Una cadena de hechos desafortunados y de malentendidos terminó el miércoles pasado en un grave acto de vandalismo que no sólo debe ser repudiado por toda la sociedad argentina, sino que también nos obliga a los ciudadanos a replantearnos qué clase de país estamos haciendo entre todos.
Nos estamos refiriendo a la toma de escuelas que el miércoles pasado culminó en un hecho vandálico: la profanación y el intento de quemar la iglesia de San Ignacio de Loyola . Absolutamente inédito y de una violencia preocupante, este ataque fue protagonizado por alumnos de uno de los más prestigiosos colegios de la Argentina, el Nacional de Buenos Aires (CNBA), jóvenes que cursarían los últimos años del secundario y que curiosamente están entre las generaciones de los que ya pueden votar a partir de los 16 años.
No basta con describir lo sucedido: aprovechándose de los túneles históricos que unen al colegio con la iglesia, los estudiantes ingresaron en el templo -San Ignacio es la construcción más antigua que se conserva en la ciudad, de 1734-, escribieron en el piso leyendas ofensivas, quemaron un banco y el sillón sacerdotal, y hasta orinaron en el altar. Pero lo que quizá la opinión pública no tenga tan presente es que hace muy poco tiempo que se puso fin a una histórica recuperación del edificio, en la que intervinieron muchos vecinos de la ciudad, y que ha sido motivo de orgullo no sólo para ellos sino para todos los porteños. San Ignacio representa la historia viva de Buenos Aires y del país, y por eso es tan atrozmente grave lo sucedido.
Sin embargo, como expresábamos en el reciente editorial "Escuelas tomadas, otra muestra de la crisis educativa", éste es otro acto de una crisis que se les escapó de las manos a las autoridades nacionales y al gobierno de la ciudad, y también a los primeros responsables de la conducta de estos estudiantes, como son sus padres. Si, como decíamos, es absolutamente condenable que un grupo de estudiantes se arrogue decisiones que ponen en riesgo la calidad y continuidad del proceso de enseñanza, lo es más aún que en una asamblea de padres de alumnos de CNBA, por ejemplo, se haya aprobado la continuación de la toma de ese colegio, con un único y solitario voto en contra.
El estado de caos al que se llegó el miércoles 25, cuando alumnos del Buenos Aires atacaron e intentaron quemar un templo histórico, tiene sus motivaciones más profundas en el estado de violencia y enfrentamiento permanente hacia el que nos hemos ido deslizando en la última década toda la sociedad argentina. No es posible que no se pueda llevar adelante la necesaria reforma educativa de la escuela secundaria porque un grupo de alumnos de 15 escuelas porteñas decida frenar el proceso educativo con todo el perjuicio que ello implica. Hay también responsabilidades en las autoridades educativas, que han fallado en la comunicación indelegable de la importancia de las medidas por tomar, que, por otra parte, abarcan todo el país, son absolutamente necesarias y fueron discutidas por especialistas.
Ahora llegó el momento de las lamentaciones. El rector del Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, habló de expulsar del colegio a los autores de los actos vandálicos, aunque hasta que no cese la toma no se podrá iniciar el largo proceso disciplinario. Es de esperar que el rector cumpla con la medida promovida por las autoridades del colegio, que es la expulsión. Por su parte, Rubén Hallú, rector de la UBA, también ha reclamado a los alumnos y padres el fin de la toma de las escuelas. Pero, insistimos, esto no es suficiente, cuando desde el centro de estudiantes del CNBA se pide que las decisiones sobre la situación de los alumnos implicados se tomen "democráticamente", lo cual significa que estos jóvenes no son conscientes en absoluto de la gravedad de los hechos protagonizados por algunos de ellos.
Tampoco han contribuido a juzgar lo ocurrido con la severidad que correspondería las tibias declaraciones del ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, quien ayer se manifestó a favor de que "los pibes opinen" y que se incluyan materias que "enriquezcan la discusión y el debate" en la aplicación en la ciudad de la Nueva Escuela Secundaria de Calidad (NESC) que homologó Nación.
Ésta es la hora de los adultos. Ninguno de nosotros puede no dar la cara: padres, docentes, la sociedad en su conjunto debemos asumir la responsabilidad que nos cabe en la pérdida de respeto a las autoridades y la pérdida de respeto a la convivencia en valores.
