Un fracaso espoleado por el error en el sistema de toma de decisiones de la mandataria, agravado por una evidente debilidad política. Postergar su ascenso podría resultar para Cristina Kirchner más oneroso en términos políticos que haber rectificado totalmente su decisión . A pesar de todo esto, ayer la Presidenta decidió, explícitamente y por cadena nacional, quedar atada a Milani, a su polémico pasado y a su complicado presente
El actual jefe del Ejército corporiza el ideal de cierto antiguo peronismo de contar con militares propios. Milani saca réditos de esa debilidad del oficialismo. En el único reportaje a medios gráficos que dio, a Página/12, subrayó su adhesión al "proyecto nacional y popular".
Lo de popular es un agregado novedoso. En su último discurso, en la cena anual de las Fuerzas Armadas, habló de sus "ansias por trabajar por un proyecto nacional". No figuró entonces la palabra popular. El cristinismo es, desde ya, la única fracción política que dice liderar un "proyecto nacional y popular".
Héctor Cámpora hurgó en esa veta, tan populista como militarista, cuando nombró jefe del Ejército al general Jorge Carcagno. Isabel Perón insistió en la teoría de un militar propio cuando lo puso en ese cargo al general Alberto Numa Laplane. Perón, que era un militar, evitó esa peligrosa tentación, tal vez porque conocía sus consecuencias. Su jefe del Ejército en 1973 fue un militar profesional, más bien liberal en lo político, el general Leandro Anaya. Sin embargo, aquellas experiencias de Cámpora y de la viuda de Perón estaban influidas por el temor a un golpe de Estado, desgraciadamente muy común en las décadas anteriores a sus gobiernos. El período isabelino terminó, en efecto, con otro golpe de Estado.
Pero ¿qué razones hay detrás de la actual pertinacia presidencial en tener un Ejército que le responda políticamente? Felizmente no existe ahora ningún riesgo de ruptura del orden constitucional. Tal vez todo se deba a la imposibilidad de deshacerse con facilidad de un militar que es jefe del servicio de inteligencia del Ejército desde hace cinco años. Nadie ha desmentido ni confirmado hasta ahora la información publicada por LA NACION el domingo pasado sobre el espionaje a dirigentes políticos (a Daniel Scioli, entre ellos) por parte de Milani. Si fuera así, Milani prestó y prestará importantes servicios políticos al gobierno de la Presidenta en tiempos de adversidades, como son los que se presagian.
El error de la Presidenta fue plantear su designación y su ascenso a teniente general al mismo tiempo. Los cuestionamientos a Milani venían desde hacía mucho tiempo. Eran previsibles. El ascenso necesita del acuerdo del Senado y fue ahí donde estalló el escándalo. La debilidad es comprobable en la decisión de Cristina de postergar el escandaloso debate hasta fin de año. Varios senadores kirchneristas se estaban alejando del oficialismo. También algunas organizaciones de derechos humanos tomaban distancia.
El cambio de época está a la vista. Todos los senadores oficialistas votaron este mismo año el increíble acuerdo con Irán o la reforma judicial, que era inconstitucional hasta para varios legisladores que la aprobaron en el Congreso. El tiempo político no es el mismo. Las encuestas no halagan a la Presidenta. Un nuevo liderazgo está surgiendo en la decisiva Buenos Aires, y Cristina podría perder en octubre hasta en su adoptiva Santa Cruz.
Fue Cristina, sin embargo, la que decidió mantener a Milani en el cargo de jefe del Ejército, que es la parte realmente importante del conflicto. El grado del militar tiene menos importancia que la conducción efectiva de la fuerza. Nadie confirmó ayer la versión de que Milani habría presentado la renuncia a la Presidenta y que ésta se la habría rechazado. "Con renuncia o sin renuncia, fue Cristina la que decidió que siguiera", dijo un alto funcionario del Gobierno. Tiene razón: la Presidenta pudo mandarlo a Milani a su casa, si ella quería, sin necesidad de que el jefe militar renunciara.
El caso Milani desnudó, además, las falencias del Estado. Eficaz para perseguir a opositores o críticos, hasta inventarles historias que no existieron, el Estado no pudo acceder a tiempo a la documentación de Milani que ya existía. El informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja, que menciona a Milani en la desaparición del soldado Alberto Ledo y en el secuestro de Ramón Olivera, es de 1984. El acta falsa sobre la deserción de Ledo fue firmada por Milani en 1976 y está en los tribunales de Tucumán desde hace mucho tiempo. En Tucumán hay también una causa abierta por la desaparición de Ledo que menciona a Milani.
Ni el Ministerio de Defensa ni la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se notificaron nunca de esos antecedentes. No es justo, por eso, culpar sólo al CELS de tales omisiones. La nueva posición de esa organización de derechos humanos, contraria al ascenso de Milani, puede tener una lectura política sobre los realineamientos dentro del mosaico kirchnerista. El CELS estuvo siempre muy cerca de la Presidenta. Pero no tiene la mayor carga de la culpa en los manifiestos descuidos sobre los antecedentes de Milani. La principal responsabilidad en el ascenso de los más altos jefes militares será siempre del Estado, no de una ONG.
El último hallazgo de Milani consiste en culpar al azar de las desdichas de su vida. El azar lo llevó a Tucumán y el azar, otra vez, lo obligó a firmar el acta de deserción del soldado Ledo. Cristina Kirchner lo comprende, aunque el kirchnerismo ha sido menos comprensivo con el azar de otras vidas.
La Presidenta no analiza los datos, sino las conspiraciones. Envuelta en una nube de supuestos complots, está culpando a sus propios servicios de inteligencia y hasta a sectores militares de la desestabilización de su general preferido. Si sectores militares y de inteligencia han atizado el fuego contra Milani es porque ahora tienen un poder que antes no tenían.
Llama la atención, con todo, que nadie en el Gobierno se haya detenido ni siquiera en el patrimonio de Milani ni en la denuncia que en su momento hizo un funcionario cristinista, el actual ministro de Seguridad, Arturo Puricelli. La denuncia de Puricelli, sobre irregularidades en las compras del Ejército, pegó en los talones del actual jefe del Ejército.
Pero ¿llama la atención? El Gobierno prefirió, en otro caso resonante de estos días, dejar en libertad a Ricardo Jaime, que será, en sus consecuencias electorales, peor que su prisión. Es la imagen paseante de la impunidad. Jaime se pavoneó delante de algunos micrófonos señalando que "no hablará" porque es "un militante". No dijo que no hablará porque no tiene nada que contar sobre el manejo del dinero dentro del kirchnerismo.
Párrafo aparte merece una aclaración. Es el ex futbolista Fernando Redondo, y no Jorge Valdano, como se dijo erróneamente, quien le alquilaba a Jaime un departamento. Un hermano y apoderado de Redondo (que vive en España) les dijo a los jueces que iba a cobrar el alquiler a la empresa TBA, de los hermanos Cirigliano, a quienes Jaime debía controlar y a quienes les transfirió multimillonarios subsidios para el transporte.
Jaime es una herencia de Néstor Kirchner. Milani es una creación política de Cristina. Incapaz de una sola autocrítica, la Presidenta aceptó sólo posponer, sigilosamente, su ascenso. No le retiró el manejo del Ejército ni, muchos menos, el del espionaje militar. Demasiado tarde, demasiado poco.
