Hubo quienes en su momento se ilusionaron con verlo como una suerte de presidente encubierto, amparado por una supuesta liga de gobernadores. Nada de eso ha quedado hasta ahora demostrado; especialmente tras su intervención en el conflicto cordobés, donde siguió expresas indicaciones de la presidenta Cristina Kirchner para retacear el envío de efectivos de la Gendarmería a la provincia gobernada por José Manuel de la Sota.
La inicial reticencia del gobierno nacional a auxiliar a Córdoba en medio de los saqueos de comercios y casas particulares, mientras duraba el autoacuartelamiento policial, fue una típica reacción kirchnerista, basada en un apotegma consagrado por los Kirchner: o se es súbdito o se es enemigo, y para este último, ni justicia.
El mensaje de Capitanich, dictado por la Presidenta, no estuvo orientado exclusivamente a infligirle un castigo a un "enemigo" político del kirchnerismo como De la Sota. Probablemente apuntó hacia el resto de los gobernadores peronistas para advertirles lo que podría pasarles si no se alinean con la Casa Rosada y se declaran en rebeldía frente al poder central. Fue, con otra metodología, un mensaje similar al que el gobierno nacional les transmitió de manera subliminal a todos los mandatarios provinciales a principios de año, cuando hizo sufrir más de la cuenta a Daniel Scioli con la demorada ayuda para hacer frente al conflicto con los docentes bonaerenses.
En el kirchnerismo, todo vale para marcarles límites a los demás y dividir al resto de los actores políticos, económicos, sociales y a la prensa en súbditos o enemigos. En la distribución de fondos para obras públicas, de ayuda financiera del Tesoro Nacional, de subsidios o de publicidad oficial existe una constante: la discrecionalidad. Ahora se ha sumado a esas herramientas el uso también discrecional de la Gendarmería, manejada como una especie de milicia privada de la jefa del Estado.
Capitanich pagó uno de sus primeros costos políticos tras su enfrentamiento público con De la Sota, en momentos en que todo el país estaba pendiente de las imágenes de la televisión que mostraban la tierra de nadie en que se había transformado Córdoba. Pero el costo fue doble. Primero, la Presidenta lo obligó a formular las duras declaraciones que hizo contra el mandatario cordobés. Poco después, la propia mandataria pareció desautorizarlo cuando le ordenó al secretario de Seguridad, Sergio Berni, que enviara gendarmes a la provincia, que finalmente no hicieron falta.
A nadie en el oficialismo le escapa que el jefe de Gabinete tiene aspiraciones presidenciales de cara a 2015. Pero Capitanich es preso de una dualidad. Por un lado, sabe que su crecimiento como figura presidenciable dependerá de que aporte la cuota de dinamismo y flexibilidad indispensable para salir del actual atolladero económico. Por otro, también sabe que para llegar a 2015 precisa convertirse en heredero del actual gobierno y eso implica actuar en sintonía con la primera mandataria.
Es raro que un hombre versado en economía como Capitanich se resista a admitir que hay inflación y prefiera recurrir al eufemismo "variación de precios".
Como para que no queden dudas de quién lidera el movimiento que hoy gobierna, se organiza para el martes, en la Plaza de Mayo, un acto por el día de los derechos humanos encabezado por Cristina Kirchner.
Entretanto, los hechos de Córdoba han hecho esparcir temores de nuevos episodios vandálicos en este siempre particular mes de diciembre. El trágico episodio ocurrido horas atrás en Glew, donde un comerciante chino murió al ser incendiado su local por un grupo de saqueadores, reavivó la alarma.
Las autoridades bonaerenses buscaron anticiparse a los peligros creando un comando conjunto de operaciones con la Secretaría de Seguridad de la Nación y la Gendarmería. Más aún, Scioli dio instrucciones para que se anticipe el pago del aguinaldo a la administración pública entre el 12 y el 19 de este mes. Las brujas no existen, pero que las hay, las hay.