Sin otra opción, afilan el lápiz y hacen números. Con las cuentas ajustadas, la mayoría de los gobernadores analiza cómo afrontar un combo potente este fin de año: efectuar el pago de aguinaldos, respetar los aumentos salariales prometidos a los policías y maniobrar con los gremios estatales que exigen adelantar las negociaciones paritarias o, como paliativo, recibir un bono navideño.
Casi sin excepción, la mirada de los mandatarios está puesta en el corto plazo y, con preocupación, pronostican un turbulento arranque de 2014, según reconstruyó LA NACION. "Hay que pasar el verano, ni hablemos del inicio de clases", reconoce un gobernador, en una calcada estrategia del paso a paso que se repite entre sus pares.
La inédita protesta policial combinada con saqueos que se expandió por el interior no sólo tuvo un correlato económico, sino que impactó en el tablero político. Después del conflicto, hubo cambios de gabinete en el área de seguridad en tres distritos (Córdoba, Jujuy y Mendoza) y se abrieron investigaciones en las fuerzas que, en cuatro provincias (San Juan, La Rioja, Tucumán y Córdoba), implicó el degüello de las cúpulas.
A toda velocidad, los gobernadores más apremiados trabajan por un objetivo básico: liquidar en término el sueldo anual complementario. Como una ironía del almanaque, varias coinciden en fijar como días de cobro, el 19 y 20 de este mes. Hasta ahora, hubo gestiones de auxilio ante la Casa Rosada de seis provincias para hacer frente a ese desembolso, y ya obtuvieron luz verde Misiones, La Rioja y Mendoza.
Con alivio, el riojano Luis Beder Herrera le arrebató al ministro de Economía, Axel Kicillof, la palabra de girarle $ 150 millones en concepto de anticipo de coparticipación. Una sola misión tiene en la cabeza: juntar $ 730 millones para cumplir con los salarios de los empleados públicos, que debe abonar desde ahora hasta el 15 de enero. Esa masa incluye, claro, el primer tramo de incremento a los uniformados.
En Misiones, Maurice Closs redobla la presión para llegar a los $ 700 millones de plantilla salarial, luego de haber otorgado un 35% de suba a los efectivos. Desde el Gobierno, le transfirieron $ 80 millones y aguardan más ayuda extra. El mandatario fue uno de los pocos que, en público, se animó a tanto: confesó que, en este contexto financiero, la situación de las provincias se vuelve "inviable".
A la espera de una respuesta está Eduardo Fellner, de Jujuy, que también golpeó la puerta de Olivos para asegurarse un fin de año sin sobresaltos. Comparte esa lista Lucía Corpacci, de Catamarca, aunque desde la gobernación dijeron a LA NACION que la mandataria ya contaba con fondos propios para pagar los aguinaldos. Eso, incluso, más allá de la merma de utilidades mineras que usualmente recibe por su participación en la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), socia en la explotación del megaproyecto Bajo La Alumbrera.
Como "operativo contención" después del acuartelamiento policial, que adquirió su postal más brutal con la toma de la sede de gobierno, Corpacci convocó al Consejo Asesor del Salario para discutir, por adelantado, con los sindicatos. Ese esquema lo replicaron otros distritos, como una forma de encapsular la escalada gremial.
Menos acorralado que otras veces, Daniel Scioli anticipó el pago de aguinaldos y ahora despliega medidas preventivas para evitar desbordes en el conurbano, en el marco de los conflictos en las calles que suelen agitarse en las cercanías de las Fiestas. De base, la proyección indica que el costo fiscal del incremento cedido a los policías es de 1700 millones de pesos, aunque esa cifra no engloba otros beneficios otorgados. "Estamos haciendo distintas proyecciones financieras, pero lo principal ahora es la contención social", destacan desde La Plata.
Sin vueltas, los gobernadores transmiten que se viene una época apretada. Algunos, como el salteño Juan Manuel Urtubey, optaron por aumentos impositivos para encarar los compromisos. Otros envían un mensaje de austeridad, como el chaqueño Juan Carlos Bacileff Ivanoff, que anteayer reunió a los intendentes del PJ para aceitar el reparto de ayuda social y optimizar recursos. "La situación está controlada, aunque no está para tirar manteca al techo", lanzó el mandatario, que esta semana se trenzó nada menos que con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
