El pedido de declaración indagatoria que formuló el fiscal Jorge Di Lello para el vicepresidente por el escándalo Ciccone impacta en el plano institucional. Se trata, nada menos, que del primer hombre en la línea sucesoria. La economía viene a los tumbos hace rato y provoca –por la inflación irrefrenable– un viraje brusco en el humor social. La Presidenta se pelea con el sindicalismo, incluso el propio, y desatiende al viejo sistema peronista. Jorge Capitanich, el jefe de Gabinete, arrancó hace dos meses con aires de autonomía pero ha terminado como rehén de La Cámpora y de los talibanes cristinistas.
Por ese motivo pretende regresar al Chaco.
Cristina tuvo en su recorrido presidencial otros trances complicados. Durante el primer mandato sumó al innecesario conflicto con el campo la fractura de la relación con Julio Cobos, por entonces su vicepresidente. También padeció la derrota en las legislativas del 2009. Pero contó con dos factores determinantes para la recuperación: una levantada de la economía en el 2010 y el oficio político de Néstor Kirchner.
La economía brinda ahora una mayoría de señales negativas. Y el ex presidente ya no está.
La Presidenta siempre reprochó a Kirchner la decisión de haberle colocado a Cobos como compañero de fórmula y ladero inicial de su Gobierno. Boudou fue, en cambio, una obra suya e inconsulta que sorprendió a todos. También al kirchnerismo. Su ruptura con Cobos, por otro lado, derivó de un conflicto político (posiciones distintas en la puja con el campo) que popularmente, en principio, se saldó en favor del dirigente radical. Después de errores y altibajos, el ex vicepresidente recompuso su imagen y logró ubicarse en la grilla de los presidenciables para el 2015 con una holgada victoria en Mendoza en octubre. Boudou, en cambio, podría llegar a ser procesado por corrupción y atesora la peor valoración popular entre los miembros del Gobierno.
El escándalo tendría, por ende, consecuencias políticas directas sobre la Presidenta.
No únicamente por haber sido la responsable de la unción de Boudou. También por el estropicio que armó en el Poder Judicial cuando despuntaron las denuncias sobre el caso Ciccone. Hizo renunciar al Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Empujó hasta el umbral de un juicio político al juez inicial de la causa, Daniel Rafecas. Apartó al fiscal, Carlos Rívolo, encargado de revolver la basura oculta del entuerto. No quedarían dudas tampoco de que a partir de ese momento, con el asesoramiento clave de la nueva Procuradora, Alejandra Gils Carbó, pergeñó la reforma judicial que pudo ejecutar sólo en parte.
Esa parte transparentó la intención de ocupar con propia tropa lugares en la Justicia, que asegure algún resguardo cuando se aproxime el momento del eclipse total de su poder.
El pedido de indagatoria a Boudou que hizo el jueves el fiscal Di Lello podría haber sido formulado varios meses antes. La mayoría de las pruebas que posee corroborarían los dichos de la familia Ciccone: que el vicepresidente, antes que traficar influencias para el levantamiento de la quiebra, habría maniobrado para intentar quedarse con la empresa.
Se trata de una empresa que se encargó, en acuerdo con la Casa de la Moneda, de imprimir billetes moneda nacional. No boletos de tren. También se hizo cargo de la impresión de las boletas electorales para los comicios del 2011, que consagraron justamente a Cristina y a Boudou.
Ya en noviembre Ariel Lijo, el juez que sustituyó a Rafecas, había confiado que también poseía elementos suficientes para llamar a declarar a Boudou. ¿Por qué razón no lo hizo?. ¿Por qué esperó la solicitud de Di Lello?. Los jueces suelen actuar, al menos en nuestro país, en sintonía con el pulso político. Después de la derrota en las primarias de agosto sobrevinieron el percance en la salud de Cristina y el sopapo de octubre en las urnas.
“Hubiera sido como disparar un tiro de gracia”, explicó un avezado magistrado. La misma frase, casual o no, que utilizó el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando con su voto concedió el triunfo total al Gobierno con el fallo a favor de la ley de medios. Eso ocurrió dos días después de la derrota K, aquel domingo 27 de octubre.
Di Lello es un veterano fiscal ligado históricamente al peronismo. Lijo es bastante más joven, vinculado a la carrera judicial aunque también con arrastre peronista. Su carrera sería prioritaria: no está dispuesto a hipotecarla por una causa en la cual el vicepresidente habría dejadodemasiadas huellas. El juez tiene otra brasa entre manos: la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito de Boudou.
