Tal como adelantó El Cronista, el Gobierno está a un paso de regular el multimillonario negocio de la compra-venta de granos en la Argentina. En rigor, el nuevo avance que buscará dar a luz a una plaza concentradora de los negocios granarios, un universo de más de u$s 50.000 millones que a partir de ahora estará bajo el control del Gobierno.

El dinámico y polémico alfil del Palacio de Hacienda que es la Comisión Nacional de Valores (CNV), el órgano encargado de regular, fiscalizar y controlar a los participantes de todos los mercados con oferta pública del país, ha incorporado -pero aún no hay publicado- la reglamentación que obligará a los corredores (de granos, de bonos, etc) que actualmente no realizan operaciones en el marco de una mercado la obligatoriedad para que registren todas estas operaciones donde lo indique la CNV.

La comercialización de granos conforma una gigantesca plaza de negocios que hasta ahora se encuentra exenta de regulación y que, por eso, el Gobierno mira en forma aspiracional.

Es que una vez regulado, no sólo contará con información vital relacionada con la cantidad precisa de toneladas de soja, trigo, maíz (y otros cereales y oleaginosas) que se comercializan en la Argentina, sino también podrá hacer un seguimiento pormenorizado del stock que declara cada productor, cuánto comercializa a pooles o exportadores, y cuánto declaran éstos a la hora de realizar la venta al exterior de esa mercancía.

Esta información hoy no está disponible ni concentrada en ninguna de las entidades que fiscaliza al sector, incluida la AFIP.

Hace algunos meses, Alejandro Vanoli el titular de la CNV había mantenido numerosas reuniones con equipos del Ministerio de Agricultura, que dirige Norberto Yauhar, con el fin de diseñar e instrumentar el puntapié de un mercado electrónico que rankeará como uno de los mayores de América latina y en el que comercializarán las distintas modalidades con las que hoy cuenta el agro para vender su producción.

Sin embargo, lo que en principio fue un proyecto solamente aplicado al potencial mundo de los negocios granarios, ahora aparece también gravitando el millonario universo de la compra-venta de bonos por fuera de los mercados, tal como se lo conoce a la modalidad conocida como OTC (ver aparte).

En caso típico de esto son los negocios en bonos que hacen los bancos dentro del Mercado Abierto Electrónico (MAE).

La información fue confirmada desde la Comisión y fuentes del mercado.

Desde Agricultura, en tanto, se afirmó oportunamente que es un proyecto que se analizaba desde el año pasado.

La avanzada toma fuerza por estas horas en función de las nuevas atribuciones que la flamante Ley de Mercado de Capitales, sancionada a fines de 2012 le ofreció a la CNV.

Es más: la última semana, y en ocasión de celebrarse el 159 aniversario de la Bolsa de Comercio, la presidenta Cristina Fernández dio a conocer la promulgación del corpus reglamentario de la flamante Ley de Oferta Pública.

En ese reglamento, cuyas partes más importantes aún restan por ser reglamentadas (algo que ocurrirá en las próximas 3 semanas), ya se anticipa que las normativas allí dispuestas incorporarán a los agentes y corredores que hoy realizan sus negocios fuera de la regulación de la CNV.

En el artículo 1 que reglamenta la Ley 26.831, se señala que la CNV “deberá establecer los requisitos de idoneidad, integridad moral, probidad y solvencia que deberán cumplir quienes aspiren a obtener autorización de esa Comisión para actuar como mercados, cámaras compensadoras, agentes registrados para llevar a cabo actividades de negociación, colocación, distribución, corretaje, liquidación, compensación, custodia, depósito colectivo de valores negociables, administración y custodia de productos de inversión colectiva, calificación de riesgos y demás actividades relacionadas con el mercado de capitales, así como también quienes ofrezcan públicamente sus valores negociables”.

Para una fuente del mercado, la palabra clave es “corretaje”, un sector que usualmente no se encuentra bajo la mirada de la CNV y que ahora lo estará.

La medida, y la puesta en marcha de este mercado, implicará un severo impacto para los grandes grupos exportadores que así verían disminuida su capacidad de negociación a la hora de fijar precio a los negocios, pero podría beneficiar a corredores y exportadores de menor tamaño, ya que la nueva plaza permitiría contar con precios de mercado y transparentar los valores que se pagan en el país a la hora de comprar y vender granos.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que la iniciativa permitirá “blanquear” el comercio que se realiza entre productores, pooles, y exportadores, que si bien tienen la obligación de declarar el negocio ante la AFIP, a la hora de marcar las condiciones en las cuales se realizan las operaciones, tienen la opción de no realizar la declaración vinculada al precio y las condiciones en las que se efectúa la venta.

En los Estados Unidos, por ejemplo, gran parte de los negocios de esta naturaleza se encuentras regulados.

Hoy un 40% de los negocios que se realizan en el mercado de granos se hace bajo la modalidad del “contado”.

Un 20% se realiza en los mercados de futuro (lo que se llama “forward” no tiene registro de precio mientras que los futuros que se realizan en Rofex y Matba sí lo tienen).

Para el restante 30% se utiliza la modalidad de “a fijar precio”, lo que implica que el negocio se hace al precio que fijen las cámaras arbitrales en una fecha determinada.

Según sostienen en la plaza, hoy la oferta de granos está atomizada en varias decenas de miles de productores, mientras la demanda se encuentra concentrada por una decena de grandes grupos.