Muchas de ellas se registraron fuera del país, pero determinan la vida pública doméstica. Frente a algunos de estos cambios, el Gobierno ha desatado una furia escandalosa. Sobre otros no se pronuncia. Ni siquiera se sabe si los registra. Sería mejor que lo hiciera, porque la escena en la que deberá moverse desde ahora no será, en aspectos relevantes, la habitual.
La respuesta del kirchnerismo a la Corte Suprema por haber declarado la inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura comenzó siendo retórica. La Presidenta recurrió al argumento fascistoide, según el cual los jueces que no acatan la voluntad popular, que se expresa a través de ella y del Congreso, se levantan contra la democracia. Y ayer Aníbal Fernández atribuyó el revés a que "la Corte es opositora". De modo que cada vez que falle a favor del oficialismo habrá que sospechar que es "adicta".
No es tan infrecuente que los líderes políticos se enojen con el máximo tribunal de su país. En 1937, Franklin D. Roosevelt mantuvo una polémica ardiente con la corte norteamericana, igual que Barack Obama en enero de 2010. En cambio, es muy poco común que la relación entre poderes del Estado se regule con medidas de acción directa. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, denunció anteayer ante sus pares que, apenas se supo del enojo de la señora de Kirchner, la AFIP abrió una investigación sobre su familia. Ricardo Echegaray, el director de ese organismo, negó ayer a través de Télam que hubiera un expediente. Lorenzetti creyó ver una extorsión y, a la luz de ciertos antecedentes, resulta verosímil: cuando el Gobierno pretendía que la Corte cancelara la cautelar que ampara a Clarín de la ley de medios, Hebe de Bonafini amenazó con ventilar información inconveniente sobre los jueces. Ningún miembro del Gabinete condenó el chantaje. Tampoco lo hizo cuando Bonafini acusó a los magistrados de ser "turros que reciben plata a cambio de sentencias".
En diciembre pasado, la ciudad amaneció empapelada con la tapa de la revista XXIII, del ultraoficialista Sergio Szpolski, con la cara de Lorenzetti acompañada de alusiones desdorosas. Hace diez días, el juez Juan Carlos Maqueda fue agredido por alguien que se identificó como militante de La Cámpora. Son marcas de estilo. Episodios que ayudan a interpretar qué pretenden las autoridades cuando se proponen "democratizar la Justicia". Aunque a los funcionarios que acumulan causas en los juzgados esta saga les resulta cada vez menos simpática. Algunos auspician, en defensa propia, otra reelección.
La Presidenta dijo que no auspicia una reforma constitucional. Daniel Scioli lo recordó anteayer, en una desmentida tácita a Sergio Massa, quien se manifestó contra esa posibilidad. Pero la referencia de Scioli fue extraña. Después de pronunciarla, agregó: "Me comentaba Karina: «Cómo puede ser que cada año y medio estemos en elecciones». Yo no sé si en un futuro no habrá que repensar que los mandatos duren cuatro años todos, para no estar en campaña cada año y medio". Quiere decir que el gobernador está imaginando una reforma de la Constitución. Porque para seguir el consejo de su esposa, habría que modificar los artículos 50 y 56 de la Carta Magna. Scioli, que fue diputado y presidente del Senado, no puede ignorarlo.
Scioli ingresó en una crisis por el lanzamiento de Massa. Juró lealtad a la lista de la Presidenta y se fotografió con Martín Insaurralde, que la encabeza. Son recursos insuficientes. La ruptura del intendente de Tigre es, como el conflicto con la Corte, otro de los acontecimientos que han desequilibrado el balance de poder. No porque Massa represente una opción más o menos promisoria en las encuestas. Se sabrá más adelante si se trata, o no, de una burbuja. La novedad de su irrupción radica en que con ella abandonaron el oficialismo una decena de intendentes exitosos, y media CGT-Balcarce. Y en que el empresariado industrial, en la figura de José Ignacio de Mendiguren, tomó distancia. Esa división no es potencial. Es un hecho consumado. Cualquiera que sea el resultado de octubre, el kirchnerismo ya tiene otro diseño. Y esa alteración afecta tanto a Cristina Kirchner como a Scioli, que es el titular del distrito en el que se produjo el desprendimiento.
