Después de alguna deliberación sobre el camino a seguir, hoy el Poder Ejecutivo recurrirá al per saltum para discutir ante la Corte Suprema el fallo por el cual María Servini de Cubría declaró la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura.
En la Corte ayer celebraron esa decisión. Los máximos jueces aspiran a resolver el pleito antes del próximo 22. Ese día vencerá el plazo para inscribir las candidaturas para las primarias de legisladores y, si prosperara el sueño kirchnerista, de consejeros. Sin embargo, ayer en el más alto tribunal vaticinaban que la sentencia de Servini será convalidada. En la Casa Rosada comienzan a resignarse a ese desenlace que, de verificarse, demostraría la dificultad de los Kirchner para triunfar en las sagas en las que se embarcan. Desde el conflicto con el campo y la querella por las pasteras hasta la embestida contra el obispo Piña y -hasta ahora- la guerra contra Clarín, todas sus epopeyas terminaron en derrota. Despilfarros propios de quienes disfrutan de un superávit de poder.
Servini consultó a algunos constitucionalistas, en especial a un redactor de la reforma de 1994. Su fallo recoge las objeciones que viene cosechando el Gobierno. La "democratización judicial" esconde cuatro deformaciones de la Constitución nacional:
1) la representación de los jueces, abogados y académicos es puesta, a través de los comicios, en manos de un tercero, el electorado; los integrantes del Consejo ya no serían, entonces, representantes de jueces, abogados y académicos, sino representantes del pueblo;
2) la ampliación del número de académicos viola el equilibrio consagrado por el texto constitucional;
3) la participación en listas partidarias se aparta de la experiencia internacional, sobre todo hispanoamericana;
4) todo lo anterior vulnera la independencia judicial.
Servini fortalece su razonamiento con algunas citas perspicaces. Por ejemplo, la transcripción de discursos pronunciados en la Constituyente de 1994 por el entonces convencional Eugenio Zaffaroni, aclarando que los representantes de los jueces deben ser elegidos por los jueces y alertando sobre la posibilidad de distorsiones por vía legislativa. No es el único pasaje en el que Zaffaroni anticipó los criterios de quienes hoy objetan la nueva legislación. Servini no lo cita, pero en la misma sesión este sagaz penalista aconsejó evitar el error de los españoles, que ligaron a los magistrados y académicos con las agrupaciones políticas: "Ahora son jueces amigos de los políticos y juristas amigos de los políticos repartidos entre los dos partidos". Zaffaroni ahora integra la Corte y tal vez contradiga a Servini.
Otra curiosidad es que la jueza se detiene a enumerar las facultades que la Constitución le asigna al Consejo, entre ellas "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia". Los proyectos originales del kirchnerismo, que se plegaban a este criterio, fueron modificados por una gestión de Ricardo Lorenzetti ante Cristina Kirchner, quien aceptó mantener la dirección material de los tribunales en la Corte. Jorge Capitanich declaró ayer que "si hay una ley que tiene visos de inconstitucionalidad es la que le otorga a la Corte la administración del presupuesto". ¿Se rebeló el chaqueño contra una decisión de la Presidenta? ¿O el oficialismo alienta que algún tercero cuestione en la Justicia aquel acuerdo? Para Lorenzetti, sería una declaración de guerra.
La Casa Rosada carece de una estrategia para responder a un revés en la Corte. Por ahora, las hostilidades no superan la retórica. En la experiencia internacional existen encrucijadas parecidas. Por ejemplo, el 27 enero de 2010 los Estados Unidos se alborotaron porque, dirigiéndose al Congreso, Barack Obama vapuleó a los miembros de la Corte que habían removido el límite que el Congreso había fijado a las empresas para financiar el proselitismo. "La Corte Suprema enmendó un siglo de jurisprudencia, lo que creo que abrirá las compuertas a intereses especiales, incluidos los de corporaciones extranjeras", dijo Obama aquella vez, sin aproximarse siquiera un poco a la vibración emocional que Cristina Kirchner podría imprimir a esa temática. El escándalo creció cuando la TV mostró al juez Samuel Alito repitiendo "no es verdad" (www.youtube.com/watch?v=4pB5uR3zgsA ) .
