El cambio climático obliga a las comunidades a planificar su adaptación frente a fenómenos cada vez más intensos, que en las últimas décadas provocaron fuertes pérdidas materiales y humanas. América Latina enfrenta el desafío de disminuir su grado de vulnerabilidad, porque si bien “la magnitud de las amenazas naturales no se puede controlar, el estado de vulnerabilidad de una comunidad se construye socialmente”, afirmó la investigadora brasileña Michelle Bonatti, ingeniera agrónoma de la Universidad Federal de Santa Catarina.
Bonatti estudia los mecanismos necesarios para facilitar la adaptación a las adversidades climáticas en comunidades rurales de América Latina, en el marco de su tesis doctoral que realiza durante 2013 en la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), donde también busca abarcar la temática desde la educación y el desarrollo. Sus trabajos se realizaron en la Argentina, Brasil y en Paraguay, donde analizó la percepción que tienen frente al clima los habitantes de las ciudades de Junín, Anchieta y Asunción, respectivamente.
“En Europa, por ejemplo, hay países que avanzaron en la implementación de leyes que obligan a cada comunidad a tener su plan de adaptación al clima, por los grandes desastres climáticos que vienen sucediendo, sobre todo en los últimos 10 años. En América Latina tenemos un contexto distinto; hay que observarlo y adoptar medidas propias, contextualizadas, para ver cómo construimos estos planes de adaptación al impacto de los eventos climáticos y a la incertidumbre que generan hacia el futuro, con el apoyo del Estado y del sector privado”, aseguró.
Bonatti recordó los terremotos que sacudieron a Haití y a Japón en 2010 y 2011, que pese a tener una magnitud similar provocaron pérdidas muy diferentes: mientras en el primero de los casos se registraron 200.000 muertos, en el segundo, los decesos alcanzaron a 10.000 personas. “Las subsecuentes recuperaciones también fueron visiblemente diferentes, porque la intensidad del desastre es resultado no sólo de la magnitud del evento geográfico, sino también del estado de vulnerabilidad en el cual se encuentran los países”, explicó.
La situación se repite en el caso del clima: “Los impactos de las sequías y de las inundaciones evidencian que las problemáticas sociales, como la falta de acción social colectiva y de una política institucionalizada, potencian el estado de vulnerabilidad de una comunidad”.
A partir de los resultados de los estudios que realizó en la Argentina y Paraguay, la investigadora concluyó que no todas las comunidades perciben el impacto del clima del mismo modo. “En una región con inundaciones, por ejemplo, encontramos que la población afectada no consideraba al clima como un factor de impacto en sus vidas. Para ellos, el problema estaba en la infraestructura. En cambio, en otra comunidad rural que sufría sequías, la población local evidenciaba el impacto del clima en sus vidas y desarrollaba estrategias de adaptación desde abajo, como la selección de semillas locales, más adaptadas al ambiente”, detalló, y apuntó: “La percepción del problema debe ser considerada y es una de las bases de la construcción de los planes de adaptación”.
Durante su estadía en la Argentina, mientras realizaba su tesis doctoral en la Fauba, Bonatti asistió a las fuertes inundaciones que afectaron en abril de 2013 a las ciudades de Buenos Aires y La Plata.
“Estas inundaciones evidencian la necesidad de pensar en el desarrollo integrado de los procesos de adaptación al clima, con estrategias que involucren al desarrollo local. Así, la ciudad se beneficia aunque no ocurran eventos climáticos extremos, si bien la tendencia indicada en los escenarios científicos es que se multipliquen”, señaló.
Además, advirtió que “si bien el planeamiento de la adaptación al clima puede ocurrir desde diferentes sectores sociales, el sector de gestión política tiene la responsabilidad social de encaminar y facilitar este proceso, de manera articulada con los sectores de base”.