Cristina Fernández está recuperada. Los médicos le aconsejarán mañana, sin embargo, que retome en forma gradual su actividad. Habrá otro tiempo en que deberá trabajar a media máquina.
¿Soportaría su Gobierno esa concesión?
El vacío político que generó su ausencia se hizo ostensible en el sistema de poder. Hubo una administración casi paralizada, sumida en las intrigas palaciegas. Los problemas de todo orden han crecido, en especial los económicos.
Carlos Zannini repasó con la Presidenta esa realidad los días previos a su última revisación médica. El secretario Legal y Técnico y Máximo Kirchner fueron los únicos que le acercaron en Olivos las preocupaciones que se avecinan. Esos hombres coincidieron en un punto: al Gobierno le está haciendo falta con urgencia fortalecer su gestión. Un equipo que ejecute decisiones que se adopten en la cima.
Cristina habría compartido aquel diagnóstico, aunque con menos pasión. Le rehúye a los grandes cambios, como también le rehuía Néstor Kirchner. Con un orden bien conservador controlaron durante una década la vida en Santa Cruz. El Gobierno afrontaría otro obstáculo, más allá de los deseos de sus actores principales: sus reservas políticas parecen agotadas. Los rostros más públicos del Gabinete asoman demacrados y el banco de reemplazos no seduce. En ese universo habría, apenas, un par de nombres potables: Florencio Randazzo, el ministro de Interior y Transporte, y Julián Domínguez, el titular de la Cámara de Diputados.
Ambos son del clásico peronismo bonaerense y han adscripto al cristinismo.
A Randazzo se le reconoce su tarea como ministro del Interior desde un ángulo peculiar: la eficiencia que imprimió al sistema de documentación nacional de los argentinos.
De política ni hablar.
Ese fue su otro gran mérito, según la escala de valores cristinista. Le fue bastante peor desde que se hizo cargo del área de Transporte. Se sucedieron los accidentes ferroviarios, varios de ellos trágicos. Pero casi ni insinuó reproches públicos contra Julio De Vido, el ministro de Planificación, contra Ricardo Jaime ni contra Juan Pablo Schiavi, sus antecesores en el ramo. La fidelidad inquebrantable también se paga.
Randazzo se encontró, en ese derrotero, con otra dificultad. Debió apegarse mucho al relato K, en el que no cree a pie juntillas. Habló de una supuesta revolución ferroviaria que quedó ridiculizada por la realidad. Embistió contra el gremio y los conductores de trenes luego de cada accidente. Ningún árbol pudo esconder la dimensión del bosque: el fracaso de la política ferroviaria kirchnerista en una década ha sido monumental. Las promesas de ahora carecerían de un plan estratégico y de adecuado soporte financiero.
Randazzo podría convertirse en el próximo jefe de Gabinete. ¿Ostracismo para Juan Manuel Abal Medina, el actual? Nada de eso. Pero para manejar la programación de Canal 7 cualquier escalón del poder sería adecuado. El Gobierno está urgido de acción concreta. La media máquina de Cristina requiere de algún combustible mejor. Domínguez también estaría en la misma competencia. Pero su cargo de presidente de la Cámara de Diputados sería clave para un tiempo donde el oficialismo tendrá una mayoría más apremiada. Y una oposición sedienta de provocarle trastornos pensando en la lucha por el 2015. Existe otro elemento para tener en cuenta: la jefa del bloque K, Juliana Di Tulio, es resistida por alguna propia tropa del interior. Deberá tener muñeca, además, para enfrentar dos desafíos simultáneos no bien promedie la transición: evitar el desgranamiento interno cuando se consoliden las alternativas del 2015; frenar la posible diáspora de aliados, crucial en cualquier estrategia parlamentaria.
Randazzo no es amigo de Zannini ni de Máximo.
Pero tiene enemigos similares en el Gabinete.
En tiempos de normalidad dispuso de acceso directo a la Presidenta. Tampoco su hipotético empinamiento resolvería todos los problemas como si se tratara de un hechizo. No podrá hacer, por ejemplo, aquello que no hacen De Vido, Héctor Timerman o Julio Alak. Tampoco estaría dispuesto a enfrentarse con los fracasos de Guillermo Moreno. De esa pieza sólo podría prescindir Cristina.
Difícil.
El ministro del Interior posee buena opinión de Axel Kicillof, el viceministro de Economía. Tiene más distancia con Hernán Lorenzino. Pero ninguno de esos aspectos incidiría en el rumbo que debe tomar una economía que cruje en distintos frentes. En el interno, por la inflación y el amesetamiento productivo. En el externo, por la incesante fuga de dólares y la caída de reservas del Banco Central, pese a las restricciones impuestas.
