En el oficialismo se desató una lucha sucesoria de la que, por ahora, participan Sergio Massa, Daniel Scioli, Jorge Capitanich, Sergio Urribarri y, desde ayer, Florencio Randazzo .
Como ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia, esta división da lugar a una mayor incidencia de las instituciones de la sociedad civil. Un fenómeno que Cristina Kirchner llamaría "el avance de las corporaciones". Por razones muy distintas, la Iglesia, los sindicatos y las Fuerzas Armadas están adquiriendo un protagonismo inesperado.
La influencia de la jerarquía católica se ha potenciado muchísimo desde que Jorge Bergoglio es el jefe de la Iglesia. Se presta más atención a la voz de los obispos y el propio Bergoglio mantiene otro vínculo con el Gobierno. Por ejemplo, conversa por teléfono con la Presidenta cada vez más a menudo, sobre todo desde que ella está convaleciente. De modo que los líderes eclesiásticos están en condiciones insuperables para intervenir en la confección de la agenda pública y, por esa vía, en la selección de la próxima administración.
En ese contexto, la Iglesia produjo dos novedades relevantes en las últimas 72 horas.
El viernes lanzó una estridente señal de alarma sobre el avance del narcotráfico y el sábado organizó una reunión multisectorial para, con motivo de los 30 años de la recuperación de la democracia, promover la "cultura del encuentro".
El documento de los obispos sobre el tráfico de drogas se inscribe en un paisaje sombrío. Scioli intervino por segunda vez en 18 meses la comisaría de José León Suárez, atacada por los vecinos que denuncian la complicidad de la policía con los dealers . En Santa Fe salió a luz una combinación entre narcotraficantes y agentes policiales. En Córdoba un escándalo similar provocó la renuncia del ministro de Seguridad y del jefe de policía. Tres carreras presidenciales, las de Scioli, Hermes Binner y José Manuel de la Sota, comienzan a depender del combate con el crimen organizado.
El primer reflejo de la clase política es utilizar el problema como insumo de la puja electoral. El "Chino" Fernando Navarro, aliado de Scioli, acusó al intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, por la crisis de José León Suárez. Navarro acaso ignora que desde hace muchos años José León Suárez es uno de los vértices de una zona liberada que integran también las comisarías de Eufrasio Álvarez y Billinghurst. Katopodis y los demás intendentes que rodean a Sergio Massa se quejan de que el Gobierno retiró la Gendarmería de sus municipios. El "Cuervo" Andrés Larroque, de La Cámpora, caracterizó al gobierno santafecino como "narcosocialismo". Y, en Córdoba, De la Sota y el intendente de la capital, Ramón Mestre, se reprochan uno al otro el avance de las mafias. Frente a este panorama los narcos se hacen una fiesta.
El gobierno nacional carece de una estrategia para detener esta degradación. La prueba más evidente es que, como consignaron los prelados, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico está vacante desde marzo, cuando renunció Rafael Bielsa.
Desprovista de una política general, la Casa Rosada juega al tatetí con las fuerzas policiales. Es decir, juega con fuego. Interviene a la bonaerense con la Gendarmería y ordena a la Policía Aeronáutica investigar a la de Santa Fe. Mientras tanto, el Ejército aprovecha el debilitamiento del Estado y del Gobierno para rebasar sus facultades: desde que tomó el mando César Milani, los militares sustituyeron a los gendarmes en el control policial de la frontera norte, que sigue sin radares, como apuntó la Iglesia.
La oposición tampoco tiene una idea clara. Massa, por ejemplo, propone combatir organizaciones que se extienden desde México hasta Buenos Aires con policías más pequeñas, de escala municipal. Scioli, es muy curioso, lo secunda.
El interés de los obispos por este drama tiene puntos de contacto con otra preocupación: la vertiginosa expansión del negocio de los juegos de azar durante la "década ganada". El papa Bergoglio tiene un interés específico en el tema desde que uno de sus íntimos amigos, integrante de su grupo de trabajo, comenzó a ser atacado desde ese sector.
Al día siguiente del llamado de atención sobre el narco, la Iglesia porteña convocó en San Cayetano a dirigentes de distintos partidos y sectores para hablar de la "cultura del encuentro", fórmula con la que Bergoglio se liberó de la carga histórica de la palabra "reconciliación". El dúctil Carlos Accaputo, responsable de la Pastoral Social diocesana, reunió a Carlos Tomada con Hugo Moyano y Héctor Méndez (UIA). Y al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, con Federico Pinedo (Pro), Ricardo Alfonsín (UCR) y Roy Cortina (socialismo). La platea, además de nutrida, fue también variada: había radicales como Enrique Nosiglia, kirchneristas como Eduardo Valdes y massistas como Pedro Del Piero.
