Cuentan que, a poco tiempo de sembrar su campo, un agricultor se ilusionó con el paisaje verde de los primeros brotes del cultivo. Tanto, que se propuso anticipar la cosecha. Entró al sembrado y, una por una, estiró varias veces con sus manos las plantas, todo lo que pudo... El resultado fue adverso y la tierra no dio el fruto que sí habría ofrecido sin la intromisión. Para el economista Orlando Ferreres, las políticas estatales de intervención en diferentes sectores de la actividad económica -que en los últimos años fueron muchas; tuvieron como un actor principal al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y se fijaron como principal meta evitar subas de precios- se asemejan a la acción del chacarero ansioso.
Lo cierto es que muchas de las medidas tomadas en los últimos años terminaron, en un menor o un mayor plazo, por reducir los niveles de producción y por afectar tanto los valores como el abastecimiento de bienes como alimentos o combustibles, y de servicios como la energía eléctrica o la provisión de gas o combustibles. Esa vinculación de causa y efecto está, al menos, en la lectura que hacen no pocos economistas, consultores y empresarios.
En el caso de mayor actualidad, el del trigo, una última campaña mucho más pobre que las anteriores derivó -según los productores, que afirman no tener datos ciertos del stock actual- en un mercado con una oferta de granos muy ajustada frente a la demanda. La escasa disponibilidad de harina en los molinos se reflejó en el encarecimiento de ese insumo básico para la dieta argentina.
En la raíz del problema están las políticas de intervención, que desincentivaron al productor. "Históricamente se producían 16 millones de toneladas y un tercio se necesitaba para consumo interno; en la última campaña se cosecharon 9 millones de toneladas", relata Santiago Labourt, presidente de Argentrigo, una asociación de la que participan empresas y entidades relacionadas con la producción y la cadena comercial del cereal.
En 2006 comenzaron las restricciones a la exportación, con el objetivo de que el precio internacional no impactara en el mercado interno. Las ventas quedaron sujetas al sistema de permisos que deben obtenerse a través del Registro de Operaciones de Exportación (ROE), que "viene" en tres colores: verde para granos, rojo para carne y blanco para lácteos. "Los permisos de exportación se liberan arbitrariamente y con cuentagotas -afirma Labourt- y eso hace imposible planificar una campaña comercial."
El resultado de esa incertidumbre, sumada a factores como las retenciones -hoy de 23% pero que llegaron a 28%- fue que muchos productores optaron por otras actividades. En la última campaña se sembraron sólo 3,1 millones de hectáreas, menos que la mitad de las que se veían pobladas con espigas doradas hasta antes de la intervención estatal, según Labourt, quien sostiene que el problema de hoy es que la existencia de cereal no supera lo que se necesita, lo que impide una distribución comercial adecuada. Una razón por la que se fue achicando la superficie sembrada, agrega, es que los productores quedaron, en varias campañas, con un stock sin vender, a falta de permisos para exportar.
Desde una óptica distinta, Fernanda Vallejos, economista de La Gran Makro -grupo afín al Gobierno- considera que el desabastecimiento de estos días responde a una retención especulativa del cereal en manos de exportadores, acopios y productores grandes, que piden precios que "no tienen racionalidad económica". "Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, las necesidades de consumo interno son de 5,5 millones de toneladas; se exportaron algo más de 1 millón de toneladas, hay por lo menos 7,5 millones retenidas", estima. En los últimos días, Moreno exhortó a exportadores, bajo la amenaza de aplicar la ley de abastecimiento de los 70, a vender cereal. Algo de eso ocurrió sobre el final de la semana, con un consecuente alivio en los precios.
Para el trigo o para cualquier otro cultivo, la incertidumbre al momento de la siembra respecto de las condiciones de comercialización tras la cosecha (en el medio hay varios meses y un capital puesto a riesgo), se suma a otros factores negativos como "la pérdida de competitividad, la inflación que eleva los costos internos, una presión impositiva más alta que la histórica y una fuerte incidencia del precio de los fletes", describe el economista Ernesto Ambrosetti, de la Sociedad Rural Argentina. Al trigo, esta vez, le pasó algo más: el hongo Fusarium afectó la calidad de parte de la producción. "No todo lo que se cosechó sirve para la molienda", avisan en el sector.
Días atrás, la bolsa de harina llegó a un valor de entre 230 y 280 pesos, contra los 100 que costaba al iniciarse el año. Y con el precio del pan en el mostrador casi a $ 20 por kilo (900% más respecto de 2002), hubo acuerdo de Moreno con molineros y panaderos, para que se venda un kilo de pan francés a 10 pesos. "Es un acuerdo de corto plazo, pero en definitiva no nos alcanza el trigo y estamos en el país granero del mundo; así es la política de populismo extremo, llega a puntos desmesurados", lamenta Ferreres.
