Jorge Capitanich habló de alevosía contra los que insisten con esa cuestión. También afirmó que se bate el parche con los narcos porque el dólar está sosegado. El propio funcionario había afirmado en enero, durante la disparada del dólar, la existencia de un vínculo impreciso entre los narcos y la escalada del blue.

Capitanich resulta ya inexplicable. Por orden presidencial puso fin además a las diferencias públicas entre Agustín Rossi y Sergio Berni. El ministro de Defensa sorprendió con un brote de autonomía cuando aseguró que nuestro país dejó de ser una tierra de tránsito de la droga para convertirse en productora y consumidora. El secretario de Seguridad lo negó de modo tajante. El jefe de Gabinete laudó, por supuesto, a favor de Berni.

La Presidenta brama también cada vez que se asocia a la Argentina con la trágica experiencia de Colombia. Otro de sus portavoces, el titular de la Sedronar, el cura Juan Carlos Molina, sostuvo que es descabellado comparar ambos casos y que el problema está aquí sobrevalorado.

Los colombianos pensaron mucho tiempo lo mismo hasta que cayeron en un pozo negro del cual, con políticas globales, parecen empezar a salir. Nadie sabe si Molina accedió todavía a los precisos y pavorosos informes elaborados por el organismo durante la gestión anterior. En ellos se radiografía la composición actual del narcotráfico: el negocio de menor volumen, que circula mucho en las villas miserias, sería administrado sobre todo por peruanos, paraguayos y bolivianos; en la gran ruta del lavado de dinero se detectaría, en cambio, la preeminencia de ciudadanos colombianos asentados en Buenos Aires. Todo, por supuesto, con el soporte de las redes sociales.

En la misma semana, el titular de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo, advirtió que “no podemos acostumbrarnos a convivir con el delito y la muerte”. Lo dijo al vincular la inseguridad con el auge narco. Dos días después la Corte Suprema alertó en similar dirección. La simultaneidad no pareciera casual. Jueces y sacerdotes habían actuado mancomunadamente, por igual motivo, en noviembre pasado.

Los dirigentes que cada tanto salen de sus cápsulas de poder poseen una visión distinta a la de Cristina. Uno de los tres intendentes más poderosos del Conurbano, de extracción peronista, sostiene que el aumento de la violencia en los delitos tiene relación directa con la presencia de la droga.

Y que se potenció durante el 2013. Se queja de la falta de recursos para enfrentar el fenómeno e interpela sobre la vulnerabilidad inmigratoria de nuestro país. Hace pocos días fue alertado sobre inversiones en la compra de terrenos en una zona próspera de su distrito. Los inversores serían de nacionalidad peruana. Los primeros informes de inteligencia que recogió mencionan una posible relación con el tráfico de drogas. Existen barrios enteros de Quilmes y San Martín, entre varios municipios, donde la Policía ni siquiera se anima a ingresar.

La Presidenta acaba de resolver el retiro de los gendarmes que había enviado a las provincias para combatir la inseguridad durante la campaña electoral. Pretende que regresen a las fronteras que desde hace años están desguarnecidas. El espacio aéreo también pero la radarización sigue detenida.

Sólo Daniel Scioli consiguió retener una parte de los efectivos que patrullan regiones de Buenos Aires. Santa Fe quedó, en ese aspecto, casi desolada. Rosario se asoma al récord de un crimen por día en lo que va del año, aunque no todos parecen ligados al imperio de los narcos. Antonio Bonfatti, el gobernador, estuvo en enero en Washington y recibió días atrás a un experto del FBI que investigó los carteles en México y Colombia. No fue el único mandatario provincial que rastreó esa colaboración. Al unísono, Héctor Timerman acusó a EE.UU. de ser el primer responsable por el problema de las drogas. Respondió así a un informe anual del Departamento de Estado con críticas acerca del narcotráfico y la corrupción en la Argentina. Las líneas de acción kirchneristas parecieran siempre zigzagueantes y difíciles de comprender. Fue por esa imprevisión que la representación de la DEA (la agencia antinarcóticos de EE.UU.) en nuestro país quedó casi desmantelada.

Había tres delegados y ahora hay sólo uno.

