Los últimos incendios en varias provincias pusieron en evidencia nuevamente la falta de infraestructura del Plan Nacional de Manejo del Fuego y de políticas de Estado anticíclicas efectivas para atender en tiempo y forma las zonas damnificadas.

Existe una gran sequía en el centro y norte del país desde hace un tiempo, zonas agrícolas que hoy están soportando una de las mayores consecuencias de la misma, como son los incendios – intencionales o no- que afectan los bienes rurales y urbanos en su totalidad en varias provincias.

Más allá de la buena voluntad de las autoridades provinciales y nacionales y de la solidaridad ciudadana, surgen de sus mismas declaraciones la necesidad de equiparse de otra forma para poder limitar el desarrollo de los incendios en extensión y en tiempo y no quedar solamente expensas de Dios para que haga llover, porque de otra forma no hay como terminar con los mismos. Hay países que están muy bien equipados como Chile, que pueden limitar el fuego en plantaciones forestales, trabajo mucho más complicado que hacerlo en campo abierto.

A fin de año la presidente se comprometió al presentar 32 unidades terrestres para la lucha contra el fuego a la entrega de 77 vehículos especiales más durante 2013 y sólo se sumaron 13. También en ese momento había comprometido 26 aviones hidrantes, el país tenía 14, cuatro de ellos estaban destinados en Córdoba y se agregaron dos más a último momento.

Si hubieran estado la totalidad de los prometidos presidencialmente, la situación hubiera sido otra.

El cambio climático es una realidad, por lo tanto los bienes y las inversiones rurales y urbanas no deben quedar desamparadas a la buena de Dios por cualquier evento climático.

La idea central de esta iniciativa que vengo difundiendo, es que los productores y ciudadanos tengan una cobertura integral por los diferentes riesgos agropecuarios como tienen los países que planifican y diagraman a largo plazo.

Una política para cubrir los riesgos climáticos tendría el siguiente formato:

1. Una política de seguro para cubrir los riesgos previsibles, con subsidios a las primas que incentive su uso, cambiando la vocación aseguradora de nuestra sociedad.

2. Crear un Fondo Anticíclico Nacional para atender los desastres por eventos rurales y urbanos no previsibles. España, EEUU, Brasil, Colombia entre otros países aplican este tipo de políticas activas que potencian los intereses del conjunto al conseguirle más altos niveles de producción y exportación.

No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la Organización Mundial de Comercio (OMC): con subsidios "verdes" de hasta el 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a pequeños productores.

Si estamos dispuestos a modificar esta relación del estado con el sector agropecuario, ha llegado la hora que nuestra dirigencia ponga en agenda este tema en esta campaña electoral y empecemos a trabajar en una propuesta para el largo plazo.

Solamente un dato: el subsidio del 50% de la prima de seguro agrícola como hace Brasil representaría solo 600 millones de pesos anuales para las 19 millones de hectáreas aseguradas en el último ciclo en la argentina.

Asumamos que para cubrir los riesgos climáticos actuales de 32 millones de hectáreas agrícolas, con una inversión anual de 80.000 millones de pesos, necesitamos políticas de estado para atenuar las pérdidas de los productores.

Una pérdida de 5000 millones solamente en NOA no se puede cubrir con la obsoleta ley de emergencia agropecuaria que dispone de 500 millones de pesos como fondo.

Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado.

Especial para NA, por Arturo Navarro