La construcción del "relato" kirchnerista se lleva por delante la realidad cada vez que ésta le resulta inconveniente. Es más, se hunde muy fácilmente en la mentira, como perversa categoría de fe dogmática, lo cual no sólo es evidente, sino que se ha transformado en una constante. Todo es arteramente desfigurado, sin el menor empacho.
El último ejemplo de esta lamentable práctica tiene que ver con la interpretación torcida y amañada del contenido del reciente informe sobre nuestro país, producido por un comité de expertos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que depende de la OEA.
Ese escrito, duro por cierto, destaca las deficiencias y falencias del Estado argentino en su deber de combatir la corrupción y desterrar los negocios ilícitos, y en la llamativa escasez de sentencias y condenas pese al número de casos judiciales de corrupción en curso. Como consecuencia, la OEA realiza una serie de recomendaciones directas a nuestra administración nacional. Entre ellas, la de sancionar una ley que defina y precise las facultades investigativas de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), cuyo accionar está obstaculizado por las variadas interpretaciones sobre el alcance de sus funciones, lo cual ha tenido como consecuencia la llamativa disminución de los casos que están a su cargo. Además, advierte al Estado argentino que debe designar al jefe de la FIA, cargo que está en manos de funcionarios interinos desde hace tres años, así como cubrir las vacantes en varias fiscalías. También hace notar la sugestiva morosidad en la investigación de la corrupción y la demora en la designación de jueces federales.
Respecto de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), a cargo del cuestionado Daniel Reposo, la OEA señala que debería darse publicidad a sus informes, lo que es evidente, así como publicar regularmente cifras que permitan conocer los resultados de los esfuerzos de recupero patrimonial a favor del Estado nacional. Sobre la Oficina Anticorrupción (OA) se señala que debería evitar que la prescripción sea un recurso frecuente para extinguir las acciones penales en los casos de corrupción y adoptar las medidas necesarias para recibir en tiempo y forma la información correspondiente de los distintos organismos del Estado, pues destaca que hay una tendencia a la disminución de la cantidad de investigaciones preliminares. Sobre este punto, le advierte que esas demoras en las investigaciones a su cargo pueden generar descrédito.
La OEA recomienda asimismo fortalecer los sistemas de auditoría interna y externa, y el uso constante de la información que ellos contienen, así como la necesidad de que exista un sistema efectivo de sanciones a las violaciones de las normas legales.
La Cancillería, cuya gestión es altamente cuestionable, no desmintió esos datos. En cambio, pretendió desacreditar la información suministrada por este diario, al calificarla de "un nuevo intento de afectar el prestigio de la Argentina tratando de bastardear mecanismos que tienden a mejorar los estándares anticorrupción de los países". Y se regodeó por los muy pequeños reconocimientos que naturalmente contiene también el Informe. No es sorpresivo. En las últimas semanas, una nube densa de acusaciones de profunda corrupción parece flotar sobre lo más alto de nuestra administración nacional.
A los ojos del Gobierno y con relación a sus denodados esfuerzos por tratar de manipular la opinión pública, no existen ni las deformaciones del Indec ni los pésimos resultados de nuestro país en las pruebas educativas PISA. De esa forma, lo accesorio termina por ocultar lo principal toda vez que lo que sucede es adverso para una gestión de gobierno que ha desnudado su muy escasa calidad. No obstante, el "relato", lejos de agotarse o bajar sus decibles, sigue deformando la realidad, burda e inescrupulosamente.
