Una lógica tan perversa como descabellada. He ahí la naturaleza operativa del Gobierno en el empeño de crear fantasmas. Se ha especializado en una ficción: inventar enemigos para victimizarse y eludir responsabilidades ante la escalada de gruesos errores en que incurren sus agentes. Con la misma perseverancia con la cual ha insistido en la industrialización de los derechos humanos para facturarlos a su antojo o ponerlos de lado según sean las conveniencias prácticas de coyuntura, ahora vuelve a instalar la falsa idea de un golpe institucional. Lo hace con la frescura de quien ha manipulado las estadísticas nacionales hasta hacerlas irreconocibles con la realidad.

No hay un solo indicio ni prueba de que se esté gestando alguna conspiración de las que denuncia, pero insiste en la existencia de maniobras para desestabilizarlo. Según el kirchnerismo, son golpistas tanto los efectivos de seguridad que reclaman un aumento de salarios con procedimientos que llegaron, sin duda, a sumir en la desprotección a grandes centros urbanos, como los medios de prensa que informan con independencia del poder político; también los bancos, los sindicatos, los caceroleros, el campo, los jubilados, los artistas, los ahorristas, la CIA y, desde luego, el Pentágono.

En su temeraria interpretación del contexto, para el Gobierno es desestabilizadora la Justicia que se atreve a ejercer con independencia los deberes constitucionales y a la que el Poder Ejecutivo y los legisladores que le responden pretendieron desarticular. Si no lo han conseguido aún sino de forma parcial ha sido por la poderosa manifestación de opinión pública que ha respaldado la valla opuesta para ello desde el seno del Poder Judicial.

El último mensaje presidencial ha estado en aquella línea. La Presidenta procuró mostrarse convencida de que enfrenta un golpe económico dirigido a destituirla. Habló de "maniobras especulativas y de mercado" y cargó contra los ahorristas en dólares, a los que cuantificó y amenazó con quitarles subsidios de servicios públicos. Lo hizo sin tomar nota de que esos subsidios provienen del corazón de una política que le pertenece. La venta de dólares, autorizada dentro de un sistema de pautas minuciosas, desmiente, por definición, que el cepo cambiario haya sido erradicado y desmiente, de igual manera, que el ahorro en esa moneda provenga sólo de sectores con mayor poder adquisitivo de la población. Medio millón de adquirentes en operaciones de unos días controladas con riguroso espíritu policial certifican la desconfianza profunda que ha calado en amplias franjas de la población sobre las aptitudes de la política gubernamental para preservar el valor de la moneda argentina.

Lamentablemente, no se trata de acusaciones nuevas. Entre otros destinatarios, el kirchnerismo ha hecho caer bajo la caracterización de golpista, desestabilizador o destituyente a numerosas personas e instituciones. Apenas unos datos sirven para dimensionar el cuadro:

El campo . Fue denunciado por primera vez por Néstor Kirchner en 2008, cuando el sector de mayor productividad en el país, generador de los ingresos externos excepcionales de estos años, se rebeló contra las confiscatorias retenciones de las cuales el Gobierno ha medrado para sus aires de grandeza sin sustentos reales. El ex presidente lo comparó con "los comandos civiles antiperonistas de 1955" y con "las fuerzas de tareas de la dictadura del 76".

La UCR . Ese mismo año, el ministro Florencio Randazzo acusó a la UCR de golpista por pedir al entonces vicepresidente, Julio Cobos, que votara en contra de la ley de retenciones móviles.

La oposición en general . Según la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio, la eventual elección de un presidente de la Cámara de Diputados por parte de la oposición triunfante en los últimos comicios hubiera sido "un golpe institucional". Hace pocos días, Jorge Capitanich, jefe de Gabinete, también calificó de desestabilizadora a la oposición por entender que "genera pesimismo para esmerilar al Gobierno". Entre otros dirigentes políticos tildados de golpistas por el oficialismo, figuran Elisa Carrió (UNEN), Sergio Massa (Frente Renovador), Laura Alonso y Federico Pinedo (Pro), José Manuel de la Sota (justicialismo), Oscar Aguad y Ricardo Colombi (radicales).

La CGT no oficial . Fue acusada de destituyente por convocar a una movilización en 2012 y, más recientemente, por el diputado kirchnerista Edgardo Depetri, al decir que el sindicalismo barrionuevista preparaba una embestida destituyente al poner en duda la salud de la Presidenta.

Gendarmes y prefectos que encabezaron la huelga de 2012 fueron acusados de golpistas porque reclamaban dejar de percibir en negro una parte del sueldo.

