Treinta y cinco barcos esperando para operar, toneladas de granos en los silos portuarios, sobrecostos, contratos no cumplidos y millones de dólares en retenciones sin cobrar.
Ese es el panorama que resulta del conflicto gremial que tiene paralizado a terminales marítimas de San Lorenzo, Timbúes y San Martín desde el lunes pasado y que no significa otra cosa que el freno al complejo portuario más importantes agroexportador argentino.

En el sistema San Lorenzo, Timbúes y San Martín hoy (por ayer) hay 35 embarcaciones, de las cuales 29 ya deberían haber atracado o zarpado y hay otros ocho que ya están cargados y están esperando para poder salir, explicaron a El Cronista desde la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym).

Una muestra del costo que significa esta situación es que cada día de espera representa un desembolso, promedio, de u$s 20.000 por barco. Es decir, ayer flotaban 700.000 dólares.

A esto hay que sumarle las pérdidas que significan las cargas de cereales y derivados que esperan en puerto para salir con destinos tan disímiles como Holanda, Turquía, Egipto, EE.UU., China, Vietnam y Alemania entre otros.

El conflicto comenzó el lunes cuando los amarradores autoconvocados del Sindicato Obrero Marítimos Unidos (Somu) de San Lorenzo decidieron una medida de fuerza por tiempo indeterminado para que se les abone el Convenio Oleaginoso Portuario Agroexportador (Copa), del cual su gremio a nivel nacional no es firmante.

Como los lancheros los dueños de las lanchas de amarre rechazan pagarlo, desde el lunes los buques de la zona del Gran Rosario no pueden ni amarrar, ni zarpar generando problemas logísticos.

Están las radas llenas, (donde fondean los barcos a la espera de los puertos) y a su vez los puertos llenos de buques para salir. Hay 25 barcos amarrados esperando zarpar también hay 16 barcos anclados que quieren ingresar a un puerto, con la complicación de que hay además otros barcos que están fondeando en otras radas de otros puertos para poder venir acá, explicó un trabajador portuario al portal Agritotal.

A pesar de que hay un expediente en el Ministerio de Trabajo, desde el sector privado se quejan de la falta de acción de la cartera que comanda el ministro Carlos Tomada. Mediante un comunicado, desde la Capym aseguraron que las autoridades nacionales hasta el momento no han intervenido a pesar de que desde el lunes 20/05 los buques no se han podido mover y que esto está afectando los intereses del Estado ya que no se puede exportar, ergo, el Gobierno no puede cobrar las retenciones. No ha habido ni una orden judicial ni institucional ni política que obligue a volver a brindar el servicio de amarres y desamarres.