Estaría azorado por las inconsistencias entre el patrimonio y los ingresos declarados por el vicepresidente. Estaría azorado además por otras comprobaciones: la conformación, por ejemplo, de cinco sociedades entre Boudou y sus amigos con titularidades distintas. Sin embargo, habría descubierto en un acta que todos declararon bajo juramento ser propietarios de esas cinco firmas. No abundaba la confianza, al parecer, entre el grupete.
¿Actuó Di Lello por decisión propia o recibió alguna señal desde el círculo íntimo de Cristina?. Se sabe el fastidio que Máximo Kirchner y Carlos Zannini dispensan a Boudou. El secretario Legal y Técnico conoce bien las pruebas que guardan el fiscal y el juez. Pero ambos funcionarios prestaron atención, antes de avanzar, al escenario político que empezó a moldearse desde la enfermedad de Cristina. Boudou fue abruptamente relegado cuando debió ejercer la presidencia interina. Hasta lo borraron de actos nimios y formales. La semana pasada reapareció en la Casa Rosada alejado de Cristina, sin respeto por lo que suele aconsejar el protocolo. El vicepresidente terminó recluído en su oficina del Senado barruntando que podría llegar un mal momento. No tuvo más esperanzas luego de la última declaración de Ricardo Echegaray. El titular de la AFIP ratificó ante el juez que Boudou le pidió primero por el levantamiento de la quiebra de Ciccone y luego para que concediera un excepcional plan de pagos. Eso figura en un documento que Echegaray le hizo firmar al vicepresidente. Pero para Di Lello, el comportamiento del recaudador tampoco habría sido claro. A raíz de eso lo incluyó entre los once convocados para una declaración indagatoria.
Cristina no parece dispuesta a entregar al vicepresidente aunque signifique para ella sólo un trastorno político.
No hizo todo lo que hizo estos años en la Justicia para ceder mansamente a sus alfiles. Lijo tiene todavía un largo camino procesal por recorrer antes de convocar a Boudou. Pero el magistrado y el fiscal cumplieron con la misión de dejar constancia pública de que la causa por el escándalo Ciccone no está cajoneada ni muerta.
El cristinismo no dará la vida por Boudou pero varias de sus principales voces, luego de la orden de la Presidenta, salieron a defenderlo. Volvieron con la monserga de la campaña mediática. Lo que sucedió en el Senado podría también representar, en parte, una pista de aquella estrategia defensiva. A fin de este mes se deberán renovar las autoridades de esa Cámara. La presidencia provisional está ahora en manos de Beatriz Rojkés, la esposa del gobernador de Tucumán, José Alperovich. En el interior del kirchnerismo se desató una puja por la sucesión.
Los senadores de cuño peronista pretenden encumbrar a Miguel Pichetto, que cuenta además con el apoyo de Daniel Scioli. Zannini, con autorización presidencial, pretende catapultar al radical K y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
Pero no le alcanzarían los votos para imponerlo.
Cristina cree que lo mejor será una salida salomónica: la continuidad de Rojkés. Una señal, por otra parte, acerca de que no esperaría en lo inmediato ningún tropezón irremediable con Boudou.
Se percibe un temblor subterráneo que atraviesa al peronismo y expande su onda expansiva. Gabriel Mariotto, el vicegobernador de Buenos Aires, se convirtió de repente en un espadachín de Scioli. Diana Conti cruzó al titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, cuando afirmó que el gobernador bonaerense no lo representaba como potencial candidato. Domínguez articuló un documento que denunció una hipótetica conspiración contra Cristina y maniobras para forzarla a una devaluación que, en verdad, el Gobierno viene haciendo hace tiempo. Sólo en enero depreció el peso un 25%. Domínguez aseguró que el texto contaba con el respaldo de 130 legisladores oficiales.
Pero sólo se pudieron contabilizar 32 firmas.
El peronismo observa a Cristina y se inquieta. En los últimos dos meses el país asistió a rebeliones policiales, saqueos, crisis energética y cortes de luz, pérdida persistente de reservas y un espiral de inflación. Cristina buscó culpables de esos males en empresarios, banqueros, sindicalistas, opositores, economistas y medios de comunicación. Capitanich acusó en un par de semanas por la fuga de divisas a banqueros y narcotraficantes. El martes la Presidenta dirigió la mira contra trabajadores registrados, al parecer muchos del gremio de camioneros.
Todos signos de turbación de un Gobierno que sólo vive el día a día. Cuyo único horizonte es el inevitable adiós.
