Jorge Capitanich viene de realizar en las últimas dos semanas un curso acelerado de cristinismo básico. Aunque cada mañana sigue apareciendo frente a los micrófonos y las cámaras de TV, el contenido de sus palabras tuvo un giro de 180 grados: ante cualquier pregunta urticante, ahora se dedica mayormente a bajar línea o a repetir la que le bajan desde el despacho presidencial. Después de haber abierto la expectativa de rectificaciones para corregir problemas, pasó a negarlos o subestimarlos. Y en vez de recrear el relato oficial, lo hizo suyo.
Está claro que este aprendizaje incluye el abecé del discurso de Cristina Kirchner, según el cual sólo deben comunicarse buenas noticias (aunque más no sea una ínfima recuperación de reservas tras una caída anual de 12.000 millones de dólares) y buscar culpables ajenos para todos los desequilibrios provocados por las propias políticas del Gobierno. La explicación es obvia: al cabo de diez años y siete meses en el poder, el kirchnerismo está cosechando lo que sembró. Y no podría atribuir los problemas a otra herencia que no sea la propia.
De otra manera no podría comprenderse que, en 48 horas, el jefe de Gabinete haya pasado de proponer cortes rotativos de luz, a arrepentirse públicamente y luego a amenazar con la reestatización de Edenor y Edesur. Todo sin hablar de los desequilibrios generados por la insostenible política de subsidios que mantiene congeladas durante 11 años las tarifas en el área metropolitana y desfinancia inversiones para mejorar la red. O que haya relanzado los primeros acuerdos de precios de la era post-Moreno, durante un acto en el que la única mención a la inflación estuvo en la pregunta de un periodista, contestada con evasivas.
Por su formación económica, Capitanich no puede afirmar sin sonrojarse que el sector público está en equilibrio en 2013 porque se compensan el resultado fiscal y el cuasifiscal del Banco Central (transferencias de "utilidades" al Tesoro). Aunque haya atribuido el enfoque contrario a visiones "virulentamente ortodoxas", la realidad indica que el sector público nacional apunta este año a un déficit financiero equivalente a 3,6% del PBI (unos 100.000 millones de pesos). Y que ese creciente desequilibrio es financiado por la "maquinita" del BCRA, en una magnitud que genera presiones inflacionarias y/o cambiarias si no repunta la demanda real de dinero. De hecho, las "utilidades" son contables porque surgen de valorizar el deteriorado stock de reservas a un tipo de cambio oficial 30% más alto que el de hace un año, al haberse acelerado el ritmo de devaluación. Pero, a su vez, esta estrategia devaluatoria -además de quitarle un ancla a la inflación- encarece las importaciones de gas y combustibles (que alcanzan a 13.000 millones de dólares) y abulta la cuenta de subsidios estatales a un monto similar al del déficit fiscal ($ 100.000 millones), de los cuales 70% corresponde a la energía. Como puede advertirse, todo tiene que ver con todo.
Aún se desconoce si la reestatización de Edenor y Edesur es una amenaza o un proyecto; pero sí puede preverse que, de concretarse, aumentará el déficit fiscal. Hace meses que estas distribuidoras están al borde de la quiebra debido al congelamiento tarifario y debieron recibir ayuda estatal, tanto para mejorar contablemente sus balances como pagar ajustes de sueldos. No por casualidad el gremio de Luz y Fuerza salió a apoyar prematuramente la advertencia oficial.
Sin embargo, nada asegura que una eventual decisión en este sentido resuelva los problemas eléctricos a corto plazo y más valdría encomendarse para que ceda la ola de calor para evitar más cortes sorpresivos. Aquí tampoco el gobierno de CFK puede dejar de cosechar lo que sembró.
Los subsidios al consumo de electricidad catapultaron la demanda en medio del boom de construcción hasta 2010 y en los últimos cinco años se vendieron más de 4 millones de acondicionadores de aire (cuyo consumo diario equivale al de seis heladeras). Pero como contrapartida, el congelamiento de tarifas frente a una inflación en alza deterioró los ingresos reales de las distribuidoras para invertir en redes (hoy con mínimo mantenimiento), que colapsan ante los picos de demanda estival.
Tampoco hay excedentes de generación eléctrica -que también está fuertemente subsidiada- para atender estos saltos abruptos de consumo, como lo aseguró el incombustible ministro Julio De Vido, avalado por Capitanich. Según el especialista Francisco Mezzadri, las cifras oficiales incluyen la capacidad instalada, pero omiten la generación que no está disponible. Por caso, la central nuclear de Atucha II, que CFK "inauguró" en la campaña electoral de 2011, aún no entró en servicio. La hidroeléctrica Yacyretá opera al 75% por problemas en sus turbinas pese a la elevación de la cota. Y en los proyectos en marcha se incluyen centrales hidroeléctricas (como las del río Santa Cruz) que, con suerte, podrían concluirse dentro de cinco años. Mezzadri sostiene además que la parálisis de inversiones en generación entre 2001 y 2007 llevó al gobierno de CFK a correr detrás del aumento de la demanda y que, en la actualidad, el margen de reserva del sistema se ubica en apenas 0,5%, cuando en el período 1992/2001 alcanzaba a 21 por ciento.
MORENO NO SE VA
Sin mencionar tampoco a la inflación, ni a la fuerte aceleración de noviembre y diciembre, el Gobierno anunció el enésimo "acuerdo" de precios por un año a partir del 1º de enero, limitado a unos 180/200 productos, que permanecerán fijos y uniformes durante el primer trimestre.
Más bien parece una medida destinada a permitir un debut decoroso del nuevo índice nacional de precios que estrenará el Indec y presionar sobre la negociación salarial en las próximas paritarias para evitar aumentos con un piso de 30% anual.
Pero aunque los modales hayan cambiado y los productos incluidos sean más importantes que la irrelevante "canasta nacional" de 500 precios que está en vigor (aunque ya nadie se acuerde), el espíritu de Guillermo Moreno sigue presente.
La instrumentación será más compleja. A partir de abril, se reconocerán ajustes por aumentos de costos caso por caso, pero al control se agregará el de los márgenes dentro de cada cadena. También se habló de retrotraer precios a una fecha no precisada, tras el "colchón" que armaron los supermercados para ofrecer ahora ofertas y promociones. El "control fiscal" anunciado por Capitanich supone que la AFIP reemplazará a Moreno en el seguimiento de precios y que las empresas se ocuparán más de estas cuestiones que de invertir, sin descartar que en algunos casos surjan canales de venta en negro. Y el relanzado "control popular" con militantes del plan Mirar para Cuidar, presentes en la Casa Rosada, que éstos serían más eficaces que los propios consumidores para cuidar el bolsillo, aunque el resultado haya sido decepcionante: en los últimos 12 meses, una veintena de productos de la nueva canasta acumuló aumentos de 35 a 75 por ciento.
Más allá de los matices, con este exceso de intervencionismo y voluntarismo y sin atacar las causas de los problemas, surge otra constante en el gobierno de CFK: anunciar que se pueden conseguir resultados diferentes haciendo casi lo mismo que ya fracasó..
