La fiesta duró poco. Ni Clarín será desguazado de inmediato ni Cristina Kirchner se irá con el cadáver del multimedio que eligió como su principal enemigo. Son las novedades que sorprenderán a la Presidenta en su lento regreso al trabajo .
La Corte no permitirá ninguna arbitrariedad ni tampoco ninguna agresión a la libertad de expresión , dijo uno de los miembros más conocidos e influyentes del máximo tribunal de justicia. El proceso será largo. Tal vez superará el período que le queda a la Presidenta de su último mandato posible.
Un entramado de conflictivas decisiones administrativas y judiciales está inscripto en un horizonte muy cercano. La Corte podría volver a tratar la aplicación de la ley , ya no la ley en sí misma, dentro de pocos meses. Esto recién empieza, señaló aquel magistrado.
El criterio casi unánime de la Corte, más allá de las importantes disidencias que hubo sobre el contenido de la ley, consiste en que ésta es un precepto declarativo, nunca aplicado. Es cierto que el Gobierno dejó correr cuatro años sin aplicar su decisión icónica, sólo porque no podía asestarle a Clarín los artículos que significaban su eliminación. En su decisión última, la Corte instruyó al Gobierno para que la aplicación de la ley fuera "independiente, equilibrada y transparente". Clarín ya tiene motivos para decir que esa indicación no se cumplió. Martín Sabbatella sólo fue personalmente a ese Grupo a notificarlo de la decisión de la Corte. No hizo lo mismo con miles de licenciatarios restantes del espectro de radio y televisión.
La mayoría de los jueces que aprobaron la ley cree que no ha hecho nada grave. Estamos ante un gobierno débil, sin reelección y con una ley sólo declarativa, dijo uno de ellos. De paso, se atribuyen ellos el mérito de haber frenado los proyectos reeleccionistas del cristinismo. Recuerdan que fue la Corte la que tumbó la reforma judicial que estipulaba la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.
Hubiera sido, dicen, una elección nacional en lugar de las distritales que hubo. El oficialismo hubiera ganado esos comicios el 27 de octubre pasado, con resultados magros, pero triunfantes frente al resto de los partidos nacionales. El golpe de gracia al reeleccionismo se lo dieron, agregan, cuando voltearon recientemente la re-reelección del kirchnerista gobernador santiagueño, Gerardo Zamora. Quedó claro que no hay posibilidad de reelecciones arbitrarias en este país, enfatizó uno de los jueces.
La Corte deberá resolver en adelante, en síntesis, si la aplicación de la ley es constitucional o no. Merodeó una disidencia fundamental entre dos jueces importantes del tribunal, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que eran, a su vez, los dos votos que definirían la posición última del tribunal. El resto de los votos, para un lado o para el otro, eran perfectamente previsibles.
Bien leídas las posiciones de ambos, los dos coincidieron en que había derechos adquiridos que protegían las propiedades de Clarín. Lorenzetti señaló, sin embargo, que esos derechos podían ser resarcidos económicamente al ser licencias que concede el Estado. Maqueda, en cambio, apuntó que los derechos adquiridos son una garantía constitucional y que, en este caso, su desconocimiento podía afectar otro derecho constitucional, la libertad de expresión. Propuso, por lo tanto, que Clarín hiciera uso de sus licencias hasta el final de las concesiones.
Lorenzetti imaginó un futuro en que un gobierno adjudicara licencias arbitrariamente y que la jurisprudencia de la Corte impidiera anularlas. Maqueda privilegió las garantías constitucionales de ahora y optó por devolverle el problema a la política después de 2015, cuando vencerán las licencias de Clarín. La división en los votos de esos jueces cruciales de la Corte inclinó la balanza final.
Con todo, una mayoría de jueces, cinco contra dos, le hizo graves advertencias al Gobierno sobre la libertad de expresión. Sobre la aplicación de la ley de medios. Sobre el pésimo manejo del Gobierno de esas libertades. Es fácilmente perceptible que la preocupación de la Corte por la situación de la prensa libre es tan pronunciada como la de periodistas y medios independientes. Hay una pregunta que no tiene respuesta por el momento: ¿no le dieron esos jueces un arma a un asesino serial, acaso, con la prudente recomendación de que no debe seguir matando?