La Corte Suprema de Justicia . Ofuscado por la declaración de inconstitucionalidad del más alto tribunal respecto de parte de la reforma judicial, el diputado kirchnerista Carlos Kunkel acusó a los magistrados de "adherir a todas las interrupciones del orden constitucional" desde 1930.

La "corporación mediática" . El Gobierno concentra sus denuncias de golpe contra LA NACION, Clarín y Perfil; las intensifica ante cada información o comentario que pone al descubierto lo que procura ocultar: en primer lugar, los nidos de corrupción en la esfera pública y en el plano de notorios acompañantes de ámbitos más privados.

Los caceroleros . Muy pocos en el oficialismo se privan de tildar de golpistas las convocatorias de ciudadanos sin compromisos partidarios que abogaron por cambios drásticos en la política oficial.

Las protestas de las policías provinciales . El Gobierno las tildó de desestabilizadoras y apuntó directamente contra el concejal massista de Lanús y ex jefe policial Salvador Baratta.

Organismos internacionales . Bajo esa batuta inculpadora también cayeron la CIA, a la que Cristina Kirchner adjudicó en 2007 la conjura del descubrimiento de una valija con 800.000 dólares ingresados ilegalmente en el país en un avión rentado por el gobierno nacional y que trasladaba a funcionarios argentinos. Cuatro años después, tras la lamentable actuación del canciller del alicate, en Ezeiza, que incautó la carga de un avión norteamericano con pertrechos militares, en el Gobierno lanzaron la versión de que los Estados Unidos podrían estar vinculados con un ingreso ilegal de drogas para perjudicar a nuestras Fuerzas Armadas.

Consultoras privadas . Han sido destinatarias de continuos agravios y acusaciones llevadas a la Justicia por considerar destituyentes sus mediciones de la inflación real o por revelar estadísticas demostrativas de la falsedad del relato oficial. Fueron colocadas en esa situación las consultoras de Orlando Ferreres, FIEL, Bein & Asociados (con cuyo titular el gobernador Scioli apareció días atrás en una foto sugestiva), Ecolatina, Finsoport, Econviews, Buenos Aires City, Gabriel Rubinstein y Asociados, Economía & Regiones, abeceb.com y M&S Consultores, entre otras.

Periodistas y empresarios periodísticos . Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, es el preferido del kirchnerismo a la hora de las acusaciones de golpismo. También endilgó ese mote a destacados periodistas y colaboradores de este diario y de otros medios de comunicación y a intelectuales como Beatriz Sarlo.

Artistas y cineastas . Ricardo Darín, Fabián Gianola, Mirtha Legrand, Alfredo Casero y Juan José Campanella fueron cuestionados por "actitudes desestabilizadoras" por criticar aspectos de la política oficial o poner en duda la procedencia de las fortunas personales de algunos funcionarios.

Bancos y petroleras privadas . La acusación más reciente de desestabilización estuvo dirigida a los bancos, de los que se dijo que especulan con el dólar, mientras que funcionarios nacionales cargaron una vez más contra Shell, por haber comprado esa divisa en una operación para la que la empresa declaró que había contado con autorización oficial.

Es difícil asumir con seriedad que haya tantas expresiones desestabilizadoras de un gobierno en cuyas raíces mismas se perciben síntomas llamativos de desorden emocional y político. Más bien, las acusaciones han sido parte de una metodología con la cual ha armado a lo largo de años nubes de humo para desviar la atención pública de las consecuencias de graves desvaríos. No ha habido nada más beligerante en la década de un gobierno con obsesión acaparadora de poder que la violencia verbal, los maltratos, engaños públicos y humillaciones con los cuales se ha pretendido anular cualquier atisbo de crítica. Tal vez nunca en la Argentina contemporánea haya habido un espíritu más generalizado de aceptar hasta sus últimas consecuencias el cumplimiento de lo que ordena la Constitución nacional respecto de los mandatos consagrados por voluntad popular. Está afirmada en la conciencia ciudadana, como nunca, la comprensión de que no debe haber excusa alguna para que los gobernantes agoten, dentro del orden legal, el tiempo de sus mandatos. Se trata de que la responsabilidad por sus actos caiga sobre sus espaldas y no sobre las de quienes hayan de sucederlo.

Si algo hay para denunciar, deberá formulárselo en el ámbito institucional que corresponda. La falsa denuncia, por su parte, debe ser condenada. De lo contrario, el Gobierno cava el piso sobre el que se asienta, como si no tuviera asuntos más saludables y urgentes que atender. Así lo señala el resultado de las elecciones de octubre último y lo profundizan, respecto del estado de la opinión pública, las tendencias reveladas en las últimas semanas.