El llamado acuerdo entre los eslabones de la cadena petrolera que anunció anteayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, mostró 24 horas más tarde algunas de sus facetas más endebles. A toda prisa, la estatizada YPF, Esso (Axion), Petrobras y Oil aumentaron sus combustibles por la noche, tal como había autorizado un día antes Kicillof. Pero Shell, que se espera que retrotraiga los precios como resultado del convenio (tácito, dado que no se firmó un solo documento que los respalde), aún esperaba la respuesta de sus proveedores para hacerlo.
YPF, que despacha más de cinco de cada 10 litros de combustibles que se venden en el país, aplicó ajustes de hasta el 8% en algunas ciudades del país. En la Capital, por caso, la nafta premium subió 6,9% y la súper, 6,5 por ciento. Se trata de valores por encima del 6% que un día antes autorizó el Gobierno. La empresa, sin embargo, justificó esas diferencias en el hecho de que aplicó ajustes de acuerdo con un promedio ponderado en todo el país. Sus competidoras lo criticaron.
Shell, en cambio, mantuvo intactas sus pizarras hasta la noche. Su presidente, Juan José Aranguren, se reunió el miércoles con Kicillof y llegaron a un acuerdo. Por la noche, la empresa le envió una lista de sus proveedores de crudo al jefe de Economía. Y ayer, a través de diversas notas, les preguntó a sus habituales abastecedores si aceptaban el acuerdo que había promovido el Gobierno. Shell bajará sus precios -subió un 12% el lunes, pero debería recortar el aumento al 6%- cuando sus proveedores le contesten su pregunta. Pero algunos de ellos tenían previsto no responderle hasta que los gobernadores de las provincias petroleras manifestaran su acuerdo con el plan de Kicillof, algo que parecía ayer lejano.
Acuerdo endeble
Las discusiones entre los productores de crudo, las refinadoras y el Gobierno, que fueron presentadas por Kicillof como un acuerdo, están muy lejos de serlo, según la interpretación del sector empresario.
En la Argentina, el precio del petróleo se calcula en dólares. Explica un 80% de los costos de las refinadoras, que sufrieron el golpe de la devaluación en lo que va del año.
Kicillof propuso crear un tipo de cambio artificial, de $ 6,88 (el del 21 de enero pasado), para pagar el crudo en febrero y, al mismo tiempo, seguir conversando para crear un sendero de suba para la cotización: $ 7,20 en marzo, $ 7,6 en abril y $ 8 en mayo, en una convergencia con el tipo de cambio actual. Esas modificaciones, naturalmente, irán acompañadas de aumentos en el precio de los combustibles, según explicó el ministro a los empresarios.
Entre las productoras de crudo, sin embargo, apelan a su inventiva matemática para llegar a un precio similar al que propone el ministro, pero sin que se pesifique el mercado. Para que el petróleo no se comercialice a un cambio ficticio, quieren bajar su precio mediante la multiplicación de su valor actual (US$ 83, en el caso del crudo neuquino) por $ 6,88, el cambio que propone Kicillof, y dividirlo por $ 8, el actual. El resultado da US$ 71,40 por barril, es decir, mucho más bajo que el precio actual.
Quienes no quieren saber nada de aritmética son los gobernadores. Tienen un argumento lógico: cobran regalías sobre el precio real de venta de los hidrocarburos, por lo que si se aplica cualquiera de las recetas que están circulando, resignarían ingresos en un momento en que más los necesitan.
El neuquino Jorge Sapag, jefe político del principal distrito productor de hidrocarburos, criticó la intención del Gobierno. Y ayer, el secretario de Hidrocarburos de su provincia, Guillermo Coco, sostuvo que las inversiones en la formación no convencional Vaca Muerta disminuirían drásticamente si se pesifica el mercado.
Ambos criticaron, además, que desde el Gobierno no les hayan avisado nada acerca de las negociaciones.
En las reuniones con los empresarios, Kicillof les prometió que él se encargaría de conducir el diálogo con los gobernadores. Aún están esperando el llamado.