Antonio Caló, el secretario general de la CGT-Balcarce, no entendió la jugada: faltó. A Accaputo, al arzobispo Mario Poli y al propio Francisco les interesaba que se fotografiara con Moyano. Cuando la jerarquía católica alienta el "encuentro como expresión de la diversidad, no de la uniformidad", sugiere que, al cabo de diez años de polarización, la política debe ir hacia el centro. Pero esa crítica al oficialismo también cobija un auxilio: ¿a qué gobierno en retirada no le sirve que prevalezca el diálogo?
Bergoglio está prestando servicios muy concretos a esa pacificación. Volvió a postergar la recepción a Massa, prevista para esta semana. Y derivó para el año próximo la de Moyano. El camionero pensaba poner la jefatura de la CGT opositora a los pies del Papa para que éste bendijera la unificación con Luis Barrionuevo y con "los Gordos" alineados con Massa.
Pero al Pontífice no le interesa apadrinar convulsiones. Al contrario, en estos días le preocupa que no fracase un acuerdo con la señora de Kirchner que para el Episcopado es decisivo . Como sucedió con la ley de medios y la reforma judicial, la Presidenta ordenó la sanción urgente del nuevo Código Civil y Comercial. La Bicameral redactora se reunirá este jueves en el Salón Azul del Congreso. Como viene reprochando Ernesto Sanz, el kirchnerismo mantiene en secreto el texto que Diputados aprobaría el próximo 27. Hasta Ricardo Lorenzetti, uno de los autores de la nueva versión, está inquieto por el resultado.
Visto desde Roma, el proceso está bajo control. El hombre clave es Julián Domínguez. Católico ferviente, el presidente de la Cámara baja recibió la orden presidencial de coordinar con la curia los aspectos de la reforma más sensibles para la moral cristiana: definición de persona, derecho de familia, alquiler de vientres, etc. Que el país del Papa caminara hacia la despenalización del aborto sería nefasto para la Iglesia a escala global.
Domínguez tiene conexiones inmejorables con Francisco. Comienzan en el peronista histórico Aldo Carreras y llegan al uruguayo Guzmán Carriquiry, un laico encumbrado desde hace 40 años en la Santa Sede, a quien el entonces cardenal Bergoglio prologó el libro Una apuesta por América latina en el año 2005.
El encargado de guiar a Domínguez en el control del nuevo código es el arzobispo Víctor Fernández, rector de la Universidad Católica y uno de los canonistas preferidos de Francisco. "Tucho" Fernández editó en agosto del año pasado un voluminoso Análisis del Proyecto de Nuevo Código Civil y Comercial 2012 ( http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/libros/analisis-proyecto-nuevo-codigo-civil.pdf ), que reúne decenas de artículos de juristas afines al pensamiento de la Iglesia.
La indiferencia kirchnerista, la tensión inflacionaria, el levantamiento de Massa y el avance electoral del trotskismo se combinaron, en distinta proporción, para precipitar la unificación opositora del sindicalismo peronista. Los artífices de esta confluencia volverán a reunirse entre hoy y mañana. Son Barrionuevo, Moyano y Rafael Mancuso, continuador de las gestiones de Oscar Lescano, su fallecido antecesor en Luz y Fuerza. Hay otros dirigentes decisivos: son Carlos West Ocampo -enojado con Massa por su prematuro agasajo al camionero- y Guillermo Pereyra, el petrolero que arrasó en las elecciones de Neuquén. Cristina Kirchner perderá la obediencia de los sindicatos del transporte. Pero seguirá controlando a Caló (UOM), Ricardo Pignanelli (Smata), José Luis "Mr. Cloro" Lingeri (AySA), Gerardo Martínez (Uocra), Andrés "Centauro" Rodríguez (UPCN) y Víctor Santa María (encargados de edificios).
El lunes pasado Barrionuevo vaticinó el desenlace de la conciliación gremial en la que está involucrado: un plan de lucha progresivo de 24, 36 y 72 horas. Como se ve, hay maneras muy distintas de entender la "cultura del encuentro".