El maquillaje político imaginado durante la convalecencia de Cristina podría disimular otro conflicto que tiende a agudizarse.
Se llama Amado Boudou.
El vicepresidente fue durante este tiempo corrido varias veces de la escena. Primero, como reemplazante circunstancial de la Presidenta. Luego, como activista en campaña. El ascenso de Randazzo tampoco constituiría una buena noticia para él: sospecha que de su escritorio pudieron salir algunas infidencias que lo han dejado enredado en el escándalo Ciccone. Esa presunción engordó durante el mes de la ausencia de Cristina, cuando el ministro desconoció en público la autoridad del vicepresidente.
Boudou, tal vez, tuvo menos entusiasmo que otros cristinistas para celebrar el fallo de la Corte Suprema que le dio toda la razón al Gobierno sobre la ley de medios. Tras esa novedad, se sucedieron decisiones que amagarían con tenderle un cerco judicial al vicepresidente. La Cámara de Casación Penal convalidó como pruebas las declaraciones de Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, a quien se sindica como posible testaferro del vice. Esa mujer ha pasado a ser, además, una testigo protegida en la causa Ciccone. La Sala II de la Cámara Federal desechó un sobreseimiento y ordenó que se siga investigando a Boudou por el uso de un helicóptero de Gendarmería y otro de una empresa privada para hacer campaña en el 2011. Otro tema pende sobre la cabeza de Boudou: al juez Ariel Lijo le resulta imposible congeniar las declaraciones de ingreso del funcionario con su actualidad patrimonial. La causa se vincula con un presunto enriquecimiento ilícito. Aquel magistrado sustancia también el caso Ciccone.
La oposición en Diputados (UCR, Frente Renovador y PRO) volvió a presentar la semana pasada un pedido de juicio político contra el vicepresidente. Ya lo había hecho en el 2012. Esa vez no tuvo suerte y ahora tampoco la tendrá.
Nada determinante ocurrirá judicialmente contra Boudou mientras Cristina siga a media máquina y no haya garantías sobre el ritmo de la transición.
Mientras tanto el cristinismo se abroquela. El fallo de la Corte Suprema sobre la ley de medios retempló su ánimo, alicaído por la derrota electoral. Para el oficialismo esa derrota jamás ocurrió. Se advierte en sus discursos y en sus actos.
Aníbal Fernández dijo que no hay inflación. Con un tercio de los votos nacionales, el control del Congreso y la anuencia de la máxima instancia judicial, volvió a enviar mensajes acerca de hasta dónde está dispuesto a hacer sentir el rigor del poder. Una víctima política fue Sergio Massa: anticiparon la renovación de miembros de la AFSCA –el organismo que debe aplicar la ley de medios– para evitar el ingreso de algún legislador electo del massismo. Revalidaron a la UCR y, esta vez, admitieron a los representantes del FAP. Lanzaron también una campaña de denuesto contra periodistas que denunciaron en la CIDH el hostigamiento al periodismo no adicto. A uno de ellos, Magdalena Ruiz Guiñazu, la AFIP le envió a su domicilio una inspección impositiva sin sentido. Es la técnica preferida de Ricardo Echegaray. Lo sufrió en su tiempo el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Otro de esos periodistas, Alfredo Leuco, sufrió un asalto en pleno centro. No se sabe con certeza si se trató de un asalto, de los que ocurren día y noche, o de una agresión deliberada.
Tras esa mano tendida por la Corte, el Gobierno decidió también un desembarco en la Justicia. Diez jueces fueron nombrados para integrar la nueva Cámara Nacional de Casación Criminal, creada por la reforma K. La mayoría de esos magistrados pertenecen a Justicia Legítima, afín al cristinismo. La jugada, realizada por Zannini, apuntaría, en verdad, a otra cosa: a que varios de esos jueces vayan como subrogantes a la Cámara de Casación Penal Federal, donde terminan cayendo los delitos federales, entre ellos los de corrupción.
En ese marco encajaría también la pelea entre Alejandra Gils Carbó y Guillermo Marijuan. La procuradora general es investigada por el fiscal por la designación anormal de fiscales ad hoc. La funcionaria pidió su recusación. Pero aspira a más: a bloquear a Marijuan que tiene en sus manos varias causas que comprometen a los K, entre ellas la ruta del dinero del empresario Lázaro Báez.
Una de las objeciones a Gils Carbó es el nombramiento de Carlos Gonella en la unidad antilavado. Ese funcionario habría actuado con negligencia en el caso Báez.
El lavado de dinero y los narcos van de la mano.
La Iglesia alertó que el narcotráfico avanza en el país y puede llegar a un punto de difícil retorno. El relato K parece no tener aún lugar para esas palabras de los obispos.