Por su beligerancia, la Presidenta está más cerca de Franklin Roosevelt, quien cansado de que la Corte invalidara las reformas económicas del célebre New Deal, envió en 1937 al Congreso un proyecto que le permitía designar un nuevo juez -pero no más de seis- por cada ministro que permaneciera en el cargo al cumplir 70 años. Roosevelt acusaba al tribunal de querer gobernar en su lugar. Explicó que buscaba "salvar a la Constitución de la Corte y a la Corte de sí misma". La opinión pública lo trató de fascistoide por querer manipular la justicia. Desde entonces se acuñó la expresión "packing the Court", que dio el título a un interesante libro de James MacGregor Burns. El Senado, con los votos de su propio bloque, rechazó su propuesta.
En el kirchnerismo hay quienes alientan el relevo de algunos jueces del tribunal supremo por razones de edad. Aducen que, como Carlos Fayt y Enrique Petracchi fueron designados antes de 1994, no son alcanzados por el tope de 75 años establecido por los constituyentes, pero esa cláusula regiría para Carmen Argibay (74), Zaffaroni (73) y Helena Highton (71), incorporados después. Esta interpretación es errónea, porque la Corte declaró nulo el límite de edad por no figurar en la declaración de la reforma. De modo que ninguno de los ministros del tribunal está obligado a retirarse a los 75 años (www.eco.unlpam.edu.ar/objetos/materias/abogacia/2-ano/derecho-constitucional/jurisprudencia/Fayt.pdf. )
La exaltación ideológica aleja mucho a la Presidenta de Roosevelt y Obama. Ella propone un nuevo concepto de democracia. Ésta ya no se centraría en el reconocimiento de los derechos de las minorías, sino que tendría como única regla la voluntad de la mayoría -o, como prevé la reforma del Consejo, de la primera minoría-. Esta concepción, según la cual sólo merece ser tenida en cuenta la legitimidad del partido que ganó las elecciones, es predictiva: en marzo pasado, los gobernadores del PJ subordinados a la Casa Rosada anunciaron que después de las elecciones intentarán forzar la reelección presidencial indefinida a través de un plebiscito. Es decir: es posible que, así como hoy Cristina Kirchner advierte a los jueces que si no acatan la "voluntad popular" incurren en sedición, hacia fin de año sus apóstoles enrostren a la oposición que si no convalida la reforma constitucional reclamada por el pueblo estará dando un golpe.
Para montar esta escenografía, el Gobierno necesita crear la sensación de que la política carece de una alternativa al liderazgo de la Presidenta. Al injertar la votación de consejeros de la Magistratura en las legislativas de este año, apuntó a ese objetivo: que las elecciones de distrito se conviertan en una disputa nacional, con el país como distrito único, en la que la lista oficialista obtenga una diferencia muy visible con la de sus competidores. Este plan es el que ha venido a desbaratar Servini con su declaración de inconstitucionalidad y es el que podría terminar de hundir la Corte.
Los partidos se anotaron ayer para la elección del Consejo hasta tanto se expida el tribunal superior. En principio, habrá dos listas que integrarán legisladores y consejeros: la del Frente para la Victoria y la de Compromiso Federal, de los Rodríguez Saá. El socialismo, Pro, Unión Celeste y Blanco, UCR, Libres del Sur, GEN, Unión por Todos, Poder para el Espacio Social y Unión Popular inscribieron una alianza exclusiva para el rubro consejeros. Sergio Massa no integró su Frente Renovador a ese bloque opositor. Elisa Carrió y Pino Solanas no participarán.
Si la Corte ratifica la anulación de esos comicios, Cristina Kirchner dependerá mucho más del resultado de la provincia de Buenos Aires para demostrar su poder. Deberá ganar por un margen muy considerable. La polarización actual conspira contra ese objetivo porque, además de concentrar el voto detrás de quien aparezca en condiciones de vencerla, produjo una novedad: indujo una alianza no peronista, con Margarita Stolbizer a la cabeza, en espejo con la que se constituyó en la Capital Federal.
La Presidenta encontró anoche una colaboración frente a esas adversidades: el juego imposible de Massa, Francisco de Narváez/Scioli, Mauricio Macri y José Manuel de la Sota por el poder de 2015. Esa danza, que al no traducirse en un concepto se vuelve impopular, es hoy el principal aliado del Gobierno.