"La rentabilidad del trigo es escasa o nula y está en el ADN del empresario
buscar rentabilidad", razona Mariano Tomatis, especialista en negocios del agro
de PwC Argentina. Él considera que "la prueba de amor" del Gobierno con los
productores sería eliminar las retenciones. No alcanza, cree, con la promesa de
devolución de esas cargas fiscales que se anunció a futuro.
Vallejos sí es optimista respecto de los resultados que tendrá esa medida. Para
la economista, cuando se trata de alimentos básicos, la intervención del Estado
es fundamental para "velar por el bienestar general del conjunto de los
argentinos"; dice que las políticas son de administración del comercio exterior
y no de restricción. "Las prioridades productivas no pueden quedar libradas al
criterio exclusivo del mercado", argumenta.
Sin embargo, en mercados como el ganadero, "los problemas van de la mano de la mayor intervención", según advierte Carolina Schuff, economista de Abeceb.com. La reducción del stock bovino, de 58,3 millones de cabezas en 2006 a 49,9 millones el año pasado, y la caída de la Argentina del tercer al decimoprimer puesto entre los países exportadores son datos preocupantes. La conclusión de Schuff surge tras repasar hechos de los últimos años. "Con el aumento de las exportaciones, en 2004 se generó el debate sobre si debía priorizarse el consumo interno a precios desacoplados de la tendencia internacional; luego se elevó el peso mínimo de faena a 280 kilos y se acordó la baja de precios de cortes populares", recuerda. Para desalentar las ventas al exterior, en ese año se elevaron de 5 a 15% las retenciones, y en 2006 se implementó el ROE rojo. La caída de rentabilidad que siguió se conjugó con un alza del precio internacional de los granos.
"El argumento de subir las retenciones para controlar el precio resultó falaz; entre 2005 y 2012 el precio de la carne en el mostrador se cuadruplicó", señala el consultor en temas ganaderos Víctor Tonelli. Antes de la intervención, recuerda, se llegaron a exportar 780.000 toneladas al año. En 2012, la cifra fue de 190.000 toneladas. "Lo que necesita el sector es que le saquen la mano de encima", concluye.
El tipo de cambio es parte del problema. "Con la cotización actual del dólar oficial, las retenciones de 15%; la obligación de vender parte de la producción a mitad de precio en el mercado interno para poder exportar, y la falta de reintegros del IVA por gastos de producción, el tipo de cambio neto ronda los 4 pesos", calcula Tonelli.
El dólar es bajo para los exportadores, pero los fuertes controles impuestos sobre la divisa no evitaron que en el mercado paralelo el precio se disparara hasta superar, hace poco, los dos dígitos. La intervención en el mercado de moneda extranjera -que llegó al punto de prohibirse la compra, salvo habilitaciones muchas veces arbitrarias-, en un país con tradición de mirar con confianza al dólar, impactó fuerte en la construcción y el mercado inmobiliario. En el primer trimestre se firmaron 41,7% menos escrituras en la Capital Federal que un año atrás. Para intentar volver a la vida al mercado de las propiedades, el Gobierno creó el Cedin, un papel que servirá como medio de pago y que se otorga a cambio de que los evasores entreguen sus dólares no declarados.
De más largo plazo que los efectos del cepo cambiario, el congelamiento de tarifas en el sector energético, con subsidios estatales que alcanzan a quienes no los necesitan, derivó en una oferta insuficiente del servicio por falta de inversiones. "El precio local de la energía eléctrica equivale al 33% del valor de referencia regional", apunta el ex secretario de Energía Daniel Montamat. Agrega que, con los precios baratos, hubo una mayor demanda de bienes que consumen energía, y se ahuyentó a la vez a la inversión necesaria para subir la oferta. "Y así, volvimos como importadores al mercado internacional", concluye.
La balanza comercial energética tiene signo negativo desde 2011, cuando el déficit fue de unos US$ 3000 millones. "Prepárese para la respuesta -dice Montamat, respecto de la proyección para este año-; el déficit llegaría a US$ 7000 millones."
El impacto se da en las cuentas externas y en las fiscales, pero también en la producción, agrega Montamat, porque la situación implica un factor disuasivo para nuevas inversiones en cualquier rubro de la economía.
"El principal fracaso es la pérdida de abastecimiento energético", concluye Horacio Lazarte, analista sectorial de Abeceb.com, respecto de las políticas sobre el petróleo.
El listado de producciones afectadas no se agota en los casos citados. El año pasado, por caso, faltó yerba cuando los productores advirtieron que el precio al que vendían no cubría los costos. En el mercado lácteo, se eliminaron las retenciones en 2009, pero se mantienen los ROE. Por varios factores, la entrega de leche a industrias cayó más de un 9% en los primeros meses del año y las exportaciones cayeron un 25% medidas en dólares.
La solución a los problemas creados por la intervención, advierten economistas, demandará un cambio de visión de políticas y tiempo. Muchos señalan que no se trata de quitar del escenario al Estado, sino de darle un rol más moderado y de garante de cumplimiento de los contratos, eliminando toda discrecionalidad..
