No caben dudas de que el fiscal José María Campagnoli tiene que haber cometido una gravísima irregularidad para que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales, haya pedido su juicio político, su suspensión y su remoción debido a su intensa labor de investigación sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez por presunto lavado de dinero y otras causas en las que se investiga al poder político. Anteayer se inició de manera inusitadamente veloz el proceso, con la suspensión preventiva del fiscal por posible "mal desempeño" y "abuso de poder" porque Gils Carbó consideró que el fiscal forzó su competencia para investigar lo que no le correspondía.
El pedido de la procuradora y la suspensión decidida por cuatro votos contra tres en el jury -que dispone de un plazo máximo de 180 días para decidir si destituye al fiscal- no tienen precedente y constituyen una amenaza mafiosa a todo el Poder Judicial y un gigantesco retroceso en la lucha contra la corrupción.
La irregularidad en que incurrió Campagnoli ha sido, precisamente, investigar a alguien muy cercano a la familia Kirchner y considerado en Santa Cruz uno de los presuntos testaferros del ex presidente. Más precisamente, su pecado habría consistido en investigar las transferencias de dinero presuntamente perteneciente a Báez y que algunos consideran que también podría pertenecer al kirchnerismo. Demasiado para el gusto de su cuestionada jefa Gils Carbó, quien desde el momento de su asunción ha degradado constante y ostensiblemente el Ministerio Público, tratando de coartar la independencia de los fiscales para proteger a funcionarios que están bajo la lupa de la Justicia. Como expresamos en esta columna hace ocho meses, ha convertido a la Procuración General en otro apéndice del Poder Ejecutivo, enteramente funcional al concepto presidencial de una Justicia sometida al oficialismo.
Gils Carbó ha nombrado fiscales ad hoc y ha comisionado a altos funcionarios de la Procuración para proteger a figuras cercanas a la Presidenta, como el propio Báez y el jefe del Ejército, general de división César Milani, comprometido en causas por violación de los derechos humanos. Debido al ensañamiento de Gils Carbó con Campagnoli, integrantes de la Coalición Cívica la denunciaron ante la Justicia por "encubrimiento agravado y abuso de autoridad".
Esteban Righi, antecesor de Gils Carbó, tuvo que renunciar porque la Presidenta, en lugar de respaldarlo tras una denuncia mentirosa de Amado Boudou, eligió respaldar al vicepresidente en el caso Ciccone, donde cada día lo acorralan nuevos testimonios. La deplorable actuación de Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación parece no tener límites.
Numerosas entidades y dirigentes de la oposición política han manifestado su respaldo a Campagnoli. "La procuradora general es quien debe dejar su cargo. Armó una estructura de fiscales para otorgarles protección al Gobierno y a sus amigos. Ha nombrado fiscales truchos", sostuvo con toda razón el senador radical por Chubut, Mario Cimadevilla, también integrante del Consejo de la Magistratura. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que "resulta inadmisible que la práctica observada contra el fiscal Campagnoli, en rigor, implica la pretensión de resultar aleccionadora para el resto de los fiscales que tengan la vocación de investigar los casos de corrupción".
En efecto: la causal de "mal desempeño" es tan laxa que la acusación de Gils Carbó a Campagnoli resulta un ominoso mensaje al resto de los fiscales. Recordemos que la función de un fiscal es impulsar la investigación, pero si investigar a fondo significa incurrir en mal desempeño y hacerse acreedor a un juicio político, el retroceso para la Justicia será incalculable.
Es evidente que el accionar de la procuradora para promover el enjuiciamiento contra fiscales por discrepar de ellos por el contenido de sus dictámenes o actuaciones procesales constituye otra situación inéditamente grave en la vida de las instituciones de la República, al poner en jaque la autonomía funcional e independencia de los Magistrados del Ministerio Público Fiscal.
Lo hecho por Gils Carbó constituye otro claro ejemplo del deseo de disciplinar a los fiscales que se desempeñan con independencia, objetividad y probidad. Los eventuales desaciertos en los dictámenes de los fiscales, que no sean producto de un desempeño ilícito, sólo deben corregirse por las instancias recursivas que prevé el ordenamiento procesal, pero jamás deben constituirse en una causal de mal desempeño para promover su destitución. Además, en el caso que nos ocupa, se ha afectado la independencia, la imparcialidad y el debido proceso. Como corolario vergonzoso, ayer la procuradora designó a las reemplazantes de Campagnoli: Claudia Katok y Cristina Caamaño, ex secretaria de Seguridad.
En un solo punto tiene razón Gils Carbó: investigar seria y profesionalmente es muy peligroso cuando los resultados de esa investigación comprometen al kirchnerismo. Peligroso, se entiende, para un gobierno que sostiene a esos personajes contra viento y marea, y que prefiere echar a fiscales honestos que cumplen con su deber.
