La alternativa era la objeción parcial el plan del multimedios, con argumentos más políticos que técnicos, que hubiera terminado en un largo proceso judicial. La judicialización del trámite es la única opción que descartó el cristinismo. La Corte Suprema ya le hizo saber al Gobierno que no permitiría que se aplicara la ley con un trato desigual a los distintos operadores.

También hizo saber que no permitiría que en su instrumentación se agreda la libertad de expresión.

Para la Afsca no es lo mismo Clarín que cualquier otro medio, mucho más si se lo compara con los medios amigos. De hecho, los medios audiovisuales de Clarín reciben una cantidad mucho mayor de multas y de apercibimientos que los otros protagonistas del espectro de radio y televisión. Pero ésas son resoluciones que se dictan en secreto, en la grisura de la burocracia. Otra cosa hubiera sido un trato no igualitario en la cuestión fundamental de la propiedad. Entre aprobar las propuestas de todos o arremeter contra todos (los amigos del poder son todos vulnerables frente a la ley), el oficialismo prefirió, en este primer paso, aceptar las adecuaciones de algunos. Entre ellos, la de Clarín.

El segundo paso, que sucederá cuando Clarín informe sobre los futuros dueños tras la fragmentación del Grupo, podría ser más conflictivo. La ley sólo exige que las empresas estén debidamente separadas y los dueños sean solventes. Clarín podría tranquilamente dividir el actual holding en una serie de empresas controladas de manera separada por sus dueños actuales. Fuentes de la empresa negaron que esa posibilidad ya sea una decisión corporativa. "Se están analizando todas las alternativas", dijeron. De todos modos, ése será el momento en que el Gobierno pondrá especial atención sobre la propuesta de Clarín. ¿Quién es quién? ¿Hay capacidad económica en cada uno de los eventuales propietarios? El cuestionamiento político volverá, quizás, a prevalecer sobre el criterio técnico. Podría prevalecer, también, sobre la letra y el espíritu de la propia ley del kirchnerismo.

Eso sucederá dentro de seis meses, según el plazo estipulado por la ley, aunque Clarín podría resolver antes su notificación a la Afsca sobre los nuevos dueños. De todos modos, tampoco le sobra el tiempo. Entre reuniones de directorios y de asambleas de accionistas, entre notificaciones a la Bolsa y a la Inspección General de Justicia, la burocracia le consumirá unos cuatro meses. Ese es el aspecto instrumental de una decisión política de la empresa que nadie conoce, si es que ya la tomó, y que consiste en determinar quiénes serán los titulares de las varias empresas que reemplazarán a la empresa Clarín.

Sea como fuere, lo cierto es que la ley dejará a varios conglomerados de medios, que antes eran uno solo, menos independientes de lo que eran. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia dijeron siempre que ellos no evaluaron si la ley era buena o mala, sino si era constitucional. Una mayoría de cuatro votos, sobre un total de siete, la declaró constitucional. La separación de la empresa en varias empresas, con administraciones distintas, con ejecutivos diferentes, con un sistema de compra también distinto, encarecerá el financiamiento de esos medios. En un mundo donde es habitual leer noticias sobre fusiones de grandes empresas de comunicaciones, el gobierno argentino prefirió la regresión de fragmentar lo que ya estaba.

No sólo hay un mundo diferente, sino también un país muy especial. Un país, por ejemplo, en el que un funcionario puede cerrar en 24 horas las puertas de la publicidad privada, o de la parte más importante de ella, para los medios independientes. Uno de los grupos empresarios en los que se dividirá Clarín, por ejemplo, reúne a Canal 13, a radio Mitre y al canal de noticias TN. Todos ellos fueron, en su momento, víctimas del boicot publicitario ordenado por Guillermo Moreno. La medida se fue distendiendo luego, sobre todo en la radio, pero sigue vigente para los diarios (sobre todo, para LA NACION, Clarín y Perfil) y nunca volvió a ser lo que era para los medios audiovisuales independientes.

La estrategia de encarecer las administraciones de las empresas y, al mismo tiempo, de sacarles recursos genuinos es la mejor manera de condicionar la independencia de los medios. Digan lo que digan, los medios pueden ser independientes sólo cuando tienen independencia económica. En el escenario audiovisual, Clarín compite además con empresarios que tienen monumentales negocios sin ninguna relación con el periodismo o la comunicación. Es el caso de Cristóbal López o de Telefónica. O el del multimedio Vila-Manzano, con importantes inversiones en el negocio petrolero.

Fuentes de la Afsca dijeron que la intención de su titular, Martín Sabbatella, es negarle la autorización a Telefónica para seguir controlando Telefé, porque aquélla es una empresa extranjera y de servicios públicos. El veto de la ley es doble en ese caso. Un rumor creciente en el mercado de las comunicaciones indica que sería Cristóbal López quien compraría Telefé. La compra de López de Ideas del Sur, la empresa de Marcelo Tinelli, y la contratación de éste como conductor por el lapso de más de una década, indican que la ambición del empresario del juego y del petróleo es mucho más grande que un canal de noticias (C5N), que ya está en su poder. López le ha demostrado ya al gobierno nacional el grado de su lealtad: desmanteló C5N y Radio 10, que fue líder en el rating durante una década. ¿Importa que esos medios pierdan audiencia y credibilidad? No. Los crecientes negocios de López son el juego y el petróleo.

Es raro que la "democratización de la radio y la televisión" se haya convertido en un bandera levantada en los tragamonedas de los casinos. Más extraño aún es que la "madre de todas las batallas" resulte un pobre combate de burocracias. La única pregunta sin respuesta es hasta dónde quedará herida, entre tantas insignificancias, la independencia de un medio independiente.