A medida que la investigación por el escandaloso caso de la ex imprenta Ciccone avanza con trabas y extrema lentitud, aparece cada vez más comprometida la situación del vicepresidente Amado Boudou; su socio José María Núñez Carmona y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele. Es sólo una de la media docena de causas que poco a poco van complicando a quien hoy ejerce interinamente la primera magistratura y que, por eso, se ha transformado en una verdadera vergüenza y en una figura más que incómoda a la que el Gobierno trata de no exhibir y, por momentos, se ve obligado a esconder.

Como nunca antes, al quebrantarse su salud se hizo evidente en toda su magnitud el enorme error que cometió la Presidenta al elegir a este oscuro personaje para acompañarla nada menos que en la fórmula presidencial.

Un hombre cercado por las investigaciones judiciales ha convertido su cargo de vicepresidente de la República y de presidente interino en motivo de turbación, deshonrando a ambos y transformándose en una afrenta a la ciudadanía. Porque de no ocupar el puesto que ocupa, hace mucho tiempo que Boudou habría sido indagado en más de uno de los sumarios en los que se lo investiga, y probablemente, si la política no ejerciera tanta influencia en la Justicia, estaría procesado.

De todos modos, la Justicia ha dado un paso en esa dirección. Con un fallo cargado de fuertes cuestionamientos a la defensa de Vandenbroele, la Cámara de Casación confirmó la validez de la investigación llevada a cabo por el juez federal Ariel Lijo y rechazó la argumentación con la que Vandenbroele procuraba la nulidad de varias medidas de prueba, calificando su actitud de dilatoria. Lo más importante fue que los camaristas consideraron válido el valiente testimonio de la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, así como el allanamiento de su vivienda matrimonial en Mendoza, donde se secuestró material que podría resultar valioso, incluidas dos computadoras cuyo peritaje ya fue ordenado.

Uno de los camaristas, Juan Carlos Gemignani, luego de recordar las amenazas que sufrió Muñoz tras sus denuncias iniciales, solicitó al juez Lijo que les brinde la máxima protección tanto a ella como a sus hijos pues la mujer, agregó, podría hallarse en serio riesgo tras declarar sobre "un grupo que, en consideración del cargo público ostentado por uno de sus integrantes (Boudou), podía razonablemente asignársele una capacidad operativa de significativa trascendencia" para intimidarla.

En otras palabras, Gemignani consideró que el presidente interino de la Nación o su gente podrían llegar a reaccionar contra Muñoz con actitudes mafiosas.

Como informó este diario, el testimonio de Muñoz, convertido ahora en prueba esencial de ahí el intento de Vandenbroele para anularlo incluye frases como "Alejandro se encargaba de los negocios de Boudou".

Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y 2011, cuando Boudou era ministro de Economía y habría incurrido en supuestas negociaciones incompatibles con su cargo para favorecer el resurgimiento de la ex Ciccone Calcográfica cuando el fondo The Old Fund, presidido por Vandenbroele, ya controlaba la imprenta.

En cambio, Boudou y el gobernador Gildo Insfrán se vieron beneficiados días atrás con el archivo dispuesto por la Justicia de Formosa de una de las denuncias que más los comprometían. Allí se investigaba el presunto pago de una coima de 7,6 millones de pesos a través de The Old Fund. Como reveló LA NACION, Vandenbroele habría recibido esa suma por el supuesto asesoramiento al gobierno de Formosa en la renegociación de su deuda con el gobierno nacional. El senador nacional Luis Petcoff Naidenoff, de la UCR, evalúa solicitar el juicio político del juez Héctor Suhr y de la fiscal Marisa Vázquez pues, afirmó, "la actuación de ambos es insólita. La fiscal sostuvo que no le correspondía opinar porque así lo determinó una resolución de la Procuración formoseña, pero a continuación lo hizo para afirmar que no tenía sentido la denuncia", planteó el senador. "Y el juez ordenó el archivo basado en los antecedentes oficiales que le presentó el gobierno" formoseño, añadió.

Mientras tanto, el juez en lo Comercial Javier Cosentino declaró la quiebra de la imprenta por segunda vez desde 2010. La firma se encuentra intervenida por el Gobierno desde el año pasado, y bajo el control del ministro de Economía, Hernán Lorenzino. La medida perjudica los planes del Poder Ejecutivo, que al anunciar la intervención dijo que al Estado no le costaría "ni un peso". Además, el juez prohibió que Vandenbroele abandone el país. En Uruguay, la justicia quiere indagarlo por presunto lavado de dinero, a través de la sociedad uruguaya Dusbel, con destino a The Old Fund.

Son muchas las incógnitas que aún debe despejar la Justicia en esta densa trama, como el verdadero papel que en ella ha jugado el Banco Macro, sospechado de ser el verdadero financista detrás del desembarco de Vandebroele en la ex Ciccone.

Por momentos, ante la catarata de indicios y pruebas, cuesta cobrar plena conciencia de que el principal sospechado es nada menos que el vicepresidente en ejercicio interino de la Presidencia. Cargos que a otros hombres públicos los colmarían de orgullo, para Boudou sólo son un recurso dilatorio más para continuar postergando los llamados a indagatoria que, tarde o temprano, deberían ordenar los jueces.