En forma coincidente con el vertiginoso surgimiento de nuevos datos sobre la corrupción del kirchnerismo y el posible lavado del dinero como una de sus consecuencias, se conocieron dos nuevos casos de firmas extranjeras que se habrían visto obligadas a pagar coimas a funcionarios del Gobierno. Ambos tomaron estado público porque en ellos interviene la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, según sus siglas en inglés). De esta manera, y sujeto siempre a lo que luego determine la Justicia, se va conformando cada vez con más nitidez -una horrorosa nitidez- el papel central que juega la corrupción en el modelo kirchnerista, así como la vasta extensión de esta práctica deleznable, tema al que también nos referimos ayer en esta columna.
Uno de los casos es el de la compañía estadounidense Ralph Lauren, que admitió ante la justicia norteamericana que tuvo que abonar 593.000 dólares en sobornos mediante regalos y pagos a funcionarios del Gobierno y de la Aduana de Buenos Aires. Estas coimas, abonadas entre 2005 y 2009, le habrían permitido a la firma ingresar su mercadería en la Argentina sin papeles y sin peligro de inspecciones sobre productos aduaneros.
La empresa reconoció la maniobra mediante un comunicado de la SEC, organismo que la sancionó con una multa de 1,6 millones de dólares por pago de "sobornos" y "ganancias ilícitas" verificados en su subsidiaria argentina, la firma PRL. El comunicado precisa que se pagaron 568.000 dólares a funcionarios de la Aduana porteña, además de 25.000 dólares que la marca había desembolsado en regalos a "tres diferentes funcionarios" y que incluían "perfumes, vestidos y carteras" de la marca, valuados entre 400 y 14.000 dólares cada uno. A raíz de estos hechos tuvo que presentar su renuncia el secretario de Industria, Eduardo Bianchi, quien resultó acusado ante la Justicia. Hace ya un año que la firma cerró los tres locales que tenía en Buenos Aires debido a la dificultad para importar sus productos.
Tras conocerse la denuncia, la AFIP, de la que depende la Aduana, no sólo no reconoció la maniobra, sino que denunció que los directivos locales de Ralph Lauren "utilizan a la Aduana para justificar el vaciamiento de la empresa". Ricardo Echegaray, cuestionado titular de la AFIP, declaró en la causa judicial, pero sólo en calidad de testigo.
El otro caso es el de la firma brasileña fabricante de aviones, Embraer, que también habría tenido que pagar coimas para concretar la venta de 20 aeronaves para la empresa Austral en 2009. Embraer lo ha negado.
Desde un primer momento esta operación estuvo rodeada de sospechas de sobreprecios y pagos de coimas, pues cada avión costó 34 millones de dólares, cuando Embraer vendía las mismas aeronaves en 29 millones de dólares. El gobierno argentino explicó que la diferencia obedeció a la configuración especial de la cabina, a la capacitación de los pilotos y al mantenimiento de las aeronaves. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, entonces gerente del Área Económico Financiera de Aerolíneas Argentinas -de la cual depende Austral- recomendó la operación con aquellos valores.
Sin embargo, en 2010 la SEC inquirió sobre ciertas ventas de Embraer debido a la posibilidad de incumplimiento de la ley de Estados Unidos sobre prácticas corruptas en el extranjero, y la firma inició una investigación interna sobre las transacciones realizadas en tres países.
Estos tristes hechos -pronto se conocerán otros casos de corrupción argentina investigados por la SEC- marcan una continuidad y un mismo modus operandi, dado que el primer gran escándalo del kirchnerismo consistió, precisamente, en un caso de pago de coimas y sobreprecios en la ampliación de los gasoductos. Se lo conoció como caso Skanska, por el nombre de una firma constructora sueca que admitió el pago de coimas a funcionarios argentinos. El que luego la Justicia, pese a las pruebas obrantes, cerrara las actuaciones, no invalida esos hechos ni lo confesado por Skanska y confirma, en cambio, cuán necesario o esencial es para el Gobierno contar con una Justicia sometida y encubridora. La magnitud de la corrupción kirchnerista requiere jueces y fiscales permeables a los espurios intereses del oficialismo, que trabajen en favor de la impunidad, al tiempo que explica el apuro por sancionar la reciente reforma judicial.
A medida que se suceden los años y los casos, va quedando bien en claro que la esencia del modelo kirchnerista no es, como pretenden sus autores y sus interesados defensores, ni la defensa de los derechos humanos ni la inclusión social. Es la corrupción y para ello se requiere impunidad.
