El fallo también reivindica su carácter de intérprete final de la Constitución Nacional y lo hace sobre la base de argumentos jurídicos que fueron expuestos en las últimas semanas por distinguidos juristas, corporaciones de magistrados y abogados, así como por los miembros de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, entre otras instituciones.
En modo alguno se debe considerar que esta sentencia del máximo tribunal significa que el Poder Judicial adopta una postura política adversa a los intereses del Gobierno. El Poder Judicial está al margen de la política agonal, cuyos protagonistas son los integrantes del Gobierno y de la oposición.
De ninguna manera el Poder Judicial pretende politizar el tema de la conformación del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de proponer y remover a los jueces, sino simplemente demandar que prime la sensatez republicana y que, si aspiramos a convivir en un Estado de Derecho y en una democracia constitucional, corresponde cumplir fielmente con las leyes, prescindiendo de los intereses o los deseos de los gobernantes.
Descartamos que este fallo se va a cumplir, porque no hay manera de evitar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
A menos que se incurra en la torpeza republicana de pretender aumentar el número de jueces de la Corte Suprema para contar, así, con un organismo afín al pensamiento político del Gobierno, lo cual constituiría el ingreso a la democracia populista, un sistema que desgraciadamente rige de hecho en algunos países del continente americano.
