A contramano del discurso nacionalista y el estímulo a la competitividad que pregona el Gobierno, las autoridades pesqueras de nuestro país han adoptado una medida que golpea a la industria de la pesca de bandera nacional y compromete la soberanía sobre nuestros mares, como moneda de cambio política para mejorar la posición en la negociación por los históricos reclamos por las islas Malvinas.
El pasado septiembre, el Consejo Federal Pesquero, integrado por representantes de la Nación y de las provincias, dictó una resolución que dispone la incorporación a la flota nacional de 20 buques poteros para aumentar la captura de calamar illex. Junto a la cuestión de la sustentabilidad del recurso, regulada hace pocos años por el régimen de cuotificación aprobado por este mismo gobierno, la medida pareció obedecer a un interés excluyente: favorecer el ingreso de empresas chinas a nuestros mares en proyectos para los próximos 10 a 30 años.
China y la Argentina son férreos competidores en la venta de calamar a Europa. Además, son históricos los conflictos por la pesca en la llamada "Milla 201", al borde de la Zona Económica Exclusiva, ante los que la resolución responde abriendo las puertas para ingresar de manera legal con licencias de al menos una década de extensión. Y las exigencias son limitadas y casi contradictorias con el discurso del valor agregado en origen que diversas reparticiones imponen sobre distintos sectores de la economía y empresarios nacionales: contratar 75% de tripulación argentina y procesar sólo el 10% de sus capturas en una planta local.
Las motivaciones de una decisión tan polémica, tomada sin debate, con rechazo unánime de las cámaras del sector y en tiempo récord, sugieren un intercambio de alto costo para la Argentina, en el que la soberanía sobre nuestros mares y recursos se ve comprometida en aras de un interés también estratégico, pero con garantías inciertas. En particular, se remontan a 2012, cuando la Presidenta y el ex premier chino Wen Jiabao suscribieron acuerdos de asociación comercial. El calamar es una de las principales fuentes de divisas de la economía malvinense, con lo cual un aumento del esfuerzo de captura impactaría en una merma en las capturas de los kelpers. Pero el final es incierto: en el pasado, Raúl Alfonsín y Carlos Menem intentaron iniciativas similares con economías como la rusa, la búlgara o el charteo de pesqueros, y no lograron ningún resultado en la cuestión de fondo con las islas.
A eso se suma que no hay constancia de que se hayan contemplado variables adicionales que imprimieran garantías o reciprocidad ante el compromiso argentino; por ejemplo, la reducción de trabas arancelarias a los productos nacionales. En el medio, un sector vuelve a verse amenazado por la incorporación de otros (sus propios competidores) que se suman a la presión sobre la competitividad y la productividad impuesta por los altos costos laborales y el pago de onerosas retenciones.
Es hora de reflexionar sobre los costos de transacción en política exterior y la seriedad en el tratamiento de cuestiones tan caras al sentimiento nacional como la soberanía sobre las Malvinas.