Para advertir el realineamiento de los planetas en los últimos treinta días, hay que mirar también más allá de la frontera. La mutación externa más relevante es la tormenta de Brasil. El 12 de mayo, Lula da Silva y Dilma Rousseff entonaron por la red nacional de radio y televisión un canto a sí mismos por la "década ganada". Un mes más tarde, en las multitudinarias protestas de las principales ciudades del país, quedó expuesta la fisura subyacente a ese consenso. Los diagnósticos sobre el malestar de los brasileños son innumerables. Visto desde la Argentina, el rasgo más significativo del fenómeno es preciso: desafiado por las exigencias de su propio electorado, el gobierno del PT agotó su margen para absorber los conflictos con su socio. Es posible que la "paciencia estratégica" de la que hablaban los diplomáticos de Itamaraty para caracterizar sus reacciones ante los bloqueos comerciales de Guillermo Moreno, las hostilidades hacia Vale o la estatización de ALL -le prohibieron vender sus activos a Techint por tratarse de "un grupo enemigo"- esté por terminarse.
Atemorizada, Dilma se repliega. Subsidia el consumo energético, protege a sus industriales elevando los aranceles, relaja la estrategia monetaria hasta que la inflación alcance el máximo permitido: 6,5% anual. En alguna medida, se kirchneriza. También en el orden institucional. Fue y vino con una iniciativa constitucional. Y ayer el Congreso brasileño, subido a la ola del populismo judicial, discutió una enmienda para que los fiscales ya no puedan investigar la corrupción de los funcionarios. Esta familiaridad mercosuriana es engañosa porque garantiza la discordia. La moneda brasileña se desvalorizó casi 10% en términos reales desde el 1º de mayo. La competitividad de las empresas argentinas, a la que está asociado el nivel de empleo, estará más amenazada.
Mientras el gobierno del PT camina con cautela hacia las elecciones de 2014, Venezuela, otro socio mayor de la Argentina, también muta. El 5 de este mes el canciller Elías Jaua se entrevistó con su colega norteamericano John Kerry. Obama reconoció así el triunfo de Nicolás Maduro. En semanas, Washington y Caracas intercambiarán embajadores. Acotado por el ascenso de Henrique Capriles, nostálgico del carisma de su fundador y contrariado por la economía, el chavismo corrige el rumbo de su nave. Mientras tanto, Héctor Timerman permanece al lado del teléfono a la espera de que Kerry le conceda una entrevista.
Desde Teherán también llegaron pésimas noticias. Mahmud Ahmadinejad, el presidente con el que Cristina Kirchner negoció el caso AMIA, dejó el poder sin colocar a un heredero. Y, sobre todo, sin que la asamblea iraní apruebe el memorándum con la Argentina. El sucesor, Hasán Rouhani, es un moderado, ahijado del reformista Akbar Rafsanjani, con cuyo espaldarazo decisivo ganó las elecciones. Rafsanjani es uno de los cinco ex funcionarios sobre los que pesa, por solicitud de la Justicia argentina, un pedido de captura de Interpol.
Parece imposible que Rouhani siente a su protector delante de Rodolfo Canicoba Corral. Queda al desnudo, por lo tanto, que el único resultado que obtuvo Timerman en su negociación es que los ayatollahs se ufanen de que la señora de Kirchner aceptó crear una Comisión de la Memoria que revise las imputaciones realizadas hasta ahora. Es decir: aceptó haber sido "víctima de una maniobra del sionismo", que la llevó a acusar a Irán como un Estado terrorista.
El nuevo cuadro dibujó otro vértice ayer. Por segunda vez en un mes y medio, el directorio de Repsol rechazó una propuesta del Gobierno para indemnizar la confiscación de las acciones de YPF. Fue por unanimidad. Es decir, con el voto de Pemex y La Caixa, los dos accionistas que parecían interesarse en un acuerdo. La persistencia de este conflicto es uno de los principales obstáculos de Miguel Galuccio para conseguir inversores extranjeros. Hasta ahora sólo se ha aproximado Chevron. Pero las tratativas con esta multinacional han activado otras resistencias. Hay directores e ingenieros de YPF que se niegan a convalidar, en nombre de la soberanía hidrocarburífera que inspiró la expulsión de Repsol, un acuerdo con la multinacional norteamericana al que califican de leonino.
Tal vez el ardor nacionalista de quienes habían confiado en las consignas estudiantiles de Axel Kicillof resulte estéril. Nadie asegura que el directorio de Chevron vaya a aprobar un contrato con una empresa cuya propiedad está siendo discutida. Y esa disputa promete prolongarse. Cuando le quitaron las acciones, Antonio Brufau, el presidente de Repsol, vaticinó: "Esperaremos, para acordar, al próximo gobierno". Las dificultades que presenta en estos días la fantasía de una nueva reelección tal vez lo haya convencido de que no deberá aguardar más que un par de años.