¿Por qué motivo Cristina, en ese contexto, fogoneó en el Congreso la necesidad de aprobar la reforma al Código Penal? ¿No calculó que se convertiría en un debate insostenible para el kirchnerismo? ¿O lo hizo para ocultar detrás de esa nube otras cosas que molestan más, como el ajuste económico o el conflicto docente? Muchas palabras se arrojaron al aire sobre aquel proyecto –en especial la reducción de penas para delitos comunes– aunque otras pasaron casi inadvertidas. Por caso, la atenuación de sanciones para ilícitos relacionados con la producción y comercialización de estupefacientes y el financiamiento de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

La lucha contra la inseguridad y el narco no podría abordarse sólo con un cambio en el sistema penal. Tampoco quizá desde un simple endurecimiento de las condenas. Habría que atender, a la par, un esquema penitenciario desquiciado (con fugas permanente de presos), el serio déficit de la Justicia procesal-penal y la inoperancia y cierta complicidad de las fuerzas policiales y de seguridad. La Argentina tiene antecedentes magros en la búsqueda de soluciones por espasmo. Después del asesinato de Axel Blumberg, en 2004, se produjo una conmoción social con marchas lideradas por su padre, Juan Carlos. Hubo un incremento de penas, por entonces, para varios delitos con el fin de apaciguar reclamos.

Pero la inseguridad y el narcotráfico continuaron en ascenso.

El Gobierno jamás supo qué hacer. El sentimiento de indefensión ciudadana se fortaleció.

Sobre ese pivote actuó Sergio Massa para convertir la reforma del Código Penal en un proyectil contra el Gobierno. También forzó apresurados reacomodamientos en el resto del arco opositor. El líder del Frente Renovador no inventó nada: su campaña y su victoria electoral se cimentaron sobre un mensaje que giró, en especial, alrededor de la inseguridad y la inflación.

Cristina terminó reconociendo que el alza de precios no era aquel que dibujó por años el INDEC de Guillermo Moreno. Habrá que ver cómo continúa la tendencia cuando se divulgue el índice de febrero. Otra admisión de un pico inflacionario –superior al de enero– podría perturbar del todo las paritarias que se avecinan. El kirchnerismo descalificó las advertencias de Massa sobre el Código Penal pero eludió entrar en cualquier discusión de fondo.

El ex intendente de Tigre tuvo en su recorrido dos cosas a favor. La prédica de la diputada Graciela Camaño, didáctica e implacable para despellejar el proyecto del Código Penal. Camaño no retacea reconocimiento a Raúl Zaffaroni, el juez de la Corte Suprema que comandó la comisión de la reforma. Aunque sostiene que su visión jurídica y académica estaría disociada de la realidad social argentina.

Subraya que el nuevo texto ni siquiera sería garantista: habla de abolicionismo directo. La otra mano a Massa fue tendida involuntariamente por el diputado ultra K, Carlos Kunkel: siempre una crítica suya, suma.

La onda expansiva del massismo confundió a los demás opositores.

Saltaron chispas entre radicales y socialistas. La UCR se terminó abroquelando en contra del proyecto y dejó en soledad a su principal especialista, Ricardo Gil Lavedra, que participó en su confección. Hermes Binner respaldó el Código Penal y se enojó con el senador de la UCR, Ernesto Sanz. Bonfatti se apartó de Binner: “No es momento de bajar ninguna pena. Esto no es Suiza”, disparó. Mauricio Macri también hizo retroceder al PRO. El kirchnerismo se quedó sin socios circunstanciales. Era previsible: nadie quiere quedar emparentado al Gobierno cuando se ha iniciado la carrera por el 2015.

También es verdad que esa competencia será prolongada. ¿Qué pudo haber conseguido Massa con su maniobra? Posicionarse sobre la inseguridad como un opositor irrestricto.

Dejar a Scioli asociado al Gobierno, ya que el despegue del mandatario sonó módico y tardío.

Probar que los temas parlamentarios podrían trasladarse hasta la calle. Esa es la intención de su llamado a una consulta popular mediante recolección de firmas. El líder del Frente Renovador presume que en este par de años pocas cosas fructíferas alumbrarán en el Congreso. No sería ese el sitio elegido para labrar su candidatura presidencial.

Su apuesta encierra, de la misma manera, algunos riesgos. ¿Qué pasará, como se presume, si esa reforma al Código queda en la nada?

“Otro triunfo, como el de la inflación”, apunta Massa. ¿Qué sucederá si la sociedad no percibiera, más allá de esos esfuerzos, ninguna mejora en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico?

Tal vez, la decepción. Tal vez, además, un desgaste para el candidato. La sombra de lo que le ocurrió a Francisco De Narváez en el 2009 –que hizo de la lucha contra la inseguridad su lema– podría elevarse otra vez.

Cristina repite en su retorno a la plenitud de acción muchas de sus viejas fórmulas.

La negación de los problemas es una de ellas. Pero la escena va mutando. Ni la política ni la economía la acompañan como en tiempos pasados. Con un agravante: debe gobernar en la adversidad, por primera vez, sin ningún horizonte.