarse. A cargo del timón formal del PJ quedó el jujeño Eduardo Fellner. Un hombre que en su provincia parece rehén del poder paralelo de la piquetera Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru. La estructura pejostista con la que fantasea Scioli quedó de ese modo desvaída.
Era lo que Cristina pretendía.
Ni Hugo Moyano ni Luis Barrionuevo –menos todavía Pablo Micheli, de la CTA– tuvieron en cuenta a Scioli cuando urdieron la huelga nacional que se hará el 10 de abril. Hace rato que el líder camionero dejó de hablar con el gobernador.
“No se entiende qué hace y qué quiere”, acostumbra a comentar. Scioli no es una excepción: el sindicalismo peronista presta poca atención ahora al sistema del PJ. Ocurre también en muchos gremios que todavía forman parte de la CGT K.
Cristina acaba de sufrir en ese músculo otro desgarro. De la huelga nacional participarán dos gremios, transportistas y ferroviarios, que pertenecen a la central obrera oficialista que conduce el metalúrgico Antonio Caló. Sin colectivos y sin trenes el impacto de la medida de fuerza podría ser enorme. Quizás tampoco salgan los aviones porque el gremio de Aeronavegantes resolvió adherir. Allí se hizo fuerte un dirigente del diputado Facundo Moyano, que forzó incluso la salida del asesor letrado del sindicato, el diputado K Héctor Recalde.
Moyano, Barrionuevo y Micheli fundamentaron su medida, sobre todo, en la falta de respuestas salariales y ausencia de alguna política oficial contra la inflación. Como el Gobierno carece de respuestas para esos planteos pretendió deslizar el desafío al plano político. Capitanich aventuró que la huelga sería una jugada en favor de la candidatura opositora de Sergio Massa. Nunca pudo explicar qué harán en ese paro gremios clave de la CGT K. Menos aún, que la réplica a su denuncia haya correspondido al gremialista Héctor Daer. Fue elegido diputado por el massismo en octubre pero su sindicato, el de Sanidad, está enrolado en la CGT oficialista. Así de enrevesada es la política en el pandemonio peronista.
Massa teme que, al haber sido ungido por Cristina como su peor enemigo, algún episodio extraño pueda acontecer en su comarca, la de Tigre. Son apenas presunciones. El líder del Frente Renovador debería ser más agradecido: la Presidenta lo condena por insistir con la inflación y la inseguridad, las dos cuestiones que han divorciado a su Gobierno de las mayorías.
El país vivió la semana pasada, en ese sentido, sucesos horrorosos. Un presunto ladrón de 18 años fue muerto a golpes en Rosario por vecinos enfurecidos. Dos casos similares no tuvieron un epílogo fatal de casualidad. Cristina continúa ante ese drama impávida y silenciosa. ¿Esperará una tribalización de la sociedad para hacer algo?