Un aspecto de la sentencia de la Corte que no tuvo un amplio consenso en el tribunal fue la fecha elegida para darla a conocer. A varios jueces (Carmen Argibay, Maqueda y Carlos Fayt) les hubiera gustado esperar quince días después de las elecciones para difundir el fallo. Era una manera de dejar que la política digiriera los hechos políticos que promovieron las elecciones. Hubieran evitado, también, el enojo de los dirigentes políticos opositores, que vieron opacado su triunfo en menos de 48 horas, que transcurrieron entre los comicios y la sentencia.
Lorenzetti suele hablar siempre del papel de "equilibrio institucional" de la Corte. Es probable que haya considerado necesaria una dosis de equilibrio después de la más importante derrota que sufrió el kirchnerismo desde que está en el poder. Pero es difícil, si no imposible, equilibrar con un fallo de siete jueces los contundentes resultados de una elección popular. ¿Acaso la sentencia hubiera sido menos resonante quince días después? Rescatamos el respeto hacia la Corte de la mayoría de la dirigencia política, dijo uno de los jueces que decidieron sacar el fallo rápidamente.
Nombraron especialmente a Mauricio Macri y a Sergio Massa como políticos que, aun perjudicados por la oportunidad de la sentencia, criticaron respetuosamente la resolución del tribunal. Y casi todos los jueces elogiaron también la decisión del Grupo Clarín de presentar en el acto un plan de adecuación. Es un antecedente importante. Demostró que acata la ley y la sentencia. Eso tendrá mucha importancia en un futuro no muy lejano, subrayó uno de ellos. Fue una manera indirecta de aceptar que la Corte volverá sobre la ley y sobre Clarín más pronto que cualquier pronóstico político.
Un vaho de fastidio con el Gobierno es fácilmente comprobable en los despachos de los jueces supremos del país. Ningún funcionario oficial desmintió nunca las versiones que corrieron sobre supuestas presiones del Gobierno a la Corte. El trabajo de desmentir rumores e interpretaciones quedó a cargo, casi exclusivamente, de Lorenzetti. Al revés, algunos funcionarios alimentaron esas versiones, dijo uno de los jueces. La preocupación no es sólo personal. La Corte no quiere perder el prestigio social que ganó, y que fue construyendo de a poco, ladrillo sobre ladrillo. Quizás el Gobierno le cobró viejas deudas al tribunal o, tal vez, le convino el mensaje de que todavía, a pesar de fracasos y derrotas, puede controlar a la Justicia.
Esa clase de mensajes han sido habituales en los últimos días. El obvio apriete de la AFIP a Magdalena Ruiz Guiñazú, poco después de que denunciara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el maltrato oficial a la prensa, no fue sólo contra ella. Fue también un mensaje general de que el Gobierno tiene todavía poder. La AFIP dijo que Magdalena se encuentra entre más de 7400 personas que formularon una solicitud al ente recaudador. ¿Hay, acaso, 16.000 inspectores dando vueltas por el país? ¿Notifican personalmente a todas esas personas? Imposible. Bastaba y sobraba con una carta o con una citación al contador de la periodista para que agregara más información.
El de Magdalena con la AFIP es un caso parecido al de Sabbatella con Clarín. La excepción los delata, a la AFIP y a Sabbatella. El caso de Alfredo Leuco, robado y golpeado en la vía pública, puede responder a dos cosas que suceden: el auge del crimen o la persecución a periodistas. Hay un dato inquietante: lo acorralaron violentamente en un lugar por el que pasa todos los días a la misma hora. Leuco es uno de los firmantes de la denuncia de siete periodistas ante la Comisión de la OEA.
Criminales despiadados o sicarios políticos. Un gobierno cruel con el periodismo es el que provoca las peores conjeturas